Artículo 1°.- Objeto.

Créase el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional, como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, contralor, consultor y responsable del catastro nacional y de los registros públicos relativos a los bienes, actos y derechos cuyo registro queda a su cargo, conforme con lo dispuesto en la presente ley.

Conforme con los términos de la presente ley, el Registro Unificado Nacional absorbe, reúne, modifica y amplía las funciones asignadas por normas legales precedentes, a:

a) La Dirección General de los Registros Públicos, dependiente del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia.

b) La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

c) El Departamento de Agrimensura y Geodesia, dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Su carta orgánica, estructura básica, funciones y competencias principales se establecen en la presente ley y en las disposiciones reglamentarias que eventualmente se dicten al respecto, conforme con las respectivas competencias constitucionales y legales.

Artículo 2°.- Administración y modernización de los registros y del catastro nacional.

Es responsabilidad del Registro Unificado Nacional la administración, el mantenimiento y modernización del catastro nacional y de los registros públicos a su cargo conforme con la presente ley, mediante la implementación, funcionamiento, simplificación e integración de toda la gestión, procesos, manual de funciones, sistemas informáticos, bases de datos, archivos, documentos en formato papel o digital, y todo lo relativo al ámbito de su competencia.

Quedan a salvo las competencias de órganos y entes autárquicos y autónomos que no sean expresamente modificadas por la presente ley.

Artículo 3°.- Sede del Registro Unificado Nacional.

El Registro Unificado Nacional tiene su sede en la capital de la República del Paraguay, sin perjuicio de la descentralización geográfica necesaria para el desarrollo de sus fines misionales y funciones. La Corte Suprema de Justicia está facultada a establecer, suprimir o trasladar al interior del país las dependencias requeridas para el cumplimiento de dichos fines.

Artículo 4°.- Competencias.

El Registro Unificado Nacional tiene las siguientes competencias:

a) Velar por la seguridad jurídica de los registros que administra y gestiona.

b) Publicitar y registrar los actos jurídicos de constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales, u otros derechos y estados susceptibles de publicidad registral, inscripción o anotación a su cargo, conforme con las disposiciones legales vigentes.

c) Registrar la geolocalización o ubicación geográfica, límites, dimensiones, superficie y linderos de los bienes inmuebles, con referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos sujetos a registro, así como de los bienes del dominio público y privado del Estado y las municipalidades.

d) Establecer las bases y necesidades para la especialización, simplificación, integración, regularización, validez y modernización de la gestión del catastro nacional y de los registros públicos.

e) Proponer a la Corte Suprema de Justicia los reglamentos internos de la institución, manual de cargos y funciones, el manual de procedimientos internos, los sistemas informáticos con sus funcionalidades, las bases de datos tecnológicos y las nuevas tecnologías de registros, entre otros.

f) Modernizar la función registral y catastral de identificar todos los inmuebles del territorio nacional, en sus aspectos:

Físicos: mediante su geolocalización o ubicación geográfica, perímetro y superficie.

Jurídicos: a través de la relación de derecho entre los títulos, las personas y los inmuebles.

g) Velar por la seguridad de las bases de datos y registros que componen el Registro Unificado Nacional, en todos los soportes disponibles y habilitados.

h) Proveer datos catastrales de utilidad para la planificación nacional y elaboración de políticas tributarias, económicas, ambientales y demás materias pertinentes.

i) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo la situación catastral de los inmuebles, en orden a la valuación de su base imponible, para la determinación del impuesto inmobiliario, conforme con lo previsto en la legislación tributaria vigente.

j) Informar anualmente a los municipios respecto de la identidad de los titulares del derecho de propiedad de los inmuebles comprendidos en la jurisdicción territorial de los municipios, así como las anotaciones de los boletos o contratos privados de compraventa de lotes en los loteamientos, a los fines de la percepción del impuesto inmobiliario respectivo.


k) Proponer, a través de la Corte Suprema de Justicia, las tasas y aranceles dirigidos al mejor cumplimiento de sus fines, para su aprobación por ley.

l) Celebrar convenios y contratos de cooperación técnica interinstitucional, a través de la Corte Suprema de Justicia, ya sea en el ámbito público o privado, nacional o internacional, para el cumplimiento de sus fines.

m) Entender en los recursos administrativos y jerárquicos previstos en la ley.

n) Revisar sus propios actos y resoluciones.

o) Las demás que señale expresamente la legislación.

Artículo 5°.- Principios del Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral.

El catastro y registro de inmuebles a que hace referencia la presente ley se regirá, en todas sus etapas y procedimientos, por los lineamientos y principios que se detallan seguidamente:

a) Efecto declarativo de la inscripción publicístico-registral: La inscripción registral no constituye el derecho que se asienta, sino que solamente lo publicita en orden a su oponibilidad a terceros.

b) Buena fe: La publicidad que otorga el registro opera frente a terceros sin perjuicio de los principios sustanciales sobre la buena fe en los actos jurídicos.

c) Eficiencia y eficacia en las actuaciones: Atender diligentemente a la preservación de los requisitos de validez de los actos y actuaciones, y a la gestión y uso óptimos de los recursos disponibles, materiales, humanos, técnicos y tecnológicos.

d) Celeridad: Los procedimientos deben llevarse a cabo de manera expedita, evitando dilaciones innecesarias e injustificadas, asegurando que los usuarios obtengan una respuesta oportuna a sus solicitudes o reclamaciones, concentrando, en lo posible, todas las actuaciones pertinentes de serlo, y evitando su fragmentación o dispersión.

e) Información y asistencia: Las personas tienen derecho a recibir información clara, completa y comprensible sobre los servicios públicos disponibles, así como sobre los procedimientos administrativos y los requisitos para acceder a ellos. Las autoridades y funcionarios del Registro Unificado Nacional deben brindar asistencia y orientación a las personas en general y a los empleados públicos que lo soliciten, en relación con los servicios públicos y los procedimientos administrativos respectivos, con el fin de facilitarles el acceso a dichos servicios o el cumplimiento de sus obligaciones.

f) Economía procedimental: Los procedimientos catastrales y registrales, así como la actuación del Registro Unificado Nacional, se hará de manera ordenada, y se buscará concertarlos y efectuarlos con el mínimo de actuaciones y etapas posibles, unificando, en cuanto sea viable, la actuación del órgano y evitando trámites superfluos o redundantes.

g) Catastro previo: La registración en el Registro de Inmuebles requerirá ineludiblemente la catastración anterior del inmueble, en caso de que el inmueble no se hallare previamente catastrado o de que se trate de un loteamiento, fraccionamiento, desprendimiento, segregación, concentración parcelaria, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa, deslinde u otra modificación física del inmueble.

Artículo 6°.- Acceso al Registro Unificado Nacional.

Los registros administrados y gestionados por el Registro Unificado Nacional, son públicos para quien tenga y justifique el interés legítimo en indagar el estado físico o jurídico de los bienes, derechos, documentos, actos, limitaciones o interdicciones inscriptas. Se entenderá que los titulares de la inscripción cuentan de por sí con interés legítimo en el acceso a la información proveniente del registro. La reglamentación pertinente determinará la forma en que la documentación podrá ser considerada como documentación sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro.

La información estadística que pueda surgir de los registros administrados y gestionados por el Registro Unificado Nacional, tiene el carácter de información pública; no así la información que surja de asientos o registros puntuales, para los cuales rige lo dispuesto en el párrafo anterior.

La información relacionada con las parcelas inmobiliarias en su ubicación geográfica o geolocalización, polígono, superficie y valuación fiscal, tiene el carácter de información pública. También lo tendrá la información acerca de la identidad del propietario del inmueble y de los trámites catastrales realizados por éste, toda vez que dicho propietario lo autorice expresamente y se trate de un sujeto de derecho privado.

Cuando se trate de propiedad del dominio público o privado estatal, de entes departamentales, municipales, entes autónomos, autárquicos, descentralizados, binacionales y empresas con participación estatal mayoritaria, la información acerca de la calidad de propietario y de los trámites catastrales tiene el carácter de información pública.

Artículo 7°.- Estructura orgánica.

La estructura orgánica del Registro Unificado Nacional contemplará dependencias misionales y de apoyo conducentes al logro de su objeto.

Independientemente de lo establecido en la presente ley respecto de las clases de registro que el órgano administra, su estructura básica comprenderá, al menos, cuanto sigue:

a) Gerencia Superior.

b) Secretaría General.

c) Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles.

d) Dirección General del Registro de Automotores.

e) Dirección General de Registros Especiales.

Esta enumeración no es taxativa y se hace sin perjuicio de que otras dependencias, de menor jerarquía, sean creadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de reglamentos dictados por la misma, de conformidad con las normas legales y constitucionales, para un mejor y más eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 8°.- Direcciones de apoyo dependientes de la Gerencia Superior.

La estructura básica del Registro Unificado Nacional comprenderá, al menos, las siguientes direcciones de apoyo, que dependerán directamente de la Gerencia Superior:

a) Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

b) Dirección de Administración y Finanzas.

Esta enumeración no es taxativa y se hace sin perjuicio de que otras dependencias, de igual o menor jerarquía, sean creadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de reglamentos dictados por la misma, para un mejor y más eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 9°.- Dependencias de las Direcciones Generales.

Las siguientes Direcciones Generales misionales, a cuyo frente se halla un Director General, contarán, al menos, con las siguientes dependencias:

a) Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles:

1) Dirección de Registro de Inmuebles.

2) Dirección de Catastro.

b) Dirección General del Registro de Automotores.

c) Dirección General de Registros Especiales:

1) Sección Registro de Buques.

2) Sección Registro de Marcas y Señales de Ganado.

3) Sección Registro de Prenda con Registro.

4) Sección Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones.

5) Sección Registro de Derechos Patrimoniales en las Relaciones de Familia.

6) Sección Registro Público de Comercio.

7) Sección Registro de Poderes.

8) Sección Registro de Anotaciones Personales (Interdicciones, Inhibiciones e Inhabilitaciones).

9) Sección Registro de Quiebras y Convocatorias de Acreedores.

10) Sección Registro de Testamentos.

11) Sección de Registro de Leasing para contratos de locación, sublocación y de leasing o arrendamiento financiero o mercantil que tengan por objeto bienes no registrables.

Esta enumeración no es taxativa y refleja la estructura orgánica del Registro Unificado Nacional, sin alterar, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, la organización de los demás registros establecida en el Código de Organización Judicial, o la ley que lo sustituya.


A propuesta de la Gerencia Superior, la Corte Suprema de Justicia, podrá crear las dependencias necesarias para el mejor funcionamiento y cumplimiento de los fines del Registro Unificado Nacional, de conformidad con el marco normativo vigente y dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 10.- La Gerencia Superior.

El Gerente Superior es responsable de la dirección y la gestión técnica y especializada del Registro Unificado Nacional, bajo la supervisión y control financiero, disciplinario y administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

El Gerente Superior responde directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que es su superior jerárquico.

Artículo 11.- Funciones y atribuciones del Gerente Superior.

El Gerente Superior tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Ejercer la dirección, la gestión y control del Registro Unificado Nacional, con capacidad de emitir actos administrativos particulares en el marco de sus competencias.

b) Gestionar y administrar, como responsable del Registro Unificado Nacional, la información catastral y registral de la República del Paraguay, de conformidad con la presente ley y el ordenamiento jurídico nacional.

c) Proporcionar, en el marco de su competencia, la información requerida por las máximas autoridades de los órganos y entidades del Estado, así como por autoridades fiscales o judiciales, con relación a los datos que obren en los registros a cargo del Registro Unificado Nacional; debiendo guardar reserva sobre la solicitud y los datos proporcionados, cuando el órgano o entidad solicitante así lo pida, quien debe motivar suficientemente las razones de esta petición. En tal caso, la respuesta también deberá proporcionarse de modo fundado, admitiendo o denegando el carácter reservado de la información, de conformidad con la legislación vigente.

d) Formular, hacer aprobar y ejecutar planes, programas y proyectos del ámbito de competencia del Registro Unificado Nacional.

e) Mantener relaciones con organismos internacionales del mismo ámbito de competencia catastro-registrales.

f) Proponer a la Corte Suprema de Justicia las reglamentaciones internas que considere necesarias para la buena gestión del Registro Unificado Nacional, dentro del marco legal previsto por la presente ley.

g) Velar por el cumplimiento del marco legal vigente, de los manuales y procedimientos internos institucionales, previa aprobación por acto administrativo reglamentario, asegurando el buen funcionamiento del Registro Unificado Nacional.

h) Colaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Registro Unificado Nacional, con arreglo a las disposiciones legales sobre la materia, y elevarlo a la Corte Suprema de Justicia para su ulterior presentación al Congreso.


i) Ejecutar el presupuesto del Registro Unificado Nacional, conforme con la planificación anual, ejerciendo la función de ordenador de gastos hasta la suma total de siete mil (7000) jornales mínimos diarios para actividades no especificadas de la Capital por ejercicio presupuestario; bajo el control, supervisión y superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

j) Administrar los recursos financieros y humanos del Registro Unificado Nacional, sin perjuicio de la potestad disciplinaria que corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

k) Proponer a la Corte Suprema de Justicia la reestructuración del cuadro de asignación de personal y el anteproyecto de presupuesto de la repartición, a ser presentado al Congreso por dicha máxima instancia, dentro del marco legal vigente.

l) Gestionar la estructura del Registro Unificado Nacional y proponer a la Corte Suprema de Justicia las modificaciones que fueren necesarias para la eficacia y eficiencia en la gestión, dentro del marco de la estructura básica aprobada en la ley.

m) Proponer a la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la presente ley, la redefinición o modificación del organigrama institucional, la creación o modificación de los manuales operativos y los reglamentos internos que fueren necesarios para el fiel cumplimiento de sus fines, para su respectiva aprobación por acordada.

n) Facilitar y promover el intercambio de información entre la Dirección de Catastro y la Dirección del Registro de Inmuebles, y la de éstas con los demás registros, así como la interoperabilidad entre sus sistemas de información, de conformidad con el reglamento interno que se dicte.

o) Diseñar y proponer acuerdos con instituciones públicas o privadas necesarios para el desarrollo adecuado de la administración de datos catastro-registrales.

p) Impulsar estudios referidos al sector de administración de la tierra para elaboración o ajustes a los manuales operativos y reglamentaciones vigentes, en conjunto con el departamento de formación y capacitación dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

q) Dar dictamen favorable para el nombramiento de los Directores y funcionarios del Registro Unificado Nacional de todos los niveles jerárquicos, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

r) Dar el visto bueno para el traslado y/o comisionamiento intrainstitucional a los funcionarios del Registro Unificado Nacional de todos los niveles jerárquicos, con excepción de los Directores Generales y los Directores, de acuerdo con la legislación vigente en la materia y dentro de los límites establecidos en la presente ley.

s) Evacuar dictamen o parecer, en el marco del sumario administrativo respectivo, respecto de la remoción de los funcionarios del Registro Unificado Nacional de todos los niveles jerárquicos, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

t) Resolver los recursos administrativos que se interpongan ante el Registro Unificado Nacional, de conformidad con la ley.

u) Asesorar a la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de competencia de los organismos y entidades del Estado que requieran información sobre la administración, situación y uso del recurso tierra.

v) Servir de órgano de articulación interinstitucional en el ámbito de su función catastro-registral y misional, en particular con el Poder Ejecutivo, los municipios, y los demás órganos externos que atañen a su función misional, debiendo cumplimentar con oportuna diligencia los requerimientos de información que se le soliciten.

w) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, decreto reglamentario, resoluciones, reglamentos institucionales y demás disposiciones conexas.

Artículo 12.- Del nombramiento del Gerente Superior.

El Gerente Superior es nombrado por la Corte Suprema de Justicia, a partir de una terna conformada previo concurso de méritos y aptitudes, en decisión fundada y acordada con mayoría absoluta de su pleno. Durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser confirmado o designado, según el caso, por dos períodos más, alternos o consecutivos.

La Corte Suprema de Justicia reglamentará por Acordada las formas de la convocatoria, modalidades de desarrollo del concurso y parámetros de evaluación de méritos y aptitudes, con sujeción al siguiente peso evaluativo:

a) Examen de conocimientos teóricos: 40% (cuarenta por ciento), del peso de la evaluación.

b) Examen de conocimientos prácticos: 40% (cuarenta por ciento), del peso de la evaluación.

c) Antigüedad adicional a la mínima requerida para el cargo: 10% (diez por ciento), del peso de la evaluación.

d) Estudios, obras intelectuales o reconocimientos académicos adicionales a los mínimos requeridos para el cargo: 10% (diez por ciento), del peso de la evaluación.

En caso de que no resulte posible llenar las tres postulaciones que deben integrar la terna, el concurso se declarará desierto.

Artículo 13.- De los requisitos para ser Gerente Superior.

Para ser Gerente Superior se requerirá poseer:

a) Nacionalidad paraguaya natural.

b) Edad mínima de treinta y cinco años.

c) Título universitario de notario, abogado, u otro título universitario que habilite para el ejercicio de la agrimensura. En este último caso, su titular deberá estar registrado en el Registro de agrimensores previsto en la presente ley.

d) Experiencia profesional en materia catastral, registral o de agrimensura de al menos diez años.

e) Reconocida honorabilidad.

Se preferirá, en igualdad de condiciones, a personas que posean doctorados o maestrías en materia registral, catastral o de agrimensura, según el caso, y que tengan o hayan tenido carrera en la función pública por al menos diez años.

Artículo 14.- De las Inhabilidades e incompatibilidades.

No podrá ser designado ni ejercer el cargo de Gerente Superior quien:

a) Tenga los derechos de ciudadanía suspendidos.

b) Se encuentre inhibido de bienes, concursado o fallido.

c) Haya sido declarado incapaz o inhábil por sentencia judicial.

d) Haya sido condenado por hechos punibles previstos en las leyes nacionales, mientras dure la condena; o se haya acogido a los modos alternativos de terminación del proceso penal, o de suspensión a prueba de la condena, por el plazo que dure el tiempo de suspensión del proceso o de la condena.

e) Haya sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mientras dure la inhabilitación.

f) Los militares o policías en servicio activo.

Artículo 15.- Causales de cese de funciones del Gerente Superior.

El Gerente Superior cesará en el cargo en las siguientes circunstancias:

a) Expiración del plazo del mandato previsto en la presente ley.

b) Remoción basada en mal desempeño de sus funciones. El sumario administrativo para comprobar las causales de remoción será tramitado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, conforme con lo establecido en la Ley N° 609/1995 “QUE ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” y sus reglamentaciones.

c) Renuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

d) Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de sus funciones.

e) Incompatibilidad sobreviniente.

f) Condena firme por la comisión de un hecho punible que traiga aparejada la imposición de una pena privativa de libertad o la inhabilitación para ocupar cargos públicos pronunciada jurisdiccional o administrativamente, por autoridad competente.

g) Por incurrir o configurarse, con posterioridad a su designación, en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad indicadas en el artículo anterior, que no hayan sido expresamente enumeradas en este artículo. En el caso de acogimiento a los modos alternativos de terminación del proceso penal, se operará la suspensión de funciones, por el plazo que dure el tiempo de suspensión del proceso o de la condena, o la cesación de funciones, dependiendo del tiempo total de la sanción impuesta en relación con el posible remanente de un plazo de designación.

Artículo 16.- De la terminación de mandato, ausencia, permiso, remoción o suspensión del Gerente Superior.

En caso de terminación de mandato, ausencia, permiso, remoción o suspensión del Gerente Superior, la Corte Suprema de Justicia designará por resolución a un encargado de despacho, de entre los Directores Generales que se hallen en funciones. El encargado de despacho tendrá todas las facultades, atribuciones y obligaciones del Gerente Superior al que temporalmente sustituye.

El encargado de despacho no podrá durar en sus funciones un período superior a veinte días hábiles, salvo los casos de goce de vacaciones, remoción, suspensión o vacancia en el cargo de Gerente Superior. En el caso de remoción, el concurso para la designación de reemplazante deberá iniciar dentro de los sesenta días corridos contados a partir de que la decisión de remoción se haya dictado y la vía administrativa se haya agotado. El recurso ante el Tribunal de Cuentas, en caso de remoción, no impedirá la convocatoria a concurso de méritos y aptitudes ni tendrá efecto suspensivo alguno.

En el caso de terminación de mandato, el concurso para la designación de reemplazante deberá iniciar entre los sesenta y cuarenta y cinco días corridos inmediatamente anteriores a la fecha de fenecimiento del mandato del Gerente Superior.

Artículo 17.- De la remoción o suspensión del Gerente Superior.

El cargo de Gerente Superior no será considerado de confianza ni sujeto a libre disposición en ningún caso. Sólo podrá ser removido o suspendido por resolución motivada de la Corte Suprema de Justicia fundada en el mal desempeño de sus funciones.

Artículo 18.- De la dedicación.

Mientras dure en sus funciones, el Gerente Superior debe dedicarse exclusivamente a ellas. No podrá ejercer otros cargos públicos o privados, remunerados o no, el comercio, industria o actividad profesional alguna, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial, fuera de horario de oficina.

Artículo 19.- De los requisitos para ser Director General de Catastro y Registro de Inmuebles.

Para ser Director General de Catastro y Registro de Inmuebles se requerirá poseer:

a) Nacionalidad paraguaya natural.

b) Edad mínima de treinta años.

c) Título universitario de notario, abogado, u otro título universitario que habilite para el ejercicio de la agrimensura. En este último caso, su titular deberá estar registrado en el Registro de agrimensores previsto en la presente ley.

d) Experiencia profesional en materia catastral, registral, informática o de agrimensura, según el caso, de al menos siete años.

e) Reconocida honorabilidad.

Se preferirá, en igualdad de condiciones, a personas que posean doctorados o maestrías en materia registral, catastral, informática o de mensura geográfica.

Artículo 20.- De los requisitos para ser Director del Registro de Inmuebles.

Para ser Director, salvo el caso previsto en el artículo siguiente, se requerirá poseer:

a) Nacionalidad paraguaya natural.

b) Edad mínima de treinta años.

c) Título universitario de notario o abogado.

d) Experiencia profesional en materia registral, de al menos cinco años.

e) Reconocida honorabilidad.

Se preferirá, en igualdad de condiciones, a personas que posean maestrías o especializaciones en materia registral, y que tengan o hayan tenido carrera en la función pública por cinco años como mínimo.

Artículo 21.- De los requisitos para ser Director de Catastro.

Para ser Director de Catastro se requerirá poseer:

a) Nacionalidad paraguaya natural.

b) Edad mínima de treinta años.

c) Título universitario que habilite para el ejercicio de la agrimensura. Su titular deberá estar registrado en el Registro de agrimensores previsto en la presente ley.

d) Experiencia profesional en materia catastral, informática o de mensura geográfica, según el caso, de al menos cinco años.

e) Reconocida honorabilidad.

Los funcionarios públicos que al tiempo de la promulgación de la presente ley pertenezcan a la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, que cuenten con título universitario y ocupen cargos de jefatura de departamento o superior, tendrán por acreditado el requisito establecido en el inciso c), del presente artículo.

Se preferirá, en igualdad de condiciones, a personas que posean maestrías o especializaciones en materia catastral o de mensura geográfica y que tengan o hayan tenido carrera en la función pública por cinco años como mínimo.

Artículo 22.- Del nombramiento de los Directores Generales y los Directores.

Los directores generales y directores de las direcciones misionales del Registro Unificado Nacional que no estén específicamente reguladas en la presente ley tendrán que cumplir con los requisitos exigidos para la Dirección del Registro de Inmuebles, y su designación también se hará por concurso público.

Los directores generales y directores de las direcciones misionales del Registro Unificado Nacional serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de concurso público de méritos y aptitudes, a ser reglamentado por Acordada en cuanto a las formas de la convocatoria, modalidades de desarrollo del concurso, y parámetros de evaluación de méritos y aptitudes con sujeción al siguiente peso evaluativo:

a) Examen de conocimientos teóricos: 40% (cuarenta por ciento), del peso de la evaluación.

b) Examen de conocimientos prácticos: 40% (cuarenta por ciento), del peso de la evaluación.

c) Antigüedad adicional a la mínima requerida para el cargo: 10% (diez por ciento), del peso de la evaluación.

d) Estudios o reconocimientos académicos adicionales a los mínimos requeridos para el cargo: 10% (diez por ciento), del peso de la evaluación.

Los directores generales durarán cinco años en el cargo, pudiendo ser reelectos.

La reglamentación deberá prever la elevación de una selección de tres candidatos elegibles a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la Corte Suprema de Justicia nombre al Director General o Director para el cual se convocó el concurso.

En caso de que no resulte posible llenar las tres postulaciones que deben integrar la terna, por no haber suficientes personas que se hayan presentado o que hayan aprobado el concurso, esta deberá conformarse con aquella o aquellas que hayan aprobado el concurso, aunque fueran menos de tres. Si nadie hubiera aprobado el concurso, éste se declarará desierto y deberá volver a realizarse.

Para ser director de las direcciones de apoyo dependientes de la Gerencia Superior, se deberá contar con título universitario afín al área respectiva. Dichas direcciones serán consideradas cargos de confianza.

Artículo 23.- De las inhabilidades e incompatibilidades.

No podrán ser designados, ni en su caso, ejercer los cargos de Director General o Director, quienes se encuentren afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para la designación y ejercicio del cargo de Gerente Superior.

Artículo 24.- De la dedicación y prohibiciones.

Mientras duren en sus funciones, los Directores Generales y Directores deben dedicarse exclusivamente a ellas. No podrán ejercer otros cargos públicos o privados, remunerados o no, y tampoco podrán ejercer el comercio, industria o actividad profesional alguna. Se excluye de las incompatibilidades a la docencia o la investigación científica a tiempo parcial y fuera de horario de oficina.

Artículo 25.- De las causales de remoción.

Las causales de remoción de los Directores Generales y Directores serán las mismas que las del Gerente Superior, establecidas en la presente ley. Los Directores Generales y Directores estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, conforme con la Ley Nº 609/1995 “QUE ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, o la que la sustituya.

Artículo 26.- Del carácter del cargo y de la remoción de los Directores Generales y Directores.

Los cargos de Directores Generales y Directores no serán considerados de confianza ni sujetos a libre disposición, salvo lo dispuesto por el último párrafo del artículo 22 de la presente ley. Los Directores Generales y Directores sólo podrán ser removidos o suspendidos por resolución motivada de la Corte Suprema de Justicia y fundada en el mal desempeño de sus funciones.

Artículo 27.- Designación de encargados de despacho y de la convocatoria a concurso.

En caso de cesación en el cargo por cualquiera de las causales establecidas en la presente ley, ausencia, permiso, remoción o suspensión de los Directores Generales o Directores, los encargados de despacho deberán ser designados por resolución de la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de la Gerencia Superior. Los encargados de despacho tendrán todas las facultades, atribuciones y obligaciones del Director General o Director temporalmente sustituido.

Los encargados de despacho no podrán durar en sus funciones por un período superior a veinte días hábiles, salvo los casos de goce de vacaciones, remoción, suspensión o vacancia en el cargo de los Directores Generales o Directores. En el caso de remoción, el concurso para la designación de reemplazante deberá iniciar dentro de los sesenta días corridos contados a partir de que la decisión de remoción se haya dictado y la vía administrativa se haya agotado. El recurso ante el Tribunal de Cuentas, en caso de remoción, no impedirá la convocatoria a concurso de méritos y aptitudes, ni tendrá efecto suspensivo alguno.

En el caso de cesación en el cargo, el concurso para la designación de reemplazante deberá iniciar entre los sesenta y cuarenta y cinco días corridos inmediatamente anteriores a la fecha de fenecimiento del mandato del Gerente Superior.

Artículo 28.- Formación y capacitación del personal del Registro Unificado Nacional.

El personal que se incorpore a prestar servicios en el Registro Unificado Nacional deberá contar con formación específica atendiendo a las funciones que le correspondan. La reglamentación interna a ser dictada por la Corte Suprema de Justicia establecerá los grados de especialización que se requerirán para los distintos roles en materia de derecho, práctica registral y catastral.

La Gerencia Superior promoverá la formación permanente de su personal con el objetivo de instruirlo en los principios y prácticas catastrales y registrales, las funciones y finalidades del Registro Unificado Nacional, y la normativa vigente que rige los procesos registrales y catastrales a su cargo.

Artículo 29.- Limitaciones de traslado del personal del Registro Unificado Nacional.

No se admitirá el traslado temporal o permanente del personal, que supere un 20% (veinte por ciento), del total del plantel del Registro Unificado Nacional, ya sean funcionarios nombrados o contratados, a dependencias, órganos o entidades fuera del mismo, cualquiera sea su nivel jerárquico, denominación o categoría presupuestaria. El Gerente Superior, los Directores Generales y los Directores no podrán ser trasladados en ningún caso.

Artículo 30.- Evaluaciones de desempeño del personal del Registro Unificado Nacional.

Los funcionarios del Registro Unificado Nacional, ya sean nombrados o contratados, serán sometidos a evaluaciones anuales de desempeño, en orden a su promoción o reconocimiento, y se establece la obligatoriedad de capacitaciones periódicas anuales.




Los parámetros de evaluación serán objetivos, ajustados a la responsabilidad del cargo y al tipo de trabajo que se desempeña. Tanto los parámetros de evaluación como el régimen de capacitaciones obligatorias anuales serán fijados por la Corte Suprema de Justicia, a través de Acordada, previa propuesta de la Gerencia Superior.

Artículo 31.- Remuneración del personal del Registro Unificado Nacional.

El personal del Registro Unificado Nacional percibirá la asignación prevista en el Presupuesto General de la Nación, dentro de la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Artículo 32.- De la competencia exclusiva en cuanto al catastro y registro de inmuebles.

La formación y el mantenimiento del catastro y registro de inmuebles, así como la difusión de la información catastral y registral inmobiliaria, es competencia exclusiva del Registro Unificado Nacional, a través de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles.

Artículo 33.- De la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles.

La Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles es la dependencia del Registro Unificado Nacional que tiene a su cargo supervisar, coordinar y garantizar la correcta gestión y administración de los procedimientos relacionados con el catastro y registro de los bienes inmuebles en el territorio nacional, a los efectos de asegurar su integridad y precisión, así como la actualización permanente de los datos catastrales y registrales, además de publicitar información certificada y confiable sobre el estado parcelario y jurídico de los inmuebles, cumpliendo con las normativas legales vigentes.

Sin perjuicio de las demás dependencias que la Corte Suprema de Justicia incorpore mediante reglamentación, constituyen dependencias misionales dentro de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, al menos, las siguientes:

a) Dirección de Catastro.

b) Dirección de Registro de Inmuebles.

Artículo 34.- De la organización del catastro y registro de inmuebles.

El catastro y registro de inmuebles gestionado por la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles se dividirá en dos sub áreas:

a) Catastro.

b) Registro de Inmuebles

Artículo 39.- Elementos constitutivos del catastro y registro de inmuebles.

Los elementos constitutivos del catastro y registro de inmuebles son los componentes básicos y esenciales que forman parte de estos sistemas y que son necesarios para su funcionamiento adecuado y eficaz.

Entre estos elementos se incluyen, sin limitarse a ellos: el Código Único de Identificación Catastral Registral, el sistema cartográfico, el banco de datos, la información técnica sobre límites, dimensiones de inmuebles y geolocalización o ubicación geográfica del inmueble, el folio real, el tracto registral, la prioridad registral, la documentación jurídica de titularidad de derechos reales sobre inmuebles, los antecedentes registrales y la situación jurídica de ellos derivada, así como los registros de valores, restricciones y cargas que afectan a los inmuebles, y la legitimación.

Artículo 40.- Del Código Único de Identificación Catastral Registral.

El Registro Unificado Nacional, a través de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, implementará un sistema de codificación para identificar de manera única cada inmueble a través de un Código Único de Identificación Catastral Registral.

El Código Único de Identificación Catastral Registral será único e invariable a los efectos de la individualización de los inmuebles, inclusive para aquellos incorporados al régimen de propiedad por pisos y departamentos. Este código único, que será alfanumérico, deberá incluir y representar de manera compacta la información geoespacial del inmueble y de la parcela física catastral a la que éste refiere, relativa a la ubicación por municipio, distrito, barrio, manzana y lote proporcionada por la Dirección de Catastro.

Dicho código, que servirá como mecanismo único de identificación física y jurídica del inmueble, será obligatoriamente consignado y observado por las autoridades administrativas y judiciales en las gestiones y trámites que ante ellas se realicen con relación a dicho inmueble.

Artículo 41.- Asignación de subcuenta del Código Único de Identificación Catastral Registral. Régimen de propiedad por pisos y departamentos.

En los casos de propiedad por pisos y departamentos se deberán identificar las unidades en los planos de edificación, lo que deberá reflejarse adecuadamente en el Código Único de Identificación Catastral Registral. Los planos deberán ser presentados de acuerdo con las normas que para el efecto se establezcan por la autoridad competente, según la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo relativo a la planilla de distribución de áreas y elementos correspondientes de las unidades a ser incorporadas al régimen de propiedad por pisos y departamentos.

Artículo 42.- De la obligación de las instituciones públicas de catastrar y registrar inmuebles.

El Estado, las instituciones públicas con personalidad jurídica, incluidas las empresas públicas y las entidades binacionales, los municipios y gobernaciones departamentales, con base en las funciones que la ley les asigna, deberán obligatoriamente catastrar, titular e inscribir los bienes del dominio privado a su nombre en el Registro Unificado Nacional, conforme con la presente ley, las demás leyes vigentes en la materia, y las reglamentaciones respectivas.


Asimismo, el Estado, las instituciones públicas con personalidad jurídica, incluidas las empresas públicas y las entidades binacionales, los municipios y las gobernaciones departamentales, que administren inmuebles del dominio público del Estado, con base en las funciones que la ley les asigna, deberán obligatoriamente catastrar e inscribir dichos inmuebles en el Registro Unificado Nacional, conforme con la presente ley, las demás leyes vigentes en la materia, y las reglamentaciones respectivas.

La obligatoriedad de estas instituciones, entidades, municipios y gobernaciones, incluye la provisión y actualización continua de todos los datos geoespaciales, con todo el inventario de lo edificado, construido o plantado en los inmuebles de dominio público o privado. Estos datos deberán ser proveídos al Registro Unificado Nacional en los formatos y plazos establecidos en la reglamentación correspondiente a ser dictada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 72.- De la finalidad del procedimiento catastro registral.

El procedimiento catastro registral de inmuebles tiene por finalidad, por un lado, el registro de datos que proporcionan la descripción física, económica y jurídica integral de los inmuebles comprendidos en el territorio nacional, y por el otro, la publicidad de los diversos actos o derechos inscriptos para que sean oponibles y produzcan efectos respecto a terceros, o en los casos en que la ley así lo disponga, el perfeccionamiento del derecho de que se trate.






El procedimiento se encuentra constituido por el conjunto de trámites que se desarrollan ante y por parte del Registro Unificado Nacional, desde la presentación de una solicitud de inscripción, anotación o de publicidad registral acompañada del respectivo documento, hasta su inscripción, anotación, denegación de inscripción o anotación, o hasta el diligenciamiento de la solicitud de publicidad registral pertinente.

Artículo 73.- Resultados del procedimiento catastral registral unificado.

El procedimiento catastral registral, que inicia necesariamente en la Mesa de Entrada del Catastro y Registro de Inmuebles, concluye por medio de una de las siguientes formas:

a) La registración (inscripción o anotación) del documento con vocación registral, o la emisión de los certificados o informes requeridos.

b) La denegatoria de la solicitud de inscripción o anotación (nota negativa), sin perjuicio de la inscripción provisional automática dispuesta en la ley para los títulos; o la denegatoria de la emisión de los certificados o informes requeridos.

c) El desistimiento de la solicitud por parte de los interesados.

El procedimiento catastral registral también concluye, con denegatoria de inscripción o anotación, en caso de que las observaciones formuladas por la Dirección de Registro de Inmuebles no sean subsanadas en el plazo establecido por la presente ley para la conservación de la prioridad registral.

Artículo 74.- Etapas del procedimiento unificado catastral registral.

El procedimiento unificado catastral registral está integrado por las siguientes etapas:

a) Solicitud de certificado, inscripción, anotación o publicidad registral.

b) Formación del Libro Diario.

c) Verificación catastral por la Dirección de Catastro.

d) Calificación por la Dirección de Registro de Inmuebles.

e) Finalización positiva del procedimiento, con práctica de la inscripción, anotación, publicidad, o expedición del certificado o informe solicitados; o bien finalización negativa del procedimiento, con decisión denegatoria (nota negativa) o desistimiento de la solicitud.

f) Notificación de la decisión.

La Corte Suprema de Justicia, reglamentará los plazos pertinentes para el retiro, archivo o disposición definitiva de los documentos no retirados por los interesados, una vez que el procedimiento haya concluido.

Artículo 75.- Incumplimiento de los requisitos formales de inicio del trámite.

La Mesa de Entrada procederá al rechazo de la solicitud presentada, mediante constancia escrita, si constatare el incumplimiento de los recaudos necesarios para el inicio del trámite, enumerados a continuación:

a) La falta de suscripción de la solicitud respectiva por parte del solicitante, o del notario o escribano, en su caso.


b) La falta de legitimación para incoar el pedido, de conformidad con la ley vigente.

c) La falta de patrocinio de letrado, salvo que se trate de solicitud hecha por notario o escribano público con registro.

d) La falta de fiscalización y pago de las tasas judiciales y especiales, sin perjuicio de la facultad de revisar, en sede de calificación registral, la adecuación de las tasas liquidadas en relación con el acto sometido a inscripción o anotación.

El rechazo in limine no impedirá que la persona interesada vuelva a presentar una nueva solicitud, pero el pedido rechazado in limine no operará la reserva de prioridad registral, sin perjuicio de los efectos del certificado expedido, si lo hubiera.

Artículo 76.- Instancias del procedimiento catastral registral inmobiliario.

Son instancias orgánicas del procedimiento catastral registral inmobiliario:

a) Verificadores catastrales y registradores de las Direcciones de Catastro y Registro de Inmuebles, respectivamente.

b) Jefaturas de Sección del Registro de Inmuebles, a los efectos de observación y subsanación previstos en la presente ley.

c) Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles.

d) Gerencia Superior.

e) El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital.

La Corte Suprema de Justicia, con miras a la provisión de un servicio eficiente, reglamentará el procedimiento interno bajo el que funcionarán las reparticiones administrativas que conforman las instancias orgánicas precedentemente establecidas.

Artículo 77.- Plazos para la prestación de servicios catastro registrales.

Presentadas las solicitudes en Mesa de Entrada, el Registro Unificado Nacional podrá conceder o denegar los pedidos dentro de los siguientes plazos:

a) Para la solicitud de certificados e informes, así como copias de asientos ordenadas judicialmente, un plazo no mayor de quince días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.

b) Para solicitud de inscripción o anotación de títulos (notarial, judicial o administrativo), un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.

c) Para solicitud de anotación de medidas cautelares, un plazo no mayor de diez días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.

d) Toda solicitud o pedido no comprendido en los incisos anteriores, deberá ser evacuado en un plazo no mayor a quince días hábiles.

La Corte Suprema de Justicia, podrá establecer plazos menores, por Acordada, de conformidad con la evolución de las capacidades funcionales del sistema.

Artículo 78.- Del urgimiento y la responsabilidad de los funcionarios.

Vencidos los plazos para expedirse sobre las solicitudes presentadas, el interesado podrá urgir al superior jerárquico respectivo, quien ordenará la expedición solicitada, salvo que la demora estuviera justificada. En este último caso, deberá informar al recurrente las razones de la misma.

La falta de cumplimiento del orden de prelación de los documentos que ingresen al Registro Unificado Nacional o de los plazos para que la institución se expida, así como de la insuficiencia o inexactitud de la información proporcionada en los documentos hará pasible de destitución a los funcionarios responsables, quienes responderán por los daños y perjuicios, y dará derecho a los interesados a reclamar la reparación ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Asunción, por la vía del proceso sumario.

Artículo 79.- Del sistema de notificaciones.

Salvo que se establezca de otro modo en la presente ley, las notificaciones se considerarán operadas a partir del día hábil siguiente a la puesta a disposición en Mesa de Salida, del documento, informe o certificado de que se trate. Las notificaciones de decisiones de nota negativa también se considerarán operadas a partir del día siguiente al de la puesta a disposición de la resolución respectiva en Mesa de Salida.

Tratándose de titulares de los inmuebles afectados por la superposición o titulares de derechos inscriptos sobre inmuebles respecto de los cuales se haya practicado la rectificación de superficie en menos, quienes no hayan impetrado la solicitud de inscripción, la notificación acerca de la existencia de la superposición se hará cedularmente, en soporte papel o por medios electrónicos, siempre que se cuente con una dirección física o electrónica; a tales efectos se librará oficio al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, al Tribunal de Justicia Electoral y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios; si ninguna de estas reparticiones públicas pueda proveer el dato, la notificación se cursará en el domicilio que figure en la escritura o documento público que se intentare inscribir. El mismo procedimiento se utilizará, en general y en lo pertinente, para las notificaciones que prevea la presente ley respecto de terceros ajenos a la solicitud de inscripción o publicidad de la que se trate; notificaciones que se harán oficiosamente por parte del Registro Unificado Nacional, con las formalidades previstas en el Código Procesal Civil para la notificación por cédula.

El presente artículo será aplicable a los demás registros que administre el Registro Unificado Nacional.

La Corte Suprema de Justicia establecerá, por Acordada, las modalidades de notificación electrónica que se estimen pertinentes, en los términos de la Ley Nº 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”, u otra que la sustituya.

Artículo 118.- Sistema de certificación unificada en materia inmobiliaria.

La certificación que administra el Registro Unificado Nacional respecto de los bienes inmuebles será tanto registral publicística como catastral, y la misma se expedirá en un mismo y único documento. Por tanto, el folio real de cada inmueble incorporará necesariamente el Código Único de Identificación Catastral Registral. Los asientos del Registro contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, previa calificación documental del registrador.

Artículo 119.- Valor de la publicidad registral.

La libre disposición o gravámenes de los bienes inmuebles o de los derechos reales, sólo podrá acreditarse respecto de terceros, con los certificados e informes previstos en la presente ley.

Artículo 120.- Certificación registro-catastral.

La certificación registro-catastral deberá versar tanto sobre los aspectos catastrales como los publicísticos-registrales del inmueble inscripto en el Registro Unificado Nacional, conforme con los elementos y datos establecidos en la presente ley, y no es constitutiva de dominio.

En toda forma de publicidad registral habrá de expresarse, además de la referencia catastral que corresponda a la parcela inmobiliaria, si ella está o no coordinada gráficamente con el catastro a una fecha determinada.

Artículo 121.- De los informes.

El informe es la publicidad formal extendida por el Registro Unificado Nacional acerca del contenido del asiento registral relativo a un bien, las condiciones físicas y jurídicas del mismo, el titular del dominio u otros derechos reales, sus modificaciones, restricciones, los gravámenes que pesan sobre él, o la vigencia de los derechos y actos jurídicos inscriptos respecto del mismo.




Los informes se expedirán por mandamiento judicial, por requerimiento arbitral en el marco de un proceso concreto, por requerimiento del Ministerio Público y otras autoridades públicas, con motivación del interés, a petición de profesionales abogados y notarios de registro, para los trámites que ante o por ellos se realicen, y por las personas físicas o jurídicas con interés legítimo, bajo patrocinio de abogado.

Cuando las personas físicas o jurídicas realicen pedidos de informes relativos a asientos que se encuentren a su nombre, se entenderá acreditado su interés por esa sola circunstancia. En los demás casos, tanto las autoridades públicas, las personas físicas o jurídicas, como los abogados y notarios de registro, deberán motivar el interés en el requerimiento de informe, lo que deberá ser evaluado por la Dirección pertinente a los efectos de otorgar o denegar la información requerida.

Los pedidos de informe y su expedición no producen reserva de prioridad ni cierre registral.

Artículo 122.- De los certificados.

El certificado es el instrumento público extendido por el Registro Unificado Nacional, acerca del contenido de sus asientos. Sólo puede ser solicitado por el notario público para la formalización de escrituras públicas que contengan actos jurídicos de constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles registrables; y se expide de manera individual por cada inmueble, previo procedimiento de verificación catastral efectuado conforme con la presente ley, a cuyo efecto deberán corroborarse los antecedentes catastrales y registrales del inmueble respecto del cual se lo solicita.

El certificado de condiciones de dominio referido a inmuebles deberá estar suscripto por el verificador catastral y el registrador, y por el Jefe de Sección en su caso.

El asiento de presentación de solicitud de certificados de condiciones de dominio sobre bienes inmuebles registrables produce reserva de prioridad sobre el asiento afectado. La expedición del certificado en sentido positivo mantiene la reserva de prioridad desde la fecha de expedición del certificado, que deberá constar en el mismo, y se extiende durante su plazo legal de vigencia, de treinta días corridos para la formalización del acto jurídico para el cual se solicitó.

Si al solicitarse inscripción o anotación sobre el inmueble existieren certificados de condiciones de dominio vigentes, las mismas se practicarán con condición resolutoria de extinción, en caso de producirse la inscripción definitiva del acto jurídico para el cual se solicitó el certificado de condiciones de dominio, extinción que se producirá de oficio. En caso de no producirse la inscripción definitiva del acto jurídico para el cual se solicitó el certificado de condiciones de dominio, la condición resolutoria se tendrá por no cumplida.

En caso de que durante la vigencia del certificado de condiciones de dominio ingrese un pedido de publicidad relativo a cancelación de gravámenes, levantamientos de restricciones de dominio o levantamientos de medidas cautelares, no opera la reserva de prioridad, debiéndose proceder a la cancelación o levantamiento, si estuvieren reunidos los requisitos previstos en la presente ley.

Expedido el certificado de condiciones de dominio referido a inmuebles en sentido positivo, no podrá expedirse otro sobre el mismo inmueble durante todo el plazo de su vigencia.

Artículo 123.- Contenido mínimo del certificado catastro-registral inmobiliario.

El certificado expedido a la culminación del proceso registral unificado deberá contener, como mínimo, las dimensiones, límites, rumbos y superficie del inmueble al que se refiere; el Código Único de Identificación Catastral Registral; la declaración explícita de si hay o no superposición con otros títulos registrados, detallándolos claramente; y el estado actual del dominio, con información precisa de sus condiciones actuales, incluidas las derivadas de mandatos judiciales o administrativos, con indicación de su fuente; las restricciones de dominio, y la existencia de otros derechos reales, compatibles con el dominio sobre el inmueble, y sus titulares.

Deberá indicar, además, si el inmueble del que se trata ha quedado coordinado gráficamente con el Catastro, en los términos indicados en la presente ley.

Artículo 124.- Efectos de los certificados.

Se tomará nota de la certificación sobre el asiento inmobiliario respecto del cual se la ha solicitado, identificado con el Código Único de Identificación Catastral Registral, o finca o matrícula, en su caso. Si durante la vigencia del certificado se solicitare la expedición de informes para trámites administrativos u ordenados judicialmente, deberá informarse al solicitante la existencia de un certificado que afecta con prioridad registral el asiento inmobiliario, haciendo constar los datos completos del certificado.

La reserva de prioridad registral aludida solamente podrá ser invocada para la formalización de escrituras públicas constitutivas o modificatorias de derechos reales.

Para la expedición del certificado se debe constatar la no existencia de documentos ingresados con anterioridad, pendientes de despacho, sobre el asiento inmobiliario afectado.

Artículo 125.- Expedición de certificados en las operaciones de loteamiento.

No podrán expedirse certificados respecto de los inmuebles afectados a las operaciones de loteamiento, hasta tanto no se haya producido la inscripción a favor de la Municipalidad de las parcelas destinadas a calles, plazas y edificios públicos.

Artículo 126.- Inscripción de títulos sin certificado.

Si estuvieren cumplidos todos los demás recaudos previstos en la presente ley, y señaladamente, se verifique la presencia de tracto en la inscripción, podrán inscribirse los actos jurídicos celebrados ante notario aún en el caso de que no se hubiere expedido previamente el certificado de condiciones de dominio al que alude la presente ley.

En tal caso, deberá abonarse una tasa dos veces mayor que la prevista por la presente ley para la inscripción de la que se trate.

No se admitirá la inscripción de títulos sin certificado bajo el mecanismo de tracto abreviado.

Artículo 127.- Recursos ante decisiones negativas de publicidad, inscripción o anotación.

La decisión negativa de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles respecto de una solicitud de inscripción o anotación, será recurrible en revisión por ante la Gerencia Superior, y la resolución que entonces recaiga, que deberá dictarse en el plazo de quince días hábiles, importará el último grado y el agotamiento de la instancia administrativa; el recurso deberá interponerse ante el órgano que habrá de entender en él, dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada la decisión de nota negativa, y deberá ser fundamentado en el mismo acto de interposición. La Corte Suprema de Justicia reglamentará por Acordada los procedimientos internos previos al pronunciamiento de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, y de la Gerencia Superior.

Si la inscripción es ordenada por órgano jurisdiccional con competencia material, territorial nacional y de grado, en cumplimiento de sentencia o resolución judicial definitivas, pasada en autoridad de cosa juzgada, el Registro Unificado Nacional, actuando a través de sus órganos y agentes pertinentes, no podrá denegar la inscripción o anotación, salvo que exista imposibilidad material absoluta por destrucción, pérdida o sustracción del asiento registral, en cuyo caso deberá procederse primero a su reconstitución, la cual deberá ser efectuada a instancia de parte interesada.

Artículo 128.- Recurso y trámite ante el órgano jurisdiccional por falta de pronunciamiento de la Gerencia Superior del Registro Unificado Nacional.

En caso de que hubiere transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior sin que exista pronunciamiento por parte de la Gerencia Superior del Registro Unificado Nacional, la parte interesada podrá acudir directamente al Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, y comunicar dicha falta de pronunciamiento, mientras no se haya dictado resolución.

El Tribunal de Apelación, sin sustanciación y dentro del tercer día, requerirá informe de la Gerencia Superior del Registro Unificado Nacional; y al mismo tiempo emplazará a la Gerencia Superior del Registro Unificado Nacional a que dicte resolución en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del pedido de informe, para el caso de que dicha dependencia no haya dictado aún resolución.

De no dictarse resolución en el mencionado plazo de diez días hábiles, a requerimiento del interesado, y previo pedido de informe a la Gerencia Superior del Registro Unificado Nacional, el Tribunal de Apelación comunicará tal circunstancia, que configura causal de destitución, al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia; y ordenará la remisión ante sí de todos los antecedentes administrativos, avocándose a la decisión de la cuestión. La decisión denegatoria del Tribunal de Apelación será recurrible por ante la Sala Civil y Comercial de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia.

Artículo 129.- Recurso por nota negativa ante el órgano jurisdiccional y remisión de antecedentes administrativos.

Contra la resolución confirmatoria de la nota negativa dictada por la Gerencia Superior, el interesado podrá interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital. El recurso deberá ser interpuesto en el plazo de cinco días hábiles de notificada la decisión confirmatoria de la nota negativa.





Interpuesto el recurso ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital respectivo, según cargo de recepción de la dependencia encargada de asignación de turno, el secretario del Tribunal librará oficio a la Gerencia Superior dentro del quinto día de la recepción del expediente, comunicándole la interposición del recurso, con indicación de la resolución recurrida e individualización del bien, acto o derecho que se pretendió registrar, e intimará a que se remitan al Tribunal los antecedentes administrativos en el plazo de tres días hábiles.

Artículo 130.- Requisitos del escrito ante el órgano jurisdiccional.

El escrito de interposición y fundamentación del recurso ante el órgano jurisdiccional deberá indicar la resolución recurrida y la exacta individualización del bien, acto o derecho que se pretendió registrar, según la nomenclatura registral pertinente.

Asimismo, el recurrente deberá realizar un análisis razonado de la decisión denegatoria de la Gerencia Superior y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. Se cumplirán, además, todas las demás formalidades de la postulación en juicio previstas por las leyes procesales vigentes.

Artículo 131.- Trámite del recurso por denegatoria ante el órgano jurisdiccional.

Recibidos ante el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital respectivo los antecedentes administrativos, conforme con lo dispuesto por la presente ley y según cargo de recepción de la dependencia encargada de asignación de turno, el Tribunal examinará si fue interpuesto en tiempo y forma, y luego proveerá lo que corresponda respecto del trámite del recurso, conforme con las normas del Código Procesal Civil relativas a la tramitación del procedimiento en segunda instancia. El recurso, de admitirse a trámite, se entenderá concedido en relación, y serán aplicables las normas de sustanciación relativas a dicha forma de concesión.

La providencia que disponga el traslado del recurso al Gerente se notificará únicamente por cédula en formato papel, por constituir la primera comparecencia jurisdiccional del Registro Unificado Nacional. La Corte Suprema de Justicia podrá reglamentar dicha notificación, en la medida de la mejora de las funcionalidades operativas de los mecanismos electrónicos de tramitación, conforme con las facultades establecidas en la Ley Nº 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”.

El Tribunal de Apelación deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días hábiles, computados desde que quede firme la providencia que llama autos para resolver. De considerarlo necesario el Tribunal de Apelación, podrá disponer, excepcionalmente, medidas de mejor proveer, conforme con lo dispuesto por el Código Procesal Civil.

Artículo 132.- Mantenimiento del bloqueo registral durante la sustanciación del recurso.

El Tribunal de Apelación, en la misma providencia en la que ordene la fundamentación del recurso mediante el llamamiento de autos, librará oficio al Registro Unificado Nacional a los efectos de que se mantenga el bloqueo registral y la prioridad obtenida por la inscripción denegada al tiempo de su presentación, extendiéndose, en su caso, la anotación provisional prevista en la presente ley, hasta que recaiga pronunciamiento definitivo del Tribunal de Apelación acerca de la nota negativa, o cualquier otra decisión que finalice la instancia recursiva.

En el marco del proceso de revisión de la nota negativa no se podrán dictar medidas cautelares que alteren la situación jurídica del bien hasta tanto se resuelva el recurso.


La decisión del Tribunal de Apelación causará ejecutoria, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 133.- Impugnación de la decisión del Tribunal de Apelación.

La decisión del Tribunal de Apelación será susceptible de acción de inconstitucionalidad, la que deberá ser promovida dentro del plazo de cinco días hábiles, y se tramitará según lo dispuesto en el Código Procesal Civil en relación con la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra resoluciones judiciales. La misma no tendrá efecto suspensivo sobre la decisión del Tribunal de Apelación en ningún caso, y la Corte Suprema de Justicia no podrá, en ningún caso, ordenar medidas de suspensión de efectos de la decisión de la alzada o cualquier otro tipo de medida cautelar, sea cual fuere la decisión del Tribunal de Apelación.

La acción de inconstitucionalidad se sustanciará con participación del Registro Unificado Nacional, y al ser notificado de la misma, dicho órgano dispondrá la anotación de la existencia de la mencionada acción de inconstitucionalidad en el folio real que corresponda. En el caso de que la misma sea admitida, se remitirán los autos al Tribunal de Apelación que siga en orden de turno, a fin de que vuelva a juzgar la nota negativa impugnada. Si ese Tribunal revocase la nota negativa, el Registro Unificado Nacional cancelará las eventuales inscripciones producidas luego de la anotación de la existencia de la acción de inconstitucionalidad, e inscribirá el acto al que refiere la decisión del Tribunal de Apelación.

Artículo 134.- Reconocimiento y protección de la propiedad comunitaria indígena.

El Registro Unificado Nacional reconocerá y respetará la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, garantizando su protección como patrimonio inembargable, indivisible, intransferible e imprescriptible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución.

Las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas serán registradas asegurando su identificación y geolocalización claras, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 135.- Del derecho de registro de la propiedad indígena.

Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a registrar las tierras de propiedad comunitaria en el Registro Unificado Nacional, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, el estatuto de las comunidades indígenas o la ley que lo sustituya, y los derechos consagrados en la Constitución. El registro de las tierras indígenas será gratuito y prioritario.

El procedimiento de registro de tierras indígenas deberá ajustarse a cuanto sigue:

1) Solicitudes: los pueblos indígenas deberán presentar la solicitud de registro ante el Instituto Paraguayo del Indígena, a través de sus líderes, reconocidos como tales por el Instituto Paraguayo del Indígena.






2) Demarcación: el Instituto Paraguayo del Indígena se encargará, de forma obligatoria, en cumplir con todos los requisitos establecidos por la presente ley para el registro de los inmuebles, para lo cual procederá a la demarcación de los inmuebles asegurando el uso de métodos participativos que incluyan consultas previas a las comunidades afectadas.

Artículo 136.- De la protección del territorio indígena.

Las tierras inscriptas en el Registro Unificado Nacional bajo la modalidad de propiedad indígena comunitaria estarán protegidas contra cualquier tipo de acto jurídico que vulnere los derechos consuetudinarios y constitucionales de los pueblos indígenas. Cualquier acto jurídico celebrado en detrimento de lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución será nulo.

Artículo 137.- De la coordinación interinstitucional.

El Registro Unificado Nacional deberá proporcionar al Instituto Paraguayo del Indígena de modo gratuito toda la información necesaria para facilitar el proceso de registro, validación y protección de las tierras de las comunidades indígenas.

Artículo 141.- De los recursos económicos del Registro Unificado Nacional.

Los recursos económicos del Registro Unificado Nacional provendrán de las siguientes fuentes:

a) Asignaciones fijadas en el Presupuesto General de la Nación para el Registro Unificado Nacional.

b) Fondos provenientes de la distribución de tasas prevista en la presente ley.

c) Fondos provenientes de convenios o acuerdos concertados con instituciones públicas y/o privadas, nacionales, entidades binacionales o internacionales.

d) Recursos provenientes de la cooperación técnica internacional.

e) Aportes, donaciones o legados de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, las que deberán ser aceptadas por la Corte Suprema de Justicia.

f) Otros recursos que se le asigne en virtud de la ley.

El Registro Unificado Nacional deberá realizar las inversiones en tecnologías de información y comunicación (software, hardware, conectividad) necesarias para garantizar el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y actualización del Sistema de Información del Registro Unificado Nacional, a ser adoptado por el Registro Unificado Nacional.

Artículo 142.- De las tasas.

Sin perjuicio de los aranceles y montos que en otros conceptos se encuentre facultado a percibir el Registro Unificado Nacional, percibirá en concepto de tasas las sumas que se detallan a continuación:


Trámite // Monto

a) Toda inscripción o anotación necesaria de documentos ante el Registro Unificado Nacional que carezca de tasa específica. // 1 (un) jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

b) Asignación de Código Único Catastro Registral que no implique constitución, modificación o cancelación de derechos reales en el Catastro y Registro. // 50% (cincuenta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

c) Constitución de garantía hipotecaria o prendaria, prenda sobre derecho real de superficie forestal, y demás garantías reales con vocación registral y sus ampliaciones; los derechos reales de superficie forestal; de usufructo y demás servidumbres registrables; las rectificaciones de escrituras públicas de apreciación pecuniaria. La base imponible para el tributo será el mayor valor que surja de la contrastación entre valor de la transacción estipulada por las partes y el valor fiscal o valor de aforo aduanero del bien. // Tasa impositiva de 0,70 % aplicado sobre el monto de la base imponible.

d) Toda inscripción de transmisión de derechos reales sobre inmuebles, embarcaciones y buques, automotores y bienes registrables en general; la base imponible para el tributo será el mayor valor que surja de la contrastación entre valor de la transacción estipulada por las partes y el valor fiscal o valor de aforo aduanero del bien. // Tasa impositiva de 0,85 % aplicado sobre el monto de la base imponible.

e) Toda inscripción de certificados de adjudicación de derechos reales sobre inmuebles, embarcaciones y buques, automotores y bienes registrables en general, sobre la base imponible resultante del valor fiscal o valor de aforo aduanero del bien, o del que corresponda proporcionalmente a la parte del bien a ser transmitida. // Tasa impositiva de 0,85 % aplicado sobre el monto de la base imponible.

f) La inscripción de la constitución y de la cancelación del patrimonio de afectación de los negocios fiduciarios; la base imponible estará dada por el valor de la comisión o remuneración que perciba el fiduciario por su gestión, o, en su defecto, por el valor fiscal o valor de aforo aduanero del bien o bienes objeto del patrimonio de afectación. // Tasa impositiva de 0,85 % aplicado sobre el monto de la base imponible.

g) Emisión de certificados registro-catastrales de inmuebles. // 85% (ochenta y cinco porciento), de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por certificado

h) Inspección de inmuebles y otros trabajos de fiscalización. // 4 (cuatro) jornales mínimos diarios establecidos para actividades diversas no especificadas en la Capital hasta 150 km de distancia de Asunción. Por cada 150 km adicionales de recorrido se abonarán 2 (dos) jornales mínimos diarios. Esta tasa es por día y por funcionario asignado

i) Provisión de informes meramente catastrales o meramente registrales. // 30% (treinta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por informe total y/o parcial de cada parcela.

j) Provisión de informes catastro-registrales // 85% (ochenta y cinco) jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

k) Provisión de información gráfica, ortofotocartas y otras cartas. // 50% (cincuenta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por parcela.

l) Provisión de listado de inmuebles. // 30% (treinta por ciento) de un jornal diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por cada parcela del distrito

m) Provisión de copia autenticada de certificado u otros tipos de documentos conexos al asiento registral. // 30% (treinta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por cada copia de certificado u otro tipo de documento conexo

n) Provisión de copia autenticada de planos, índices u otros documentos catastrales. // 30% (treinta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital.

o) Provisión de planos manzaneros, de parcelas rurales o por padrón, antecedentes de expedientes, informes técnicos catastrales u otros documentos catastrales. // 50% (cincuenta por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por cada plano de parcela.

p) Cotejo masivo de loteamientos anteriores al año 2013. // 25% (veinticinco por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por cada parcela.

q) Reimpresión de contraseña. // 20% (veinte por ciento) de un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

r) Rúbrica por cada libro encuadernado, destinados al uso comercial y societario. // 1 (un) jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

s) Rúbrica por cada 100 (cien) hojas de formularios continuos u hojas sueltas, destinados a libros de uso comercial y societario. // 1 (un) jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

t) Toda inscripción o anotación de documentos a ser realizada en el Registro de Marcas y Señales, conforme con la legislación vigente (inscripción, reinscripción, cambio de denominación, anulación, renuncia, constitución y cancelación de prenda, transferencia). // 1.5 (uno y medio) jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital

Todo otro servicio catastral o registral que no se encuentre expresamente previsto en la presente ley, estará gravado con una tasa equivalente a un jornal mínimo diario establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital.

El Registro Unificado Nacional podrá proveer, adicionalmente, servicios de dictámenes catastro-registrales no vinculantes, con derecho a cobro de un arancel equivalente a quince jornales mínimos diarios establecido para actividades diversas no especificadas en la Capital por consulta; y servicios de estudio de antecedentes de títulos no vinculantes, con derecho a cobro de un arancel equivalente a un jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la Capital por cada anotación o inscripción registral o catastral contenida o referida en el informe del estudio.

Los aranceles por los servicios requeridos para el funcionamiento del sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor se regirán por la normativa vigente pertinente, sin perjuicio de las tasas establecidas en esta disposición.

Los aranceles por trámites ante el Registro Unificado Nacional serán percibidos por la Corte Suprema de Justicia conforme la escala aprobada en las normativas vigentes.

Cuando el trámite implique la provisión de información en formato digital, a la tasa que corresponda se deberá adicionar el costo del dispositivo de soporte de formato digital, en caso de no ser proveído por el solicitante. La Corte Suprema de Justicia reglamentará los casos en los que se admitirá la provisión del soporte por parte del solicitante.

La Corte Suprema de Justicia queda facultada a reglamentar los procedimientos de percepción de las tasas establecidas en la presente ley.

Artículo 143.- De las exoneraciones.

Las transferencias de bienes efectuadas por entidades u organismos públicos en cumplimiento directo de sus funciones misionales específicas definidas en la ley no abonarán tasas catastrales o registrales.

Los informes ordenados o solicitados por autoridades o entidades públicas, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones misionales, no abonarán tasas.

Las exoneraciones relativas al pago de las tasas por servicios catastrales y registrales, establecidas en las leyes nacionales vigentes, se mantienen con la presente ley. Tratándose de instituciones públicas, el cambio de su denominación, su reorganización orgánica, su fusión, transformación o reemplazo por otra entidad pública, no alterará sus derechos a la exoneración, salvo que en la norma respectiva se disponga lo contrario.

Artículo 144.- Habilitación y competencias para realizar servicios de agrimensura.

Las mensuras judiciales, administrativas y de deslinde, particiones y loteos, conjunta o separadamente con otras actividades propias de la agrimensura, geodesia y catastro, serán practicadas exclusivamente por profesionales inscriptos en el Registro de agrimensores, que estará a cargo de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia inscribirá en dicho registro a los ingenieros agrónomos, ingenieros geógrafos, ingenieros en ciencias geográficas, licenciados en ciencias geográficas, ingenieros geodésicos ambientales, topógrafos y agrimensores, con título habilitante expedido por las Universidades de la República, o título extranjero reconocido o revalidado por el Consejo Nacional de Educación Superior o el órgano equivalente, siempre que cuenten con la patente profesional municipal al día expedida por el Municipio correspondiente al de su domicilio profesional, que lo habilita para trabajar en todo el territorio nacional. Se entiende como domicilio profesional el declarado en carácter de contribuyente por ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La mencionada inscripción será obligatoria para actuar como perito agrimensor o topógrafo en los procesos judiciales y administrativos.

Todos los profesionales habilitados al tiempo de la vigencia de la presente ley para realizar labores de agrimensura y topografía deberán presentar a la Corte Suprema de Justicia constancia de hallarse inscriptos ante el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG-MOPC), para ser incluidos en el nuevo Registro de Agrimensores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

La inscripción de los agrimensores en el registro de agrimensores y topógrafos será revalidada cada cinco años ante la Corte Suprema de Justicia.

Los agrimensores inscriptos en el registro de agrimensores estarán sujetos a la superintendencia y potestad disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, según el régimen aplicable a los peritos.

Artículo 145.- Contenido y requisitos de la mensura administrativa.

El informe pericial que sirva de base a la mensura administrativa debe contener los siguientes datos y constancias:

1) Del o los inmuebles. Si se abarca más un inmueble, identificado con el Código Único de Identificación Catastral Registral, o con la finca o matrícula en su defecto, se deberá individualizar en cada uno de ellos, por separado:

a) El o los propietarios, con:

a1) Nombres y apellidos completos, denominación o razón social en caso de personas jurídicas.

a2) Nacionalidad y domicilio.


a3) Documento de identidad y número del mismo, o RUC en caso de personas jurídicas.

2) Ubicación e identificación del o de los inmuebles, con:

a) Área.

b) Departamento.

c) Municipio o Distrito.

d) Categoría urbana o rural.

e) Código Único de Identificación Catastral Registral, si lo tuviere, o el Padrón o Cuenta Corriente Catastral y Distrito en los inmuebles que carezcan del mismo.

f) Código Único de Identificación Catastral Registral, si lo tuviere, o finca o matrícula y distrito en los inmuebles que carezcan del mismo.

g) Área afectada en la mensura.

3) Historia geométrica cronológica de cada uno de los inmuebles objeto de la mensura, iniciando en las fechas más antiguas y abarcando por lo menos los últimos veinte años, con indicación de:

a) Inmueble matriz.

b) Desprendimientos sufridos.

c) Fracciones restantes.

d) Mensuras anteriores.

4) Resultado de la mensura. Se consignarán los siguientes datos:

a) Descripción del perímetro limite, rumbos y longitudes, cuadrícula o geográficos, de los lados del polígono perimetral en números y letras; de conformidad con lo dispuesto en la presente ley; y su correspondencia con los datos consignados en el título de propiedad mensurado.

b) Linderos; según surjan del título de propiedad mensurado. Eventuales discrepancias entre la ocupación y el título deben ser referidas, indicando la extensión, alcance y perímetro de dicha discrepancia

5) Referencias:

a) En inmuebles urbanos: Distancia del frente del inmueble al eje de la calle y a ambas esquinas de la cuadra de la manzana.

b) En inmuebles rurales: Coordenadas este y norte, hemisferio y zona en el sistema Universal Transversal de Mercator - UTM, Elipsoide y Datum WGS 84, de por lo menos cuatro vértices del polígono perimetral, conforme con lo establecido por las normas que regulan la inscripción y procedimientos ante el Catastro y Registro de Inmuebles. Estos deben ser notables e identificables en las imágenes del terreno con que se cuentan en el país, ortofotocartas o satelitales;



6) Área.

7) Balance de áreas: se compara el área callada con relación a la de los títulos.

8) Fechas de inicio y entrega de resultados al Registro Unificado Nacional.

El agrimensor deberá notificar el inicio de las operaciones de mensura a la municipalidad bajo cuya jurisdicción territorial se encuentre el inmueble o inmuebles mensurados, con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación.

La Municipalidad concernida tendrá la facultad de designar un fiscalizador para la operación de mensura administrativa. Si el inmueble se hallare en más de un territorio municipal, se comunicará a todos los municipios concernidos, a los mismos efectos.

La falta de concurrencia del fiscalizador municipal a la operación de mensura no impedirá la realización ni el desarrollo de ésta, toda vez que el municipio haya sido debidamente notificado de conformidad con lo establecido en el presente artículo. El agrimensor deberá dejar constancia de la participación del fiscalizador municipal o de su ausencia, así como de las observaciones que éste formule, las que integrarán necesariamente el objeto de la evaluación respectiva a cargo del Registro Unificado Nacional, a los efectos de su aprobación o rechazo.

La Corte Suprema de Justicia, por medio de Acordada, podrá reglamentar los requisitos de formato y los que fueren necesarios para un trámite electrónico, de conformidad con la Ley N° 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”.

Artículo 146.- Contenido del plano.

El plano resultante de la mensura debe contener:

a) Los datos que figuran en los numerales 1), 2), 4), 5) y 6) del artículo anterior.

b) La dirección del norte, de cuadrícula o geográfico.

c) La escala numérica y gráfica.

d) La línea del meridiano, horizontal o vertical, con el norte en la parte superior o a la izquierda.

e) Las fechas de inicio de los trabajos y la entrega de los resultados al Registro Unificado Nacional.

La Corte Suprema de Justicia podrá reglamentar por medio de Acordada los requisitos de formato y los que fueren necesarios para un trámite electrónico, de conformidad con la Ley N° 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”.

Artículo 147.- Incumplimiento de los requisitos.

Las operaciones de las mensuras judiciales, administrativas y de deslinde, particiones y loteos, ejecutadas conjunta o separadamente con otras actividades propias de la agrimensura por personas que no cumplan los requisitos expuestos en la presente ley no serán aprobadas por la Dirección de Catastro, o por cualquier otro órgano del Estado, y serán consideradas nulas.

La nulidad de dichas mensuras podrá plantearse judicialmente por la vía del proceso ordinario, por ante el juez del fuero civil y comercial competente en razón del lugar de situación del inmueble.

Artículo 148.- Requisitos adicionales para promover juicio de mensura, deslinde u otro relacionado con medición de terrenos.

Además de lo establecido en el Código Procesal Civil, quien promoviese el juicio de mensura, deslinde u otro juicio relacionado con la medición de terrenos deberá, entre otros, presentar:

a) Nombres y apellidos o denominación social, y domicilio del o los propietarios y de los titulares de otros derechos reales inscriptos sobre el inmueble a ser mensurado.

b) Código Único de Identificación Catastral Registral, o para los inmuebles que carezcan del mismo, número de padrón o cuenta corriente catastral, y número de finca o matrícula, así como el distrito en el que se encuentra el inmueble.

c) Copia de las escrituras de los títulos de propiedad de cada uno de los inmuebles objeto del juicio, con sus respectivos informes de condiciones de dominio.

d) Al proponer al profesional agrimensor que practicará la mensura, se detallarán:

1. Nombres y apellidos completos.

2. Dirección, teléfono y correo electrónico.

3. Constancia de la:

3.1. Inscripción en el Registro de Agrimensores de la Corte Suprema de Justicia.

3.2. Patente profesional municipal del distrito de su domicilio profesional al día.

3.3. La aceptación del cargo y juramento o promesa de buen desempeño del perito, quien a tal fin suscribirá el escrito inicial del juicio, sin necesidad de ratificación posterior.

e) Las boletas del pago del impuesto inmobiliario del año en curso, relativas al inmueble o inmuebles a mensurar.

Artículo 149.- Publicación de edictos.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 1337/1988 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, los edictos de citación a los linderos y partes interesadas en la mensura deberán:

a) Ser publicados por cinco días en un diario de gran circulación a nivel nacional, que será designado por el juez, y adicionalmente en la página Web institucional del Poder Judicial, de acuerdo con las reglamentaciones a ser dictadas a tal efecto por la Corte Suprema de Justicia.

b) Ser publicados con una anticipación de por lo menos diez días hábiles, entre la fecha de la última publicación y la del inicio de la mensura.

c) La orden de publicación de los edictos deberá ser notificada personalmente o por cédula, con la misma anticipación mencionada en el inciso b) del presente artículo, a los propietarios actuales de los terrenos colindantes, al peticionario, y dentro del casco urbano a la municipalidad respectiva; y fuera del casco urbano, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuando los inmuebles linden con rutas nacionales e internacionales y sus ramales.

d) En los edictos se consignará:

1) El Juzgado y la Secretaría donde radica el expediente.

2) Carátula y número del expediente.

3) Nombres y apellidos o denominación social del solicitante.

4) Día y hora en que se labrará el acta inicial de las operaciones técnicas de campo.

5) Profesional designado para las operaciones técnicas, con:

5.1. Nombres y apellidos completos.

5.2. Dirección, teléfono y correo electrónico.

6) Identificación del o los inmuebles:

6.1. Departamento.

6.2. Distrito.

6.3. Lugar.

6.4. Categoría urbana o rural.

6.5. Código Único de Identificación Catastral Registral si lo tuvieren, o si carecieren del mismo, padrón o cuenta corriente catastral y distrito, así como la finca o matrícula del inmueble.

6.6. Linderos del inmueble.

Artículo 150.- Diligencias previas al inicio de la mensura.

Antes del inicio de las operaciones propias de la mensura el agrimensor deberá:

a) Realizar el estudio cronológico de las dimensiones, medidas y linderos del inmueble o los inmuebles afectados o sujetos a la mensura, de por lo menos veinte años anteriores a la fecha de la mensura.

b) Mencionar y hacer referencia a las mensuras anteriores a la actual, que han sido practicadas al inmueble como un todo o en parte, aportando todos los detalles al respecto.

Para este menester el Registro Unificado Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, las municipalidades y la Dirección del Servicio Geográfico Militar deben establecer facilidades a fin de que los profesionales agrimensores tengan acceso a todos los datos de los inmuebles objeto del juicio, incluidos sus antecedentes y sus desprendimientos. La Corte Suprema de Justicia establecerá, por vía reglamentaria, la forma y recaudos que deberán acompañarse a la solicitud de información presentada por los peritos topógrafos y agrimensores, de conformidad con el presente artículo.

Artículo 151.- Pluralidad de inmuebles.

Cada inmueble, identificado como tal a través de la mención del Código Único de Identificación Catastral Registral, o de su número de finca o matrícula con indicación de su distrito, si no tuviere número de finca o matrícula, deberá ser objeto de una mensura independiente. En caso de acumulación objetiva de pretensiones, deberá igualmente observarse lo establecido en el presente artículo.

Artículo 152.- Lugar del acta inicial y del acta de finalización.

Las actas se firmarán en el Juzgado donde radica el expediente, salvo que se haya solicitado y dispuesto el comisionamiento a un Juzgado de Paz por el órgano judicial que entiende en la mensura, en cuyo caso las actas se labrarán en el lugar correspondiente a la competencia territorial del Juzgado de Paz comisionado.

Artículo 153.- Acta inicial.

Para dar comienzo a las operaciones propias de la mensura se redactará el acta inicial que deberá contener, bajo pena de nulidad, los siguientes datos:

a) Fecha, hora y la indicación del juzgado donde fue labrada.

b) Datos del propietario.

c) Datos del o los inmuebles.

d) Mención de la verificación de la publicación de los edictos y de la notificación a los linderos.

e) Participantes del acto, con sus nombres y apellidos y número de cédula de identidad si son personas físicas, y nombre, domicilio y número de RUC si son personas jurídicas.

f) Discrepancias entre linderos del acta y los de la circular, con las explicaciones del caso.

g) En el supuesto de existir protestas, no se impedirá la realización de la diligencia ni la colocación de mojones, pero en el acta debe dejarse constancia de ellas y de los documentos presentados con éstas, los que deben ser agregados a las diligencias judiciales. La persona que formule la oposición o protesta, además de fundar la misma en el acto, deberá presentar los documentos en que se basa, como su título de propiedad o algún documento que acredite la titularidad de su derecho y deberá constituir domicilio a los efectos de recibir notificaciones.

No se podrá ingresar a un establecimiento privado sin autorización u orden judicial del órgano interviniente, sea el Juzgado de Primera Instancia o el Juez de Paz comisionado; y

h) Lugar y forma en el que el agrimensor notificó de la diligencia a las partes, con cuarenta y ocho horas hábiles de antelación. Se consignará igualmente:

1) Si no presenta en el acto de inicio el cronograma de sus trabajos de campo, deberá notificar a los linderos el día y la hora en que se trabajará en el límite común a ellos.

2) La finalización de los trabajos de campo y de gabinete.

3) El día y hora en que se entregará al Juzgado el resultado, planos e informes.

4) El día y hora en que se firmará el acta de finalización.

Artículo 154.- Comunicaciones entre el Juzgado y las partes.

Las comunicaciones y notificaciones entre el juzgado y el profesional agrimensor o perito interviniente podrán ser realizadas por escrito en papel, o mediante envío de mensajes, correos electrónicos u otros medios telemáticos o no, a ser fijados por la reglamentación respectiva; las notificaciones y comunicaciones, en cualquiera de sus formas, deberán ser agregadas al expediente, a los efectos de establecer la fecha de inicio del procedimiento o, en su caso, el calendario de las operaciones a realizarse cuando la localidad o el Juez comisionado se encuentren fuera de la ciudad donde residen las partes o el perito.

Artículo 155.- Acta de finalización.

Al finalizar los trabajos de mensura, el agrimensor presentará al Juzgado el resultado de los trabajos, planos, informes y otros documentos que fue recolectando en la diligencia, y se fijará el día y hora para redactar el acta de finalización. Esta fecha será notificada a las partes que en el acta inicial dejaron asentado su pedido en tal sentido, y establecieron domicilio, así como a las nuevas partes que se evidencien durante el proceso. La notificación deberá realizarse con una anticipación de por lo menos diez días hábiles, entre la fecha de entrega y la de redacción del acta de finalización. La notificación contendrá, bajo pena de nulidad, por lo menos los siguientes datos:

a) Fecha, hora y lugar donde fue redactada el acta.

b) Datos del propietario y de los titulares de otros derechos reales del inmueble mensurado.

c) Datos del o los inmuebles mensurados.

d) Participantes del acto; nombres y apellidos, y número de cédula de identidad si son personas físicas, y nombre y número de RUC si son personas jurídicas.

e) Existencia de protestas o no. Los documentos presentados con éstas, que hayan sido agregados a las diligencias.

f) La constancia de entrega al juzgado de todos y cada uno de los planos, planillas e informes resultantes de los trabajos realizados por el profesional.

g) La agregación de la notificación a todos los linderos declarados al inicio, así como los conocidos durante el proceso.

h) La constancia de haberse entregado las actas y documentos recolectados al juzgado.

Artículo 156.- Complementariedad.

Las normas del presente capítulo son complementarias de las del Título IX “De la Mensura y Deslinde”, Libro IV “De los Procedimientos Especiales” del Código Procesal Civil y no derogan las disposiciones allí establecidas.

Artículo 157.- Normas sobre límites.

El agrimensor informará con toda exactitud la clase de límites que separan el o los inmuebles de cada uno de los linderos, indicando si es artificial o natural, y también acerca de todas las marcas usadas para señalar los vértices de la parcela mensurada, sean estos antiguos, adoptados o nuevos. Asimismo, debe informar sobre todos los mojones existentes y no podrá en ningún caso remover ninguno de ellos, aunque a su parecer y experticia estos estén mal ubicados. En este último caso se procederá de la siguiente manera, únicamente en el caso de una mensura judicial:

a) Remoción de mojones existentes:

1) El agrimensor solo los podrá remover previa orden de juez competente y con conocimiento de los propietarios colindantes.

2) Si el propietario y los linderos afectados estuviesen de acuerdo en proceder a la remoción, esta se llevará a cabo en presencia de todos, y se labrará un acta que será firmada por los interesados y cuyo original se agregará al expediente.

b) En caso de desacuerdo entre el propietario y los linderos, el agrimensor no removerá los mojones y dará cuenta de ello en el acta de la diligencia de la mensura, describiendo y trazando la verdadera línea y consignando los fundamentos de su proceder.

c) El agrimensor debe comunicar la existencia de mojones al momento de presentar su informe final.

Artículo 158.-Sobre el trabajo del profesional.

El agrimensor deberá determinar con la mayor exactitud posible lo que está expresado en el título de propiedad, los rumbos y longitudes o los límites, contrastándolos con la ocupación de hecho del propietario.

Si en este menester se encontraran discrepancias entre la aplicación de los datos del título con la ocupación de hecho del propietario, y si la diferencia del valor del área de la ocupación de hecho comparada con la de los títulos fuera menor que la tolerancia establecida por la presente ley, se adoptará la ocupación de hecho como resultado de los trabajos, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva, y se informará al juez.

Artículo 159.- Sobre la determinación de la discrepancia en los excedentes.

Si en las mensuras apareciera un excedente de área superior a las tolerancias de superficie establecidas en la presente ley, el agrimensor tiene la obligación de determinar el o los orígenes de esta discrepancia, indicando si se deben a:

a) Error de transcripción en los títulos.

b) Error en el cálculo del valor del área dada en el título:

1) En el polígono principal.

2) En las áreas extra e intrapoligonales.

c) Errores en el cálculo del área de las fracciones desprendidas.


d) Errores de medición entre los límites señalados en los títulos.

e) Adquisiciones por accesión con:

1) Formación de islas en ríos no navegables.

2) Aluvión.

3) Avulsión.

4) Álveo abandonado.

Los casos de discrepancias expuestos anteriormente son meramente enunciativos. Si se probara alguno de los casos previstos en el inciso e), y no hubiera oposición de los propietarios linderos, será aceptable la discrepancia superior, y las operaciones de medición deberán ser aprobadas por parte de la Dirección de Catastro, e inscribirse el perímetro y superficie según resulte de la operación arriba referida.

Artículo 160.- De los excedentes y su ubicación.

Si en las mensuras apareciera un excedente superior a las tolerancias de superficie establecidas en la presente ley, y tal diferencia no corresponde a ninguna de las causas mencionadas en el artículo anterior, el agrimensor está obligado a comparar la situación de hecho con el título de propiedad y determinar la ubicación geográfica o geolocalización del o los excedentes, y a proceder conforme con lo dispuesto por el estatuto agrario, salvo caso de que dicho excedente se encuentre en superposición con otro título de propiedad debidamente inscripto. De verificarse esta última circunstancia, se reducirá la superficie registrada del inmueble objeto del procedimiento, y con tales constancias se aprobarán las operaciones de mensura.

Artículo 161.- De las operaciones de mensura en fraccionamiento o partición.

Salvo que el inmueble objeto de la partición o fraccionamiento cuente con una mensura judicial, que refleje la ocupación real en el terreno, aprobada por sentencia definitiva e inscripta en el Registro Unificado Nacional, o mensura administrativa aprobada por el RUN, el agrimensor estará obligado a deslindar y medir la totalidad del inmueble antes de hacer el fraccionamiento respectivo.

Si la partición fuere para el caso de un “refraccionamiento” o para el loteo de un inmueble, privado o público de dominio privado, que comprenda varios títulos, aunque fueren de un solo propietario, deberá realizarse previamente la mensura administrativa de unificación, en cuyo caso la unificación y el fraccionamiento o división podrán hacerse dentro del mismo expediente o trámite administrativo.

Artículo 162.- Casos de división de un mismo inmueble en parcelas pertenecientes a propietarios distintos.

Cuando la mensura tenga por principal objetivo hacer la división del terreno por partición de herencia, de condominio u otro motivo similar, y no hubiere resolución judicial de partición que indique el procedimiento a seguir, se podrá efectuar la división solo si todos los interesados se hallan de acuerdo con ella y con el modo de partición. El informe pericial y el plano deben ser firmados por dichos interesados o sus representantes, en prueba de conformidad y se agregará el original al expediente judicial o administrativo de mensura según sea el caso.

Artículo 163.- Forma de presentación del informe pericial.

El informe pericial y el plano resultante del juicio de mensura serán presentados al juzgado o al Registro Unificado Nacional, según el caso, en formato impreso, o de conformidad con los mecanismos establecidos en la reglamentación que a tal efecto dicte la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de abarcar más de un inmueble, se deberá presentar el informe por separado de cada inmueble y el plano podrá ser único para todos.

Si la mensura tiene por objeto la unificación de varias parcelas en una única unidad inmobiliaria, solo se debe presentar un informe y plano.

Artículo 164.- Datos de cálculo del valor de área.

El cálculo del valor de la superficie del inmueble debe presentarse de acuerdo con los siguientes datos:

a) Determinación por planilla:

1) La planilla del cálculo del área poligonal por el método de Gauss a partir de las coordenadas.

2) Las planillas del cálculo de las áreas intra y extrapoligonales.

b) Determinación con programa informático:

1) Lista con los valores de las coordenadas de los vértices usados en el cálculo.

Artículo 165.- Contenido del informe pericial.

El informe pericial debe contener los siguientes datos y constancias:

a) Del o los inmuebles. Si se abarca más un inmueble, identificado con el Código Único de Identificación Catastral Registral, o con la finca o matrícula en su defecto, se deberá individualizar en cada uno de ellos, por separado:

a.1. El o los propietarios, con:

a.1.1. Nombres y apellidos completos, denominación o razón social en caso de personas jurídicas.

a.1.2. Nacionalidad y domicilio.

a.1.3. Documento de identidad y número del mismo, o RUC en caso de personas jurídicas.

b) Ubicación e identificación del o de los inmuebles, con:

b.1. Área.

b.2. Departamento.

b.3. Municipio o Distrito.

b.4. Categoría urbana o rural.




b.5. Código Único de Identificación Catastral Registral, si lo tuviere, o el Padrón o Cuenta Corriente Catastral y Distrito en los inmuebles que carezcan del mismo.

b.6. Código Único de Identificación Catastral Registral, si lo tuviere, o finca o matrícula y distrito en los inmuebles que carezcan del mismo.

b.7. Área afectada en la mensura.

c) Juzgado y Secretaría, y expediente, con su número, año y carátula.

d) Edictos, con indicación del diario donde se publicó, fechas de publicación, y entes notificados.

e) Datos del acta de inicio, con indicación de su fecha y lugar, personas presentes, y la existencia o no de protestas.

f) Datos del acta de finalización, con su fecha y lugar, personas presentes, y la existencia o no de protestas.

g) Historia jurídica y geométrica cronológica de cada uno de los inmuebles objeto de la mensura, iniciando en las fechas más antiguas y abarcando por lo menos los últimos veinte años, con indicación de:

g.1. Inmueble matriz.

g.2. Desprendimientos sufridos.

g.3. Fracciones restantes.

g.4. Mensuras anteriores.

g.5. Datos de las sucesivas transferencias, que como mínimo deben señalar:

g.5.1. El notario y escribano público autorizante y su número de matrícula.

g.5.2. Fecha de la transferencia.

g.5.3. Identidad del vendedor y del comprador, con sus números de cédula de identidad si son personas físicas, o sus números de RUC si son personas jurídicas.

g.5.4. La inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos, con Código Único de Identificación Catastral Registral si lo tuviere, o el padrón o cuenta corriente catastral y distrito en los inmuebles que carezcan del mismo.

h) Resultado de la mensura. La unificación y posterior partición solo será posible cuando las unidades a desprender sean inmuebles colindantes que forman un solo cuerpo y pertenecientes a un mismo propietario; del total unificado y de cada una de las partes resultantes se hará la descripción del perímetro y se consignarán los siguientes datos:

h.1. Descripción del perímetro limite, rumbos y longitudes, cuadrícula o geográficos, de los lados del polígono perimetral en números y letras.

h.2. Linderos.

i) Referencias:

i.1. En inmuebles urbanos: Distancia del frente del inmueble al eje de la calle y a ambas esquinas de la cuadra de la manzana.

i.2. En inmuebles rurales: Coordenadas Este y Norte, hemisferio y zona en el sistema Universal Transversal de Mercator - UTM, Elipsoide y Datum WGS 84, de por lo menos cuatro (4) vértices del polígono perimetral, conforme con lo establecido por las normas que regulan la inscripción y procedimientos ante el Catastro y Registro de Inmuebles. Estos deben ser notables e identificables en las imágenes del terreno con que se cuentan en el país, ortofotocartas o satelitales.

j) Área.

k) Balance de áreas: se comparan el área callada con relación a la de los títulos.

l) Mojones: encontrados, implantados y reutilizados.

m) Fechas de inicio y entrega de resultados al Juzgado.

La Corte Suprema de Justicia, por medio de Acordada, podrá reglamentar los requisitos de formato y los que fueren necesarios para un trámite electrónico, de conformidad con la Ley N° 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”.

Artículo 166.- Contenido del plano.

El plano debe contener:

a) Todos los datos que figuran en el informe pericial.

b) La dirección del norte, de cuadrícula o geográfico.

c) La escala numérica y gráfica.

d) La línea del meridiano, horizontal o vertical, con el norte en la parte superior o a la izquierda.

e) Las fechas de inicio de los trabajos y de la entrega de resultados al Juzgado.

La Corte Suprema de Justicia, por medio de Acordada, podrá reglamentar los requisitos de formato y los que fueren necesarios para un trámite electrónico, de conformidad con la Ley N° 6822/2021 “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS”.

Artículo 167.- Responsabilidad penal y administrativa de los profesionales y funcionarios.

Los profesionales y funcionarios que consignen en el informe de la mensura datos falsos, o recurran a sabiendas a procedimientos que puedan resultar en perjuicio evidente a derechos de terceros, serán castigados de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley N° 1160/1997 “CÓDIGO PENAL”.

Si en el control ejercido por la Dirección de Catastro resultaren indicios de falsedad en las operaciones practicadas, se dispondrá la suspensión de la tramitación del expediente del profesional y la elevación de todos los antecedentes al Ministerio Público correspondiente para lo que hubiere lugar, con indicación de los motivos de dicha falsedad. De igual manera, se informará de dicha circunstancia al Juzgado interviniente, quien rechazará la mensura, sin perjuicio de que el interesado promueva nuevo juicio, con profesional topógrafo o agrimensor distinto.

Artículo 168.- Discrepancias.

La Dirección de Catastro podrá requerir la presencia del agrimensor para dar explicaciones sobre los trabajos que se hayan sometido a su examen, y este está obligado a concurrir y a dar por escrito las explicaciones que se le pida; la Corte Suprema de Justicia podrá reglamentar por Acordada un mecanismo telemático para tal diligencia.

En los casos en que haya discrepancias entre los trabajos de dos o más agrimensores, o cuando la Dirección de Catastro lo crea conveniente, se citará por cualquier medio a los profesionales para las aclaraciones necesarias a fin de esclarecer la verdad, y se deberá dejar constancia del medio utilizado a tal efecto. La negativa injustificada para acudir por ante la Dirección de Catastro hará incurrir en responsabilidad disciplinaria.

Artículo 169.- Sobre las normas técnicas.

Será considerada mal ejecutada una operación y no será aprobada por la Dirección de Catastro, cuando la misma no cumpla las normas y tolerancias establecidas en la presente ley, y en las disposiciones reglamentarias.

Artículo 170.- Relevamiento de límites naturales.

El relevamiento de los límites naturales, como la ribera (línea de máximas aguas normales) de los cauces de agua navegables (ríos y lagos) y la ribera (canal del curso de agua) de los no navegables (arroyos y lagunas), se practicará por uno de los siguientes métodos, de conformidad con las reglas técnicas que al efecto dicte la Corte Suprema de Justicia:

a) Por una línea poligonal y sobre esta se trazarán coordenadas hasta la ribera.

b) Triangulación.

c) Trilateración.

d) Geoposicionamiento GNSS.

e) Ortofotocartas.

f) Imágenes satelitales.

Artículo 171.- Sobre la obligación de comunicar las sentencias dictadas en juicios o procedimientos administrativos sobre inmuebles.

El resultado de cualquier mensura, ya fuere judicial o administrativa, deberá ser comunicado, oficio mediante, con copia autenticada de la resolución, a la Procuraduría General de la República, a las Municipalidades que correspondan de acuerdo con la situación del inmueble, y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, en caso de surgir excedentes fiscales en zona rural.

Artículo 172.- Archivo de diligencias.

La Dirección de Catastro deberá llevar un archivo con el duplicado de las diligencias respectivas a la emisión de su dictamen técnico administrativo, previsto en el Código Procesal Civil, y la recomendación de aprobación o rechazo de la mensura al juez competente, en el marco de los procedimientos de mensuras judiciales.

También llevará un archivo de las mensuras administrativas que le fueran presentadas.

Artículo 173.- Extinción de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y del Departamento de Agrimensura y Geodesia.

La Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (DGSNC), dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quedan extinguidos de pleno derecho a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 174.- Del personal de las instituciones cuyas competencias se absorben.

El personal que a la fecha de la promulgación de la presente ley preste servicios en la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y en el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se regirá por cuanto sigue:

a) Los funcionarios que formen parte del anexo de personal de los entes mencionados y presten servicio en las áreas señaladas, pasarán a formar parte de la nómina inicial del Registro Unificado Nacional, en las condiciones a ser establecidas por el Poder Ejecutivo; gozarán de la misma antigüedad, régimen de jubilación y demás derechos adquiridos. Se regirán por la presente ley, sus reglamentos, manuales operativos, las Acordadas respectivas y demás normas complementarias.

Los funcionarios así incorporados al Registro Unificado Nacional se hallarán bajo la superintendencia y potestad disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de conformidad con la Ley N° 609/1195 “QUE ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, y las acordadas reglamentarias respectivas.

b) El personal contratado que preste servicios en las áreas señaladas de los entes mencionados, continuará prestando dichos servicios en los mismos términos y condiciones contractuales.

c) Autorízase a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de un mejor uso de los recursos y para promover la eficiencia en el Registro Unificado Nacional, a realizar una reingeniería del capital humano de las instituciones fusionadas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, y observando el principio de igualdad.

d) El Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y los servidores públicos que prestan servicios en dicha dependencia pasarán a formar parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

e) Se implementará un sistema de desvinculación laboral anticipada de los funcionarios de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que pasarán a formar parte del Registro Unificado Nacional, en las condiciones a ser establecidas por el Poder Ejecutivo, sistema que se aplicará a aquellos funcionarios que manifiesten expresamente la voluntad de acogerse al mismo. En estos casos, no podrá suprimirse el cargo, que quedará vacante; debiendo la Corte Suprema de Justicia reemplazar a los funcionarios que se hayan acogido a la desvinculación laboral anticipada, conforme con la normativa vigente y con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 175.- Del patrimonio de las instituciones cuyas competencias se absorben.

El patrimonio afectado a la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y al Departamento de Agrimensura y Geodesia será transferido al Registro Unificado Nacional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. A tal efecto, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a establecer los mecanismos presupuestarios y contables que sean necesarios para operar la transferencia de los recursos previstos en la ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente a la promulgación de la presente ley, en caso de ser necesario.

Los proyectos y/o programas que se hallen en ejecución al tiempo de la promulgación de la ley, sea con organismos internacionales, multilaterales o agencias especializadas, serán continuados en su ejecución por la Corte Suprema de Justicia, siempre que guarden relación con el objeto, lineamientos y principios establecidos en la presente ley.

Artículo 176.- Distribución de las tasas.

Los ingresos provenientes de todas las tasas que el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia deba percibir, se encuentren ellas establecidas en la presente ley, en la Ley N° 284/1971 “QUE ESTABLECE EL PAGO DE TASAS EN EL PODER JUDICIAL Y EL DESTINO DE LAS MISMAS” y sus modificatorias, las leyes N° 1165/85, 118/91, 669/95, 1273/98, 2046/02, 2388/04, 2844/05, así como en las demás normas especiales que regulen tasas que percibe el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia, y las que las sustituyan, luego de deducido el 10% (diez por ciento) en concepto de costo de recaudación, y el 2% (dos por ciento) para el financiamiento de las indemnizaciones a ser afrontadas por el Estado, en el caso de perjuicios causados en el marco del desempeño de su función jurisdiccional, catastral y registral, serán distribuidos como sigue:

1) 60% (sesenta por ciento) para el financiamiento de los programas y actividades administrativas y misionales del Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia, exceptuado el Registro Unificado Nacional. Las recaudaciones serán depositadas en una cuenta corriente especialmente habilitada en el Banco Nacional de Fomento, a nombre del Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia.

2) 21% (veintiuno por ciento) para el Registro Unificado Nacional, de los cuales hasta el 60% (sesenta por ciento), será destinado al financiamiento de gastos inherentes a inversión (recursos tecnológicos y mejoramiento de la infraestructura edilicia), y hasta el 40% (cuarenta por ciento), será destinado para gastos operativos, incluyendo capacitación y beneficios del personal. Las recaudaciones serán depositadas en una cuenta corriente especialmente habilitada para el efecto en el Banco Nacional de Fomento, a nombre del Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia.

3) 19% (diecinueve por ciento) para financiar los programas y actividades presupuestarias de acción e inversión del Ministerio Público. Las recaudaciones serán depositadas diariamente por el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia en una Cuenta Corriente especialmente habilitada para ese efecto en el Banco Central del Paraguay, a nombre del Ministerio Público.

Artículo 177.- Aplicación gradual de la distribución de ingresos del Poder Judicial.

La ejecución de la distribución de los ingresos provenientes de las tasas percibidas por el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia, cuyo destino exclusivo corresponde al Registro Unificado Nacional, conforme a lo establecido en la presente Ley, será efectuada de manera gradual, hasta tanto el Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto General de la Nación las sumas equivalentes que eran distribuidas al Ministerio de Justicia en dicho concepto.

A dicho efecto, al año siguiente de la entrada en vigencia la presente ley, será destinado al Ministerio de Justicia el 10,5% (diez coma cinco por ciento) de los ingresos provenientes de las Tasas percibidas por el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia. A partir del segundo año desde la entrada en vigencia de la ley, los ingresos provenientes de las tasas percibidas por el Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia, serán destinados en las proporciones establecidas por el artículo anterior.

Artículo 178.- Reglas generales de interpretación.

A partir de la vigencia de la presente ley, toda referencia normativa al Registro de Inmuebles o al Catastro se entenderá hecha a la Dirección General de Registro y Catastro de Inmuebles.

Las normas del Código de Organización Judicial siguen vigentes en cuanto no hayan sido expresamente derogadas por la presente ley.

Artículo 179.- Solicitud de adecuación de inscripción al Registro Unificado Nacional.

Los titulares de dominio o de otro derecho real, justificando la inscripción de su título de dominio, podrán solicitar al Registro Unificado Nacional la adecuación de la inscripción a los parámetros establecidos en la presente ley, a los efectos de la obtención del Código Único de Identificación Catastral Registral, y la consignación de la coordinación gráfica con el catastro, de conformidad con el procedimiento que al efecto reglamente la Corte Suprema de Justicia.

En tal caso:

a) Cuando el título de propiedad presentado carezca de discrepancia con las constancias actuales del catastro, se procederá a la adecuación solicitada, sin más trámite.

b) Cuando el título de propiedad presentado carezca de discrepancia con las constancias actuales del catastro referidas a dicho título, pero se detecte superposición con otro inmueble, se procederá a la adecuación solicitada, con la publicidad de superposición prevista en la presente ley.

c) Cuando el título de propiedad presentado presente discrepancias con las constancias actuales del catastro; se denegará la adecuación solicitada expresando el tenor y alcance de las referidas discrepancias. En tal caso, el propietario interesado deberá proceder de conformidad con lo establecido en la presente ley respecto de la rectificación administrativa y judicial de parcelas.

Artículo 180.- Adecuación obligatoria de inscripción.

En caso de que los titulares de dominio u otro derecho real no hayan ejercido la facultad a la que refiere el artículo anterior, la adecuación de dicha inscripción deberá producirse obligatoriamente con la primera inscripción que implique creación, transmisión, modificación, restricción o extinción de un derecho real, en los términos indicados en la presente ley. En tal caso, el acto, negocio jurídico o resolución judicial que deba ser registrado identificará al inmueble objeto de la inscripción con indicación de finca o matrícula, y la indicación precisa del Municipio y Distrito donde se encuentre catastrado el inmueble, la denominación del lugar de ubicación del inmueble, el padrón o cuenta corriente catastral en el municipio donde se encuentre catastrado el inmueble. En el caso de loteamientos o fraccionamientos, también se deberá indicar además el número de lote, número de manzana (conforme lo expresado en el plano que le dio origen), la fecha de elaboración del plano y la denominación del loteamiento o fraccionamiento, si lo tuviere.

Artículo 181.- Asignación de Código Único de Identificación Catastral Registral a inmuebles de la autoridad administrativa en materia de desarrollo rural y de la tierra.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra deberá solicitar ante el Registro Unificado Nacional la asignación de un Código Único de Identificación Catastral Registral para cada inmueble de su propiedad, o de propiedad estatal asignados a su función misional, que carezcan de identificación catastral, conforme con lo establecido en la presente ley. La reglamentación a ser dictada por la Corte Suprema de Justicia establecerá los requisitos que deberán cumplirse.

La realización del trámite previsto en el presente artículo no estará sujeta al pago de aranceles por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

Artículo 182.- Asignación de Código Único de Identificación Catastral Registral a inmuebles del dominio privado municipal.

La autoridad municipal del Distrito, en los casos de inmuebles del dominio privado municipal, podrán solicitar ante el Registro Unificado Nacional la asignación de un Código Único de Identificación Catastral Registral para cada uno de los inmuebles privados o municipales.

La reglamentación a ser dictada por la Corte Suprema de Justicia establecerá el procedimiento y requisitos que deberán cumplirse para el trámite, que no estará sujeto al pago de arancel.

Artículo 183.- Asignación de Código Único de Identificación Catastral Registral a inmuebles del dominio privado estatal, o del patrimonio de los entes autónomos y autárquicos, y demás sujetos de derecho público.

La autoridad estatal o administrativa encargada de la administración, gestión o utilización de inmuebles del dominio privado estatal, o del patrimonio de los entes autónomos y autárquicos y demás sujetos de derecho público, podrán solicitar ante el Registro Unificado Nacional la asignación de un Código Único de Identificación Catastral Registral para cada uno de los referidos inmuebles.


La reglamentación a ser dictada por la Corte Suprema de Justicia establecerá el procedimiento y requisitos que deberán cumplirse para el trámite, que no estará sujeto al pago de arancel.

Artículo 184.- Anotaciones que no requieren adecuación.

La adecuación a la que se refieren los artículos anteriores no será requerida para los casos de anotación, y en general de publicidad que no refiera a la creación, transmisión, modificación o extinción de un derecho real. Sin embargo, cuando la anotación se convierta en inscripción, y derive en la creación, transmisión, modificación, restricción o extinción de un derecho real, se aplicarán las normas anteriores.

Artículo 185.- Observancia obligatoria de los procedimientos y formas establecidas en la presente ley para la realización de mensuras según el estatuto agrario.

Las mensuras a las que refiere la Ley N° 1863/2002 “QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO”, no podrán ser realizadas sino por los procedimientos y formas previstos en la presente ley y en el Código Procesal Civil; sin perjuicio de las mensuras de relevamiento interno que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra estime conveniente realizar en los inmuebles formalmente titulados a su nombre. Cuando el inmueble del que se trate sea de titularidad de otra persona física o jurídica, de derecho público o privado; deberá observarse lo establecido en el presente artículo, y la mensura deberá ser judicial.

Artículo 186.- Efectos de la ley respecto de trámites ya iniciados y caducidad administrativa.

La presente ley se aplica exclusivamente a los trámites catastrales y registrales iniciados a partir de su entrada en vigencia. Los trámites anteriores proseguirán y concluirán, bajo las normas de la legislación vigente al tiempo de su inicio.

Los trámites que no hayan concluido en un plazo superior a los cuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, sea cual fuere su estado o fase, estarán sujetos a la caducidad administrativa, que será declarada oficiosamente por las autoridades competentes. Los interesados tienen a salvo los pagos de tasas que hayan realizado y el derecho de iniciar un nuevo procedimiento bajo la vigencia de la presente ley.

Artículo 187.- Entrada en vigencia.

La presente ley entrará en vigencia a partir de la media noche del mismo día y mes del año siguiente al que se haya producido la referida publicación; sin perjuicio de las disposiciones administrativas internas que adopten el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de la adecuación de las estructuras y procedimientos a lo previsto en la presente ley, que podrán ser dictadas con anterioridad.

Artículo 188.- Transferencias de registros y archivos al Registro Unificado Nacional.

Seis meses antes de la vigencia de la presente ley, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y las Municipalidades entregarán a la Corte Suprema de Justicia copia autenticada de todas las informaciones, registros y archivos de las dependencias a su cargo. Con la entrada en vigencia de la ley, se entregarán los originales, a los efectos de que pasen a ser administrados por el Registro Unificado Nacional. Al año de la entrada en vigencia de la presente ley, las mencionadas copias se remitirán al Archivo del Poder Judicial. Sólo serán de acceso público las copias que instrumenten actos, documentos o cualquier otro tipo de instrumento con una antigüedad mínima de ochenta años.

Artículo 189.- Implementación de concursos.

La Corte Suprema de Justicia deberá, en un plazo máximo de tres años contados a partir de la vigencia de la presente ley, implementar los concursos de designación de las autoridades del Registro Unificado Nacional, en la forma prevista en la presente ley. Hasta entonces, las actuales autoridades de la Dirección General de los Registros Públicos y de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro ocuparán los cargos directivos previstos en la presente ley de acuerdo con las funciones actualmente ejercidas, siendo el cargo de Gerente Superior equivalente al de Director General de los Registros Públicos.

Para el cargo de Director General de Catastro y Registro de Inmuebles, la Corte Suprema de Justicia proveerá de manera interina y sin concurso, cumpliendo con los requisitos de la presente ley, hasta tanto se realice el concurso previsto en el párrafo anterior.

Artículo 190.- Modifícanse los artículos 262 y 317 de la Ley N° 879/1981 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, y sus modificaciones que quedan redactados como sigue:

Artículo 191.- Modifícase el artículo 39 de la Ley N° 620/1976 “QUE ESTABLECE EL REGIMEN TRIBUTARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES DE 1a, 2a Y 3a. CATEGORIAS”, que queda redactado como sigue:

Artículo 192.- Modifícanse los artículos 480, 657, 665 y 666 de la Ley N° 1337/1988 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, que quedan redactados como sigue:

Artículo 193.- Modifícase el artículo 57 de la Ley N° 1863/2002 “QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO”, modificado por la Ley N° 2002/2002, que queda redactado como sigue:

Artículo 194.- Modifícanse los artículos 12, incisos d) e i), 155, 230, 239, 241, 242, 250, 254, 259 y 266 de la Ley N° 3966/2010 “ORGÁNICA MUNICIPAL”, y sus modificaciones, que quedan redactados como sigue:

Artículo 195.- Modifícanse los artículos 60, 62, 63 y 69 de la Ley N° 125/91 “QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO”, y sus modificaciones, que quedan redactados como sigue:

Artículo 196.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 979/1964 “QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE INGENIERO, ARQUITECTO, Y AGRIMENSOR O TOPOGRAFO”, que queda redactado como sigue:

Artículo 197.- Modifícase el artículo 5° inciso e) de la Ley N° 1307/1987 “DE ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO”, que queda redactado como sigue:

Artículo 198.- Actualización de referencias.

Toda referencia normativa al Registro de Inmuebles deberá entenderse sustituida por la referencia a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles, y toda referencia normativa al Registro de Prenda con Registro deberá entenderse sustituida por la referencia al Registro de prenda sin desplazamiento.

Toda referencia normativa al Servicio Nacional de Catastro o a la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro deberá entenderse sustituida por la referencia a la Dirección de Catastro creada por la presente ley.

Toda referencia normativa al Departamento de Agrimensura y Geodesia, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, deberá entenderse sustituida por la referencia a la Dirección de Catastro creada por la presente ley.

Toda referencia normativa a padrones, cuentas corrientes catastrales, matrículas o números de finca, como instrumentos de identificación física o jurídica de inmuebles, deberán entenderse sustituidas por el Código Único de Identificación Catastral Registral; en la medida en que el inmueble del que se trate tenga asignado dicho Código Único de Identificación Catastral Registral.

Toda referencia normativa a la Dirección de Marcas y Señales deberá entenderse hecha a la Sección Registro de Marcas y Señales de Ganado, dependiente de la Dirección General de Registros Especiales, prevista en esta ley.

Artículo 199.- Aplicabilidad de las normas relativas al Catastro y Registro de Inmuebles a los demás registros.

Las normas relativas a la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles previstas en la presente ley, regirán para los demás registros previstos en el artículo 262 del Código de Organización Judicial, en su redacción modificada por la presente ley, en cuanto resulten aplicables.

Artículo 200.- Derogaciones.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones normativas:

a) La ley Nº 1053/1983 “DE CATASTRO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN”.

b) El artículo 30 de la Ley Nº 109/1991 “QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 15 DE FECHA 8 DE MARZO DE 1990, "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.

c) El artículo 701 del Código Procesal Civil, y su modificación introducida por Ley Nº 5330/2014 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 701 DE LA LEY Nº 1337/88 ‘CÓDIGO PROCESAL CIVIL”.

d) Los artículos 231 y 251 de la Ley Nº 3966/2010 “ORGÁNICA MUNICIPAL”.

e) Los artículos 2º, 3º, 32 y 36 de la Ley Nº 2576/2005 “DE REINSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SEÑALES PARA TODOS LOS PROPIETARIOS DE GANADO MAYOR Y MENOR”.

f) Los artículos 261, 265, 264, 266, 267, 268, 271, 277, 280, 290, 291, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 328, 330 y 359 del Código de Organización Judicial, así como sus respectivas modificaciones.

g) Los artículos 15, 38, 39 y 104 de la Ley N° 1863/2002 “ESTATUTO AGRARIO”, así como sus respectivas modificaciones.

h) La Ley Nº 6875/2022 “QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA AGRIMENSURA Y UNIFICA Y ADAPTA LAS NORMAS EN LA MATERIA A LAS FACILIDADES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES”.

i) El Decreto del 30 de octubre de 1873, el Decreto del 27 de enero de 1888 “ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN TOPOGRÁFICA QUE INTERVENGA EN LAS MENSURAS”, la Ley del 18 de agosto de 1888 “DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INGENIEROS – D.N.I.”, el Decreto del 12 de marzo de 1891 “QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE INGENIEROS” y el Decreto del 12 de julio de 1910 “REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO DEL PROFESIONAL AGRIMENSOR”.

j) El Decreto Nº 14956/1992 "POR EL CUAL SE DEFINEN LAS REGLAS TÉCNICAS PARA LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TERRITORIAL, DE LA METODOLOGÍA PARA EL AVALÚO INMOBILIARIO, DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO Y DE LA UNIDAD TÉCNICA DE APOYO AL PROYECTO, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.

k) El artículo 15 de la Ley Nº 167/1993 “QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 1991 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES”, en sus incisos c) y d).

l) El artículo 1º numeral I incisos, b) y c) de la Ley Nº 669/1995 “QUE MODIFICA LOS GRAVAMENES ESPECIFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 284/71, DE TASAS JUDICIALES”.

m) El artículo 1º numeral IV inciso g) de la ley Nº 669/1995 “QUE MODIFICA LOS GRAVAMENES ESPECIFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 284/71, DE TASAS JUDICIALES”.

n) El artículo 12 de la Ley Nº 669/1995 “QUE MODIFICA LOS GRAVAMENES ESPECIFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 284/71, DE TASAS JUDICIALES”, modificado por la Ley Nº 2388/2004 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 2.046/2002, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 1.273/98, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY N° 669/95, DE TASAS JUDICIALES”.

La Ley N° 118/1991 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 264 DE LA LEY 879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL” Y EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 284/71 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 1165/85 "QUE ESTABLECE EL PAGO DE LAS TASAS EN EL PODER JUDICIAL Y EL DESTINO DE LAS MISMAS”.

Artículo 201.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.