Artículo 1°.- De la Creación. Créase el Sistema de Matriculación y la Cédula del Automotor que serán de cumplimiento y uso obligatorios respectivamente, en la forma, plazo y condiciones que se establecen en la presente Ley.

Artículo 2°.- A los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Matrícula: La codificación con letras y números por la que se identifica a cada automotor en todo el país durante su existencia como tal.

Cédula del Automotor: El documento legal que identifica al automotor y a su propietario o poseedor.

Automotores, los siguientes vehículos: automóviles, motocicletas, camiones, tractores, tractocamiones, camionetas, jeeps, furgones, ómnibus, micro-ómnibus y demás maquinarias autopropulsadas, todos ellos aun cuando no estuvieren carrozados. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido por la presente Ley.

Chapas: Las placas de identificación que reproducen la matrícula y que deben ser colocadas en la parte visible, delantera y trasera, de la carrocería del automotor.

Patente: El tributo que las Municipalidades perciben sobre los automotores radicados en sus municipios.

Artículo 3°.- De la Matrícula. La matrícula será determinada por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos y deberá figurar en la cédula y demás documentos del automotor; al mismo tiempo deberá ser grabada en los parabrisas, delantero y trasero y en el chasis de los automóviles, o en las partes de los demás automotores que establezca la reglamentación.

Artículo 4°.- De la Cédula del Automotor. Producida la matriculación de un automotor, el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, expedirá al propietario o al poseedor, la Cédula del Automotor.

Este documento deberá reproducir la matrícula y contener además el nombre del propietario o del poseedor, número de documento de identidad, domicilio, marca del vehículo, año de fabricación, número del motor, número del chasis y los datos de la matrícula.

Artículo 5°.- Función de la Cédula. La Cédula del Automotor identifica al propietario o al poseedor y al automotor en sí, y habilita su libre circulación; sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en las leyes y ordenanzas que rigen la materia como aquellos relacionados con la seguridad en el tránsito.

Artículo 6°.- El automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el domicilio del titular del dominio o el del lugar de su guarda habitual.

Artículo 7°.- Del Organismo de Aplicación. El Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, será el organismo de aplicación del presente régimen.

La reglamentación determinará la organización y el funcionamiento del mencionado registro conforme con los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 8°.- De la Facultad Administrativa. El Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, tendrá facultades administrativas para implementar el sistema de matriculación y expedición de patentes, sin perjuicio de sus funciones registrales estipuladas en el Código de Organización Judicial y el Código Civil.

Artículo 11.- En caso de pérdida, extravío, sustracción o grave deterioro de la cédula o la chapa, deberá solicitarse el duplicado al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos. El Registro de Automotores hará constar el número de la cédula sustituida y comunicará la denuncia formulada a la Policía Nacional.

Artículo 15.- De la portación obligatoria de la Cédula. Transcurrido el plazo establecido en el Artículo 13, será obligatoria la portación de la Cédula del Automotor en cada unidad que circula por el país, con la única excepción de los que ingresen en plan de turismo o visita, con la debida documentación como tal.

Artículo 16.- De la retención de los vehículos. Facúltase a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y a la Policía Caminera, en caso de inspección, a retener los vehículos que circulan sin la Cédula del Automotor o con la cédula enmendada o adulterada, debiendo al efecto expedir el recibo correspondiente, en el que constarán los datos necesarios para la identificación del automotor. Si en el plazo de cinco días no se subsanare la situación, la Policía Nacional, la Policía Municipal o la Policía Caminera denunciará el hecho a la Fiscalía General del Estado y al Consulado del país de origen del automotor. En este caso serán aplicadas las leyes aduaneras y penales vigentes.

Artículo 17.- Del libro de denuncias. La Fiscalía General del Estado habilitará un libro de denuncias, en el que exclusivamente se dejará constancia de los datos del vehículo, lugar y circunstancia de su retención.

Artículo 18.- Del Registro Especial y Transitorio. Créase un Registro Especial y Transitorio en el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, a los efectos de la inscripción de las unidades automotoras carentes de documentación legal, para tener un censo de los mismos, conocer a sus poseedores, reconocerlos en dicho carácter y someterlos a un régimen legal específico.

Artículo 19.- Del plazo del Registro Especial y Transitorio. El Registro Especial y Transitorio estará abierto durante el plazo de seis meses, contados a partir de su funcionamiento, y en él se inscribirán todos los automotores indocumentados que circulan en el país y cuyo año de fabricación no sea posterior a 1995. Cumplido el plazo de inscripción no se admitirá en ningún caso, en el referido registro, la inscripción de automotor alguno.

Artículo 20.- De la verificación previa. Para la inscripción en el Registro Especial y Transitorio se cumplirá con el requisito de la verificación específica previa, la cual podrá ser confiada a empresas privadas competentes. Si la numeración resultare dudosa deberá ser consignada con la siguiente leyenda: "Inscripción con numeración dudosa".

Artículo 21.- De la obligación del propietario. El propietario de un vehículo inscripto en el Registro Especial y Transitorio regularizará la situación fiscal del automotor una vez transcurridos los treinta meses a partir de su inscripción, salvo que se halle en proceso una acción reivindicatoria.

Artículo 22.- De los datos para la inscripción. La inscripción se hará en base a la declaración pertinente del poseedor, en formularios que le proveerá el registro y contará de cuantas copias sean necesarias. Este formulario será suscripto por el poseedor del automotor, el funcionario actuante y el superior jerárquico. Una copia del referido formulario quedará en poder del poseedor del automotor.

Artículo 23.- De la obligación de nacionalización. Cumplido el plazo establecido en el Artículo 21 de esta Ley, el poseedor del vehículo deberá solicitar, dentro de los seis meses siguientes, la nacionalización del automotor y regularizar la situación fiscal del mismo.

Artículo 24.- De la prohibición de comercialización. Los automotores inscriptos en el Registro Especial y Transitorio no podrán ser objeto de comercialización, de medidas cautelares ni subasta pública, antes de la regularización a que se refieren los Artículos 21 y 23.

Artículo 25.- De la identificación de los automotores en situación especial. Los automotores inscriptos en el Registro Especial y Transitorio se identificarán de la misma manera que los inscriptos en el Registro común en sus signos externos, salvo en lo que se refiere a la Cédula del Automotor que será diferente y al formulario de inscripción en el cual constará que se halla inscripto en el Registro Especial y Transitorio.

Artículo 26.- De la extinción del Registro Especial. El Registro Especial y Transitorio quedará cerrado a la hora 24 del último día del plazo señalado por el Artículo 19 de esta Ley. A tal efecto el Fiscal General del Estado concurrirá a la sede del registro y procederá al cierre de los libros de inscripción y a la inutilización de sus espacios en blanco.

Artículo 27.- De los automotores no inscriptos. Los automotores no inscriptos en el plazo estipulado en el artículo anterior serán considerados ingresados al país de contrabando, autorizándose a las autoridades competentes a proceder a su secuestro, salvo lo dispuesto en el Artículo 15, última parte, de esta Ley.

Artículo 28.- De los automotores incautados. Las unidades automotoras secuestradas serán guardadas en custodia por la Dirección General de Aduanas, comunicando dicha circunstancia a la representación diplomática del país de origen.

Artículo 29.- De la caducidad de la acción. Transcurridos treinta meses a partir de la comunicación a que hace referencia el artículo anterior, si no mediare reclamo alguno, se procederá a la venta del automotor en subasta pública y le será entregado al adquirente con un documento que avale la propiedad del mismo. El importe resultante de las subastas públicas será depositado en Rentas Generales.

Artículo 30.- Del retiro definitivo del automotor. El propietario del automotor que resuelva desarmarlo o retirarlo definitivamente del uso, deberá dar inmediata cuenta al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, que procederá a cancelar la matrícula y retirar la cédula respectiva. La autoridad policial y las compañías aseguradoras deberán igualmente comunicar al Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, los siniestros que ocurrieren a los automotores, siempre que éstos sean de tal naturaleza que alteren sustancialmente las características individualizantes de los mismos.

Artículo 31.- De las penas por adulteración de los números. Será castigado con prisión de uno a cuatro años el que adulterare o de cualquier manera modifique la numeración indicada por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos y estampada en los cristales del automotor y chasis y el que reemplazare ésta ilegítimamente o falseare los datos previstos en el Artículo 22. Si el culpable fuese funcionario público y hubiere cometido el hecho en abuso de su cargo, se duplicará la pena establecida y sufrirá además inhabilitación por doble tiempo.

Artículo 32.- De las penas por sustracción o destrucción de documentos. Será reprimido con prisión de dos a seis años el funcionario que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare la matrícula y/o Cédula del Automotor o los archivos y documentos obrantes en poder del Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia, su autor será castigado con multa equivalente a cien jornales mínimos de actividades no especificadas en la Capital.

Artículo 33.- De las penas por falsificación de documentos. Será reprimido con prisión de tres a seis años:

1. El que falsificare los certificados expedidos por el Registro de Automotores, dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos, o cualquiera de los demás documentos emanados de éste.

2. El que estampare en el chasis del automotor y en los vidrios sin derecho para ello, la numeración individualizante o la adulterare.

Artículo 34.- Del carácter de la enumeración. Las figuras delictivas establecidas en los artículos precedentes no obstan a la aplicación de las sanciones que para los casos no previstos especialmente en esta Ley impone el Código Penal.