Artículo 32.- La carta orgánica o estatuto del partido político establecerá las normas a las cuales deberá ajustarse su organización y funcionamiento. Es la ley fundamental del partido político y deberá contener cuando menos las siguientes cuestiones:

a) la denominación, siglas, colores, lemas, símbolos y distintivos atendiendo a las prescripciones de la presente ley;

b) la expresión de sus fines, en concordancia con sus bases ideológicas;

c) la determinación de los cargos y órganos ejecutivos, deliberativos y disciplinarios que ejercerán el gobierno y administración del partido; y sus respectivas competencias;

d) la declaración expresa de que la Asamblea General, Convención o Congreso es el órgano supremo de la asociación política, y que de ella participarán los compromisarios, convencionales o delegados electos por el voto directo, secreto e igual de todos los afiliados agrupados en los distritos electorales o unidades de base del respectivo partido político, en la proporción que determinen sus estatutos;

e) La duración del mandato de las autoridades partidarias deberá ser de dos años y medio o cinco años. La elección de las autoridades de los órganos de dirección nacional, departamental, o distrital, deberá realizarse por el voto directo, igual y secreto de todos sus afiliados.

f) la adopción del sistema de representación proporcional establecido en este Código para la distribución de escaños que garantice la participación de las minorías internas en el gobierno partidario y en los cargos electivos;

g) las previsiones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las corrientes o movimientos Internos;

h) la garantía de igualdad de todos sus afiliados para elegir y ser elegidos en cargos partidarios o candidaturas propuestas por el partido político;

i) el reconocimiento del derecho de sus afiliados a presentar iniciativas, manifestar su opinión, expresar sus quejas ante los organismos pertinentes, ser informados de sus actividades y participar de las mismas;

j) la participación y control de los afiliados de la administración y fiscalización del patrimonio y contabilidad del partido político a través de los organismos pertinentes, conforme a los estatutos asegurándose la adecuada publicidad interna;

k) la habilitación y actualización permanente del Registro de afiliados y las previsiones para que los padrones sean entregados a los movimientos internos por lo menos treinta días antes de las elecciones;

l) las pautas para la determinación de los aportes económicos que deben hacer sus afiliados para sufragar los gastos de funcionamiento. Los aportes económicos obligatorios para quienes ejerzan cargos electivos no podrán exceder el cinco por ciento de la remuneración del cargo;

m) las normas de conducta interna, las sanciones para quienes las contravengan y el órgano que las aplique. Las sanciones sólo serán impuestas con observancia de las garantías del debido proceso;

n) las reglas para la reelegibilidad en los cargos partidarios, asegurando la alternancia en los mismos;

o) las previsiones para la educación cívica de sus afiliados;

p) las reglas para la proclamación de candidaturas del partido político para cargos electivos y para su sustitución en casos de impedimentos sobrevinientes;

q) los mecanismos de elaboración y aprobación de la plataforma electoral;

r) los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer a cargos electivos en un porcentaje no inferior al veinte por ciento y el nombramiento de una proporción significativa de ellas en los cargos públicos de decisión.

A los efectos de garantizar la participación de la mujer en los cuerpos colegiados a elegirse, su postulación interna como candidatas deberá darse a razón de una candidata mujer por cada cinco lugares en las listas, de suerte que este estamento podrá figurar en cualquier lugar pero a razón de una candidata por cada cinco cargos a elegir. Cada partido, movimiento o alianza propiciador de listas queda en libertad de fijar la precedencia.

Los partidos políticos, movimientos o alianzas, que no cumplan en las postulaciones de sus elecciones internas con éstas disposiciones, serán sancionados con la no inscripción de sus listas en los Tribunales electorales respectivos.

s) el quórum legal para el funcionamiento de los órganos deliberantes;

t) el procedimiento para la modificación de sus estatutos; y,

u) el procedimiento para la extinción o fusión del partido político y la mención del destino que en tales casos deberá darse a sus bienes.

Art. 62.- Todo partido político inscripto deberá llevar obligatoriamente los siguientes documentos foliados y rubricados por la autoridad partidaria:
a) registros de afiliados y prepadrón actualizado en matriz informática;

b) actas de Asambleas, Congresos o Convenciones;

c) actas de sesiones o reuniones de sus órganos directivos;

d) asistencia a Asambleas, Congresos o Convenciones con la documentación que habilite a los partícipes;

e) resoluciones;

f) inventario;

g) caja; y,

h) personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones o donaciones.

Art. 64. a) En las elecciones internas:

Los candidatos de cada movimiento interno partidario deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias.

Cada candidato de cada movimiento interno partidario deberá realizar ante dicho movimiento una DIGC dentro de los cinco días siguientes a la oficialización de las candidaturas propuestas, en la que consignen todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña. El movimiento interno partidario trasladará y presentará todas las DIGC de sus candidatos a la Subsecretaría de Estado de Tributación dentro de los cinco días siguientes de recibidas, a fin de obtener un identificador tributario que individualice al movimiento interno partidario, a los efectos del control del financiamiento de la campaña política.

Junto con la DIGC, cada candidato y su cónyuge con régimen matrimonial de comunidad de gananciales bajo administración conjunta, deberán realizar, ante su movimiento interno partidario, una declaración de sus intereses económicos vinculados, en la que consignen la identificación de:

1. Las sociedades de cualquier tipo donde sean accionistas.

2. Las sociedades de cualquier tipo en las que tengan inversiones de renta fija.


3. Las sociedades de las que de cualquier modo o por cualquier procedimiento, participen a cualquier título.

4. Las sociedades en las que cualquiera de las sociedades anteriormente descriptas, controlen por lo menos el 10% del capital.

El movimiento interno trasladará al Tribunal Electoral Partidario ambas declaraciones de cada uno de sus candidatos dentro de los diez días siguientes de recibidas, que a su vez las trasladarán dentro de los tres días siguientes al Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlos en su portal web institucional a los diez días de haberlos recibido.

La documentación comprobatoria de los ingresos provenientes de las donaciones recibidas ya sean de personas físicas o jurídicas, será respaldada por recibos con membretes y el identificador tributario del movimiento respectivo, detallando los datos completos del aportante.

Los candidatos presentarán a los movimientos internos partidarios y estos a los Tribunales Electorales Partidarios, un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de su origen y monto. El análisis de los ingresos presentados será realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en formato a ser reglamentado por el mismo. Los movimientos internos que no dieren cumplimiento a esta obligación serán pasibles de una multa equivalente a trescientos jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas a ser aplicada por el órgano partidario disciplinario con observancia de las garantías del debido proceso. Las multas cobradas integraran los recursos del partido político.

Los Tribunales Electorales Partidarios remitirán al Tribunal Superior de Justicia Electoral y dentro de los cuarenta días posteriores a los comicios respectivos, una DIGC de la campaña interna por cada candidato y movimiento, a los fines de su publicación en el portal web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlos en su portal web institucional a los diez días hábiles de haberlos recibido. Los documentos respaldatorios se remitirán con la entrega posterior a los comicios respectivos.

Está prohibido apoyar con recursos y bienes del partido político a cualquier movimiento en elecciones internas.

b) En las elecciones generales y municipales:

Cada candidato de cada partido, movimiento político, alianza y concertación electoral deberá realizar una DIGC, dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña. El partido, movimiento político, alianza o concertación electoral trasladará todas las DIGC de sus candidatos para presentarla ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, a fin de obtener un identificador tributario que individualice al partido, movimiento político, alianza o concertación para el control del financiamiento de la campaña política.


Este identificador deberá ser utilizado para el registro y la documentación de todos los ingresos y los gastos que cada partido, movimiento político, alianza o concertación efectúe con relación a la campaña, debiendo llevar al efecto registros contables simplificados sobre los cuales se efectuará la rendición mencionada en el párrafo anterior, conforme a la reglamentación que al efecto dictará el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Los candidatos presentarán a su partido, movimiento político, alianza o concertación nacional una DIGC. El análisis de los informes presentados será realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en formato a ser reglamentado por el mismo. El partido, movimiento político, alianza o concertación nacional remitirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral, dentro de los sesenta días posteriores a los comicios respectivos, una DIGC de la campaña por cada candidato, a los fines de su publicación en el portal web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlos a los diez días hábiles de haberlos recibido.

Los comprobantes y toda otra documentación relativa a los registros contables deberán ser conservados por la autoridad partidaria competente durante cinco años.

c) Disposiciones comunes:

Los gastos electorales propios del día de la elección deberán justificarse con comprobantes legales debidamente timbrados por la Subsecretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, y en plena y efectiva vigencia.

Una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral realizará controles de autenticidad, veracidad, completitud y correspondencia de los ingresos y gastos presentados delante de cuya inexactitud o falsedad manifiesta debidamente comprobada a través de un debido proceso ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, tendrá la facultad de excluir aquellas documentaciones que no reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones legales vigentes. Estos datos deberán ser cruzados con la Secretaría de Estado de Tributación.

Posterior a la verificación realizada por el TSJE y en caso de comprobación judicial de la violación del Art. 68. Inc. g). se sancionará al candidato infractor con la suspensión de participar por 10 años para cargos electivos de cualquier tipo, incluso partidarios, independiente a las sanciones jurisdiccionales.

Art. 66. Cada partido, movimiento político, alianza o concertación deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral el balance, cuadro demostrativo de ingresos y egresos, así como un registro contable detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de estos con indicación de su origen, conforme a los formatos que serán reglamentados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlos en su portal web institucional a los diez días de haberlos recibido.

En el caso de los partidos políticos, alianzas o concertaciones electorales, además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán presentar al Tribunal Superior de Justicia Electoral el informe pormenorizado con la correspondiente documentación respaldatoria acerca del cumplimiento que ha dado a lo dispuesto por el artículo 70 de este Código, dentro de los noventa días de finalizado el ejercicio anual.
Si del posterior análisis de estos reportes, surgiera la necesidad de solicitar alguna otra documentación que permita proseguir con los procesos de verificación de los mismos, el TSJE podrá realizar el requerimiento correspondiente.

La Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes coadyuvarán las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el ámbito de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público.

Art. 68. Los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, y los movimientos internos de éstos, no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, en forma monetaria o no monetaria:

a) Contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos, fundaciones, partidos, movimientos políticos, instituciones y personas físicas o jurídicas, salvo que tratándose de personas físicas o jurídicas las mismas fijen residencia o domicilio en el país y el destino de su contribución o donación sea cubrir los costos de actividades de formación, capacitación e investigación del partido o movimiento político.

b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales, municipales, de empresas del Estado, empresas concesionarias del Estado o de las que explotan juegos de azar.

c) Contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en condición de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando aquellas se realicen a través de organismos oficiales o por deducciones del salario en las planillas de sueldos.

d) Contribuciones o donaciones de asociaciones o gremiales.

e) Contribuciones o donaciones anónimas.

f) Contribuciones o donaciones individuales superiores al equivalente a diez mil jornales mínimos para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas.

g) Contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de hechos punibles calificados como crímenes por la legislación penal vigente, especialmente los relacionados al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas establecidos en la Ley N° 1.340/1988 "QUE MODIFICA Y ACTUALIZA LA LEY N° 357/72 'QUE REPRIME EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FÁRMACODEPENDIENTES" y sus leyes modificatorias al lavado de dinero establecido en la Ley N° 1.015/1997; a la trata de personas establecida en la Ley N° 4.788/2012; al terrorismo establecido en la Ley N° 4.024/2010; al tráfico de armas establecido en la Ley N° 4.036/2010 y al contrabando establecido en la Ley N° 2.422/2004 “CÓDIGO ADUANERO”.

En todos los casos, los aportes de dinero en efectivo que fueran superiores a diez salarios mínimos, deberán materializarse exclusivamente con cheques nominativos o transferencias formales.

Art. 70.- Los partidos políticos tendrán derecho, además del subsidio electoral, a los aportes anuales que el Estado les asigne, de conformidad con este Código, los cuales deberán ser destinados a actividades de:
a) formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas, principios y valores;

b) capacitación de simpatizantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos políticos;

c) investigación de la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de intención de voto; y,

d) funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar actividades y publicidad electoral.

Para el financiamiento de las actividades descriptas en los incisos a), b) y c), deberán destinar no menos del treinta por ciento (30%) de lo que reciban en concepto de aporte estatal.

Art. 71.- El Presupuesto General de la Nación contemplará anualmente una partida global a nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuida por el mismo en concepto de aporte del Estado entre los partidos políticos reconocidos e inscriptos. El monto de este aporte no será inferior al cinco por ciento (5%) ni superior al quince por ciento (15%) del jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto obtenido por los partidos políticos en las últimas elecciones para el Congreso, y deberá ser íntegramente entregado dentro de los primeros noventa días del año. Solo participarán en esta distribución los partidos políticos que acrediten haber obtenido un número de votos en las últimas elecciones para el Congreso no inferior al dos por ciento (2%) del padrón electoral.
En el caso de las alianzas, este aporte será distribuido proporcionalmente al número de bancas que ocupe cada partido que hubiere integrado la misma en la Cámara de Senadores.

Art. 72.- El pago íntegro del aporte estatal a ser entregado a los partidos políticos solo se realizará si el mismo presentó en tiempo y forma los instrumentos de control contable y de gestión correspondiente al último ejercicio, de conformidad al artículo 66 de este Código, y si su asignación se adecuó a las generales del artículo 70 de este Código.

Art. 98.- La cédula de identidad será el único documento válido para la identificación del elector, tanto para su inscripción en el Registro Cívico Permanente, como para la emisión del voto. La misma, vigente o de fecha vencida, será utilizada como documento electoral de modo permanente, sin perjuicio de la normativa policial al respecto. Su expedición a los fines electorales por única vez será gratuita, luego será a precio de costo, el que será determinado por el Ministerio del Interior y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Art. 106.- Cada distrito electoral de la República tendrá un Registro Cívico Permanente de electores para cargos de Presidente de la República, miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados, Parlamentarios del Mercosur, Gobernador, Junta Departamental, Intendente Municipal, miembros de Juntas Municipales, Convencionales Constituyentes y Referéndum.

Art. 122.- Los padrones de extranjeros se ceñirán a los mismos plazos y deberán confeccionarse por separado para su utilización en las elecciones municipales.
Los ciudadanos extranjeros con radicación definitiva en la República, que estén habilitados para ejercer su derecho electoral en otro país, estarán inhabilitados para ejercer el derecho electoral en nuestro país, a pesar de su residencia permanente.
La Justicia Electoral en coordinación con la Dirección General de Migraciones, tendrá a su cargo el cruzamiento de datos de las personas inscriptas en el padrón nacional, con los padrones electorales de los países limítrofes, para evitar que los ciudadanos extranjeros inscriptos en el país de su nacimiento, puedan inscribirse en el Registro Cívico Permanente y por tanto no puedan ser electores, ni electos Intendentes o Concejales en las elecciones Municipales.

Art. 135.- La inscripción se solicitará en formulario triplicado que será firmado por el interesado y los inscriptores y presentada al Registro Electoral Distrital.
Los que no sepan firmar o que no puedan hacerlo estamparán su huella digital en la solicitud.
Los datos que deberá contener la solicitud son los siguientes:
a) distrito;
b) fecha;
c) apellidos y nombres, según conste en la cédula de identidad;
d) estado civil;
e) domicilio;
f) profesión u oficio;
g) sexo;
h) fecha de nacimiento;
i) nacionalidad; y,
j) número de cédula de identidad exhibida.
En caso de inscripción de paraguayos residentes en el extranjero, se considerará documento válido indistintamente la cédula de identidad o el pasaporte.
El interesado suministrará personalmente los datos requeridos, bajo juramento o promesa de ser verdaderos, asumiendo la responsabilidad penal por las declaraciones de mala fe. Dicha responsabilidad se extiende a la declaración de que no le afecta inhabilidad para inscribirse.

Art. 153.- Las elecciones nacionales y municipales serán convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con por lo menos seis meses de antelación a la fecha de los comicios. La resolución que convoque a elecciones deberá ser fundada y comunicada a los tres Poderes del Estado y a la Dirección del Registro Electoral, la cual de inmediato adoptará las providencias del caso y dará amplia publicidad a la convocatoria en la que deberán expresarse:
a) Fecha de elección nacional o municipal;
b) Fecha de realización de las elecciones en los partidos y movimientos políticos para la elección de candidatos;
c) Cargos a ser llenados (clase y número);
d) Distritos electorales en los que deben realizarse; y,
e) Determinación de los colegios electorales de acuerdo con los cargos a ser llenados.

Art. 154.- Se establecen dos períodos electorales para las elecciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y partidarias.
Período Electoral Nacional. Las elecciones nacionales se realizarán en el mes de abril o mayo del año respectivo. Los partidos y movimientos políticos elegirán su candidato a presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, concejales departamentales y, según corresponda, autoridades partidarias, en elecciones que se realizarán en forma simultánea, el día domingo ubicado entre los noventa y ciento veinte días antes de la fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva.
Período Electoral Municipal. Las elecciones de intendentes y concejales municipales se realizarán en el mes de octubre o de noviembre del año correspondiente, treinta meses después de las elecciones generales. Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a intendentes y concejales municipales y, según corresponda, autoridades partidarias, en las que se realizarán en forma simultánea en el día domingo ubicado entre los noventa y ciento veinte días antes de fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva.
Vacancia Definitiva de la Vicepresidencia. Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia de la República durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla dentro de los treinta días de producida y la elección se realizará dentro de los ciento veinte días posteriores a la convocatoria. Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a la Vicepresidencia de la República en elecciones que se realizarán en forma simultánea, el día domingo ubicado entre los sesenta y sesenta y seis días antes de la fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva.
Destitución de Gobernadores e Intendente. En caso de destitución de gobernadores e intendentes, la convocatoria a elecciones para cubrir la vacancia deberá ser efectuada dentro de los diez días de producido el hecho y las elecciones deberán realizarse dentro de los ochenta días después de la convocatoria. Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a gobernadores e intendentes en elecciones que se realizarán en forma simultánea, el día domingo ubicado entre los cuarenta y los cuarenta y seis días antes de la fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva.
Vacancia Definitiva de la Gobernación. Si se produjere la vacancia por renuncia, impedimento definitivo o muerte del Gobernador durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla dentro de los mismos plazos previstos para los casos de destitución de Gobernadores e Intendentes. Si la vacancia se produjera en los últimos dos años, la Junta Departamental, por mayoría absoluta, designará de entre sus miembros al que cumplirá con dichas funciones hasta completar el período respectivo.

Art. 157. La presentación de candidatos o listas de candidatos contendrá:

a) Comunicación del partido, movimiento político, alianza o concertación, en su caso.

b) Nominación y constitución de domicilio de los apoderados del partido, movimiento político, alianza o concertación. A tal domicilio se remitirán todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos, entendiéndose que el mandato faculta al o a los apoderados a actuar en los procedimientos judiciales a que pudiera dar lugar la candidatura.

c) Aceptación de la candidatura suscrita por el o los postulados.

Art. 170.- La votación será hecha en boletines únicos divididos en espacios cuadriláteros de cuatro centímetros. Cada espacio tendrá un color y número diferenciado. El color será propuesto por los partidos, movimientos políticos y alianzas reconocidos con el número que le sea adjudicado por la Justicia Electoral, los cuales pasarán a ser propiedad exclusiva de los mismos mientras subsistan.
Habrá un solo boletín para el cargo de Presidente y de Vicepresidente de la República, uno para la Cámara de Senadores, otro para la Cámara de Diputados que se integrará conforme lo establece el Artículo 221 de la Constitución Nacional, uno para Parlamentarios del Mercosur, uno para Convencionales Constituyentes, uno para Gobernador, uno para Junta Departamental, uno para Intendente Municipal y uno para Junta Municipal, respectivamente, con mención de los cargos a llenarse y el período correspondiente.

Art. 171.- Los boletines para las elecciones nacionales y de las internas de los partidos y movimientos políticos serán de la forma y requisitos establecidos en el artículo anterior. El contenido y los colores del modelo oficial serán fijados por la Justicia Electoral. En los boletines para los cargos pluripersonales, en particular de senadores, diputados, Juntas Departamentales y Juntas Municipales deberán figurar el nombre, la fotografía impresa del rostro del primer candidato de la lista que encabeza y el número de cada partido.

Art. 195.- En el día de los comicios queda prohibido:
a) la aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar;
b) la portación de armas, aun mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior;
c) la celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios;
d) el expendio de bebidas alcohólicas;
e) la instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en el radio mencionado en el inciso a) de este artículo; y,
f) el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro aparato capaz de captar o trasmitir imágenes que hagan posible vulnerar el secreto del voto.
El que transgreda el inciso f) de este artículo, será sancionado con una multa conforme a lo establecido en el Artículo 332 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 278 y 280 del Código Penal para los autores y partícipes de los hechos punibles tipificados en los mismos.

Art. 208.- La identificación del elector y el derecho a votar se acredita con la cédula de identidad, la que será entregada al turno de votar.
Para la votación de paraguayos residentes en el extranjero, se considerará documento válido indistintamente la cédula de identidad o el pasaporte. Para estos casos, se estará a lo consignado en el padrón respectivo como documento del elector.

Art. 241.- La Convención Nacional Constituyente se integrará con el número de ciudadanos convencionales establecidos en la Ley especial a dictarse para el efecto y no podrá exceder del total de los miembros del Congreso. Serán electos por el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional; de acuerdo con los términos del Artículo 258 de este Código.

Art. 246.- Son elegibles para desempeñarse como senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, los que hallándose en ejercicio de su derecho de sufragio pasivo reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Nacional y no se hallen comprendidos en las inhabilidades establecidas en la misma.

Art. 247.- Los senadores serán electos por el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional; de acuerdo con los términos del Artículo 258 de este Código. Los diputados serán electos por el sistema de lista cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional de acuerdo a los términos del Artículo 258 de este Código; en colegios electorales departamentales, en los cuales la cantidad de bancas será distribuida en proporción con el número de electores de cada departamento, incluida la ciudad de Asunción como circunscripción electoral propia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 221 de la Constitución Nacional y el Artículo 6o inciso i) de la Ley N° 635/95 “QUE REGLAMENTA LA JUSTICIA ELECTORAL”.

Los parlamentarios del Mercosur serán electos por el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional, de acuerdo con los términos del Artículo 258 de este Código.

Art. 248.- La elección para senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, tendrá lugar simultáneamente con la que se realice para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, salvo las modificaciones que pudieran surgir como consecuencia de las disposiciones previstas al respecto por el Consejo del Mercosur, de conformidad con el Protocolo.

Art. 249.- La elección de gobernadores se hará por simple mayoría de votos y de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 161 de la Constitución Nacional. Los miembros de juntas departamentales serán elegidos, en boletines separados del gobernador, por el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional de acuerdo a los términos del Artículo 258 de este Código.

Art. 250.- Las autoridades de la junta municipal serán electas en comicios que se realizarán en el distrito electoral correspondiente a cada municipio sobre la base de las listas de candidatos que contemplen la totalidad de los cargos a elegir e integrada por el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional, de acuerdo a los términos del Artículo 258 de este Código.

Art. 251.- Para ser candidato a miembro de las Juntas Municipales es necesario ser ciudadano nacional o extranjero, inscripto en los padrones respectivos, reunir los requisitos establecidos en la Ley “Orgánica Municipal” y hallarse en el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Los Intendentes Municipales o los que se hallaren desempeñando tales funciones por designación podrán ser candidatos a miembros de las Juntas Municipales siempre que hubieren renunciado al cargo tres meses antes de la fecha convocada para las elecciones.

Art. 254.- Las incompatibilidades para el ejercicio del cargo son las establecidas en la Constitución Nacional y en este Código. El ejercicio de funciones de miembros de la Junta Municipal no constituye causal de inhabilidad para la designación como Intendente Municipal.

Art. 257.- El Intendente podrá ser reelecto por el voto popular por una sola vez, de manera consecutiva o alternada. Si se postula para la reelección en el período inmediato siguiente al de su mandato, deberá renunciar al cargo tres meses antes de la fecha establecida para las elecciones. Los miembros de las Juntas Municipales podrán ser reelectos.

Art. 258.- Los convencionales constituyentes, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, así como los miembros de las juntas departamentales y municipales, serán electos en comicios directos, sobre la base del sistema proporcional, en listas completas, cerradas y desbloqueadas.

Para el efecto, el elector votará al candidato de su preferencia dentro de la casilla del Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza de su preferencia.

El voto consignado para el candidato de su preferencia, y se establecerá, conforme a las reglas de la mayoría simple, el orden que este ocupará dentro de la lista del Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza.

En caso de empate entre candidatos votados de manera preferencial dentro de una misma lista, la cuestión se definirá en favor del orden inicial propuesto por el Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza respectivo.

En caso de que la cantidad de candidatos individualmente elegidos mediante el voto preferencial no alcance para llenar el número de bancas o escaños obtenidos por el Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza respectivo; los lugares faltantes serán llenados con los nombres propuestos por la lista original, según el orden en ella establecido, excluyendo, los de aquellos que hayan obtenido votos preferenciales.

Del mismo modo los votos preferenciales totales de cada lista, establecerá la cantidad de escaños que obtendrá el Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza respectiva, en la elección que corresponda para las candidaturas pluripersonales.

Una vez obtenido el orden de la lista de los candidatos más votados dentro de las listas de cada Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza respectiva, se determinará la cantidad de escaños que les corresponde a cada lista, conforme al sistema D’Hondt.

a. Se ordenan, de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos por todas las listas;
b. Se divide el número de votos obtenidos por cada lista por 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), etc., hasta formar tantos cocientes como escaños por repartir existan,
conforme al siguiente ejemplo:

División por | 1 | 2 | 3 | 4 |

Lista A | 168.000 | 84.000 | 56.000 | 42.000

Lista B | 104.000 | 52.000 | 34.666 | 26.000

Lista C | 72.000 | 36.000 | 24.000 | 18.000

Lista D | 64.000 | 32.000 | 21.333 | 16.000

Lista E | 40.000 | 20.000 | 13.333 | 10.000

c. Las bancas o escaños se atribuirán a las listas que hubieran obtenido los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.
d. Cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido, y si subsistiere el empate entre las listas, se resolverá por sorteo.
El voto preferencial emitido a favor de cualquiera de los candidatos de la lista se computará también para la lista de candidatos suplentes conforme a la propuesta formulada por el Partido, Movimiento Político, Concertación o Alianza Política.

El presente sistema de votación y asignación de bancas o escaños para cargos electivos de cuerpos colegiados será de aplicación obligatoria en las elecciones internas de los Partidos, Movimientos Políticos, u otras organizaciones similares, y en las elecciones generales.

Este procedimiento será utilizado, también con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales de las organizaciones intermedias.

Art. 266.- Los electores pueden ejercer la iniciativa popular en las condiciones establecidas en el presente código electoral. El derecho reconocido por la Constitución Nacional a favor de los electores para proponer como iniciativa popular Proyectos de Ley requiere la presentación de una propuesta legislativa que deberá contener lo siguiente:

a) texto articulado del proyecto de Ley dotado de unidad substantiva, precedido de una exposición de motivos.

b) la firma de por lo menos el 2% (dos por ciento) de los electores inscriptos en el Registro Cívico Permanente, identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad civil, cuyas firmas deberán ser recogidas en pliegos proveídos por la Justicia Electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la Capital.

Art. 273.- El Estado se obliga a resarcir gastos incurridos por los promotores con el equivalente al 3% (tres por ciento) del jornal mínimo vigente para actividades diversas no especificadas por firma de cada elector recogidas únicamente en los pliegos proveídos por la Justicia Electoral, siempre que el Proyecto de Ley presentado bajo la iniciativa popular quede convertido en Ley de la República. El resarcimiento deberá ser entregado íntegramente a los mismos dentro de los primeros 90 (noventa) días siguientes a la promulgación de la Ley presentada bajo la iniciativa popular.

Art. 330.- El administrador de la campaña electoral o la autoridad partidaria competente, que con el propósito de engañar, falsee o manipule cualquiera de los instrumentos de control contable o de gestión establecidos en los artículos 66 y 281 de este Código, incurrirá en la comisión del hecho punible de Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso previsto en el artículo 250 del Código Penal.

Art. 336.- El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los artículos 68 y 282 de este Código, realizare donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado.

El partido, movimiento político o alianza que se haya beneficiado con tal contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento (50%) de todo aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años.