DECRETO Nº 5.071/2021
POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL MARCO DEL PLAN DE LEVANTAMIENTO GRADUAL DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONA VIRUS (COVID-19), A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2021.
Asunción, 4 de abril de 2021
VISTO: La Nota MSPyBS SG. N.° 522 del 3 de abril de 2021, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Los artículos 4º, 33, 68, 128 y 238.1, de la Constitución de la República del Paraguay.
Los artículos 3º, 13, 25, 26 y 27 de la Ley N.º 836/1980, por la que se aprueba el Código Sanitario.
El Decreto N.° 3442 del 9 de marzo de 2020, «Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio nacional».
El Decreto N.° 3456 del 16 de marzo de 2020, «Por el cual se declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19)».
El Decreto N.° 5053 del 24 de marzo de 2021, «Por el cual se establecen nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), a partir del 27 de marzo del 2021 hasta el 4 de abril de 2021»; y
CONSIDERANDO: Que el artículo 4º de la Constitución, declara que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Como consecuencia de esta primera afirmación, garantiza la protección de la vida desde la concepción, y consagra el derecho de toda persona a que su integridad física sea protegida por el Estado, al cual correlativamente se le impone el deber de hacer efectivo el más básico de todos los derechos de sus ciudadanos, y del ser humano.
Que conforme al artículo 33 de la Constitución, la conducta de los ciudadanos constituye un ámbito de inmunidad exento de intromisiones de la autoridad pública, con una única excepción: cuando aquella afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros. Desde luego, las conductas potencialmente peligrosas que el presente decreto no permite, lo son precisamente por su posible incidencia en los más esenciales derechos que puedan tener los terceros aludidos en el precepto constitucional: la vida y la salud.
Que los habitantes de la República del Paraguay esperan que el poder público adopte medidas con la mayor celeridad posible, tendientes a obstaculizar la difusión del COVID-19, puesto que estamos ante bienes jurídicos que muy fácilmente se pueden poner en peligro ante estas circunstancias y la inmovilidad estatal podría considerarse un abandono de los ciudadanos a su destino, y una denegación práctica de los derechos que le reconocen los artículos hasta ahora citados de la Constitución.
Que tampoco se puede dejar de mencionar, que el artículo 128 de la Constitución establece que: «En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas con o carga pública, que determinen esta Constitución y la ley».
Que además se debe argumentar un aspecto más formal, como lo es la elección de este concreto mecanismo jurídico para regular por su intermedio las medidas instrumentadas para asegurar el grado más alto posible de contención de la pandemia. Al respecto, hemos de prestar atención a dos grupos de razones. Las primeras son las de índole esencialmente fácticas, derivadas directamente del estado de necesidad generado por la repentina aparición de los problemas y desafíos extraordinarios que trajo aparejados la pandemia; mientras que las segundas se centrarán en la habilitación legal que el Código Sanitario presta a este decreto.
Que comenzando con el análisis de los hechos, es necesario volver a remarcar las cambiantes circunstancias a las que ha dado lugar a escala global y nacional la Pandemia del COVID-19. Ante la situación de emergencia sin precedentes creada por la misma, es de vital importancia que el Estado, en interés de la comunidad, adopte con celeridad las medidas necesarias para dar cumplimiento a su obligación constitucional anteriormente referida de proteger la vida y la salud de las personas como derechos fundamentales inherentes a la condición humana.
Que desde un punto de vista epidemiológico, adoptar medidas empleando procedimientos inevitablemente dilatorios podría ser fatal en lo que respecta a la contención de la propagación del COVID-19, pues resta eficacia a las propias medidas; por lo tanto, la elección y el buen uso de los medios jurídicos que se tienen a disposición en el marco de nuestro Estado de Derecho se torna un elemento central en una situación de emergencia sanitaria. Ello no obsta que, a medida que la contención aumente, se perfeccionen y acopien otras herramientas jurídicas que incorporen de manera permanente, las lecciones que de la tragedia del COVID-19, haya de aprender nuestro país, como ha comenzado a ocurrir igualmente en otras partes del mundo.
Que en tal sentido, el instrumento jurídico que se utiliza aquí hace gala de la adecuabilidad, adaptabilidad y versatilidad suficientes para ajustarse con precisión a las circunstancias cambiantes, mutables y extraordinarias con las que se tienen que lidiar a raíz de la propagación del COVID-19, que demanda tratamiento y atención urgente e indispensable. Ahora bien, en todo momento los medios empleados deben ser estrictamente necesarios y proporcionados al fin perseguido, conforme con la Constitución y adecuado a los estándares internacionales en la materia.
Que también se debe mencionar el artículo 13 del Código Sanitario, que establece: «En casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, asi como a la población en general». Está claro que el supuesto regulado por el artículo 13 del Código Sanitario atiende a una situación manifiestamente excepcional, y como tal de difícil regulación detallada y pormenorizada, sino a través de los reglamentos que surgieren como consecuencia de la producción di los hechos allí mencionados.
Que las demás disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título I del Libro I del Código Sanitario ("De las enfermedades transmisibles") también deben ser tenidas en cuenta, pues establecen que el Ministerio arbitrará las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de enfermedades transmisibles, mediante acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, que tiendan a combatir las fuentes de infección en coordinación con las demás instituciones del sector (artículo 25), mandato que claramente impone al Estado paraguayo el deber de proceder a efectuar una ponderación en virtud de la cual salvaguarde el derecho a la vida y a la salud de un peligro inminente, por el tiempo que el país necesite para salir de esta situación de la mejor manera posible.
Que el artículo 26 del Código Sanitario, complementa lo anterior autorizando que las personas que padecen de enfermedades transmisibles y los portadores y contactos con ellas sean sometidos a aislamiento, observación o vigilancia personal por el tiempo y en la forma que determine el Ministerio, que podrá ordenar todas las medidas necesarias que tiendan a la protección de la salud pública. El articulo 27 añade que el Ministerio podrá declarar obligatorio el uso de métodos o productos preventivos, sobre todo cuando se trate de evitar la extensión epidémica de una enfermedad transmisible. El artículo 32 habilita al Ministerio para que disponga la inspección médica de cualquier persona sospechosa de padecer enfermedad transmisible de notificación obligatoria, para su diagnóstico, tratamiento y la adopción de medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del mal. El artículo 38 finalmente, prevé «que el control de las enfermedades transmisibles se realice conforme a los tratados, convenios, acuerdos internacionales vigentes, el presente Código y su reglamentación. «Reglamentación que. para el presente caso de la crisis sanitaria desatada por la Pandemia del COVID-19, constituyen el presente decreto y los que lo antecedieron».
Que este decreto, en línea con otros que lo precedieron, aproximan a Paraguay a lo que debería constituir un retorno a una nueva normalidad y se dicta con base en circunstancias que vale la pena referir, siquiera sea sumariamente. La evidencia global confirma de manera contundente que las personas de sesenta y cinco años o más, son las que presentan mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad derivados del contagio por COV1D-19. Por esta misma razón, es evidente que se trata del grupo poblacional al cual deben apuntar principalmente las estrategias de control epidemiológico y de protección social que por varios decretos ha buscado establecer el Gobierno.
Que el Código Sanitario en su artículo 3º dispone: «El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que en adelante se denominará el Ministerio, es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social».
Que por Nota DGVS N.º 240 del 3 de abril de 2021, la Dirección General de Vigilancia de la Salud remite el análisis técnico sobre la situación epidemiológica actual a nivel nacional.
Que el mencionado informe manifiesta que: «La situación de la semana epidemiológica en curso es la siguiente: se registran hasta la fecha 216.278 casos COVID-19 acumulados a nivel nacional. Los territorios de Central y Capital representan el 54 % de los casos a nivel país. En las últimas dos semanas se observó un ascenso en el número total de casos a nivel nacional con respecto a las semanas previas. Todos los departamentos del país presentan un ascenso en sus indicadores epidemiológicos de la pandemia. A nivel nacional el ritmo de duplicación de casos y de fallecidos supera los 67 y 74 días: el RO se encuentra próximo al 1,10, lo cual expresa un progresivo aceleramiento de la epidemia».
Que el referido informe continúa expresando que: «La Red de Servicios de Salud ha informado números históricos en cuanto a internados (2,382), récord en el número de casos en unidades de terapia intensiva (428) y récord en el número de pacientes derivados al sector privado (65), todos por COVID-19. Durante las últimas dos semanas se ha observado indicadores indirectos de movilidad poblacional han mostrado un descenso principalmente en espacios de ocio, esparcimiento y entretenimiento. Aumentando el valor de la presencia en de residencia con respecto al histórico. Luego de las medidas restrictivas aplicadas en semana santa, esta Dirección recomienda aplicar medidas restrictivas temporales que reduzcan el riesgo de diseminación de epidemia y minimicen el impacto en la población de riesgo en coordinación con los demás sectores de la sociedad, principalmente con las gobernaciones, la autoridad municipal y las fuerzas del orden público. Todas las demás actividades habilitadas deberán cumplirse aplicando las normas y los protocolos aprobados vigentes. Para una implementación más precisa y control de la aplicación de las medidas se propusieron indicadores de estratificación de riesgo por territorios según el nivel de intensidad de transmisión comunitaria del SARS-Cov2 durante los últimos 14 días. Esta herramienta será útil para la toma de decisiones a nivel de los gobiernos locales, definir las estrategias de participación comunitaria, acciones relacionadas a la educación presencial y otras medidas poblacionales no farmacológicas. La estratificación de los territorios por los indicadores propuestos se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://dgvs.mspbs.gov.pv/views/paginas/covid 19. html y será actualizado semanalmente. Según la última actualización, las Regiones Sanitarias del País con incidencia de casos COVID-19 en rango de trasmisión comunitaria muy alta son: Asunción, Central, Ñeembucú, Misiones e Itapúa. Los distritos del país con más de 10 mil habitantes y con una incidencia de casos COVID-19 en rango de trasmisión comunitaria muy alta son: Ciudad del Este - Yguazú - Asunción - Coronel Oviedo - San José de los Arroyos - Caazapá - Capiatá - Fernando de la Mora - Guarambaré - Itaugua - Lambaré - Limpio - Luque- MR Alonso - Ñemby - San Antonio - San Lorenzo - Villa Elisa - Villeta - Ypané - Concepción - San Lárazo - Caacupé - Emboscada - Itacuribi de la Cordillera - San Bernardino - Villarrica - Coronel Bogado - Encarnación - Fram - Natalio Ayolas - San Ignacio Misiones - Santa Rosa Misiones - Pilar - Paraguarí - Pirayú - Benjamín Aceval - Villa Hayes - San Pedro del Ykuamandiyú. Es importante recordar que las medidas poblacionales no farmacológicas deberán ser más amplias que la. suspensión exclusiva de clases presenciales, y esta última solo ser aplicada con otras medidas de la comunidad y en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias...».
Que la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se expidió favorablemente según Dictamen A.J. N.° 482 del 3 de abril de 2021.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA: