Art. 15.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar verificará el funcionamiento de los diversos establecimientos dedicados a la explotación de juegos de azar, y está facultada a disponer la clausura inmediata de todo local clandestino. La clausura será recurrible administrativamente mediante la reconsideración en un plazo de 3 (tres) días. Se considerará clandestina toda explotación de juegos de azar que no cuente con la autorización expedida por autoridad competente o no la exhiba a requerimiento de los funcionarios autorizados.

Art. 16.- Verificado el carácter clandestino de un local, instalación o lugar donde se lleven a cabo actividades de juegos de azar, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, comunicará y remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público. El concesionario o cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos podrá denunciarlos ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Art. 17.- 1°) El que tuviera o explotara comercialmente, por sí o por otro, juegos de azar clandestinos o no autorizados por la autoridad competente o sin contar con la concesión, licencia o permiso necesarios, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 (cinco) años o multa.
2°) El que favoreciera, patrocinara o prestara su cooperación para que las jugadas clandestinas se realicen, será castigado con la pena prevista en el numeral anterior.
3°) El que a sabiendas participara de juegos de azar explotados en las condiciones previstas en el inciso 1°), será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 (dos) años o multa.
4°) Quedan excluidos de las disposiciones precedentes, los juegos de azar que se celebren en domicilios particulares o locales públicos o privados con el único propósito de diversión o pasatiempo ocasional.
5°) Sin perjuicio de las penas previstas, de la clausura del local y de la cesación de actividades ilícitas, se procederá al comiso de todos los utensilios, enseres, objetos, documentos y elementos inherentes al juego, así como de todos los bienes o dinero que constituyan interés del mismo; el juez competente resolverá el destino de los mismos.