Art. 1°.- Créase la Escribanía Mayor de Gobierno, que estará ejercida por un Escribano Público, conforme a los requisitos de esta Ley y durará 5 (cinco) años en sus funciones.

Art. 2º.- El Escribano Mayor de Gobierno será designado por el Presidente de la República, con acuerdo de la Honorable Cámara de Senadores, y gozará de una remuneración mensual prevista para un Ministro en el Presupuesto General de la Nación. También designará un Escribano Suplente.

Art. 5º.- El ejercicio del cargo es incompatible con el usufructo de un Registro Notarial. No podrá ejercer otros cargos públicos ni privados renumerados, salvo la docencia o actividad de investigación científica a tiempo parcial, y no podrá percibir honorarios en ninguno de los actos que formalice.

Art. 7°.- Son funciones de la Escribanía Mayor de Gobierno:
a) autorizar los actos protocolares del Presidente de la República;
b) labrar acta de los actos extraprotocolares de interés del Presidente de la República;
c) organizar el archivo, la custodia y conservación de los protocolos y documentos de la Escribanía Mayor de Gobierno; y
d) guardar y conservar testimonios de los títulos de propiedad de los bienes del Estado.

Art. 9°.- El Registro Notarial de la Escribanía Mayor de Gobierno estará formado por hojas de protocolo, rubricadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

Art. 10.- En los casos en que surjan impedimentos legales o materiales para el ejercicio del cargo, el Escribano Mayor de Gobierno será reemplazado por el suplente, quien tendrá incompatibilidad con el ejercicio de la profesión, durante el plazo que dure en sus funciones.

Art. 12.- Los actos y contratos que no estén previstos en esta Ley, serán formalizados ante los Escribanos de Registro, a elección de la parte privada contratante de una lista presentada por el Colegio de Escribanos del Paraguay anualmente. Los actos en los cuales el Estado formalice contratos, quedan liberados del pago de honorarios y gastos. El Notario del Registro actuante percibirá de los contratantes con los Poderes del Estado, hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los aranceles y gastos previstos en la Ley N° 1.307/87 “DE ARANCEL DEL NOTARIO PUBLICO”, en caso que intervengan dos Poderes del Estado, se reembolsarán solamente los gastos.