Artículo 1°.- Objeto.
La presente ley tiene por objeto regular el Mercado de Valores y Productos, los servicios y actividades de inversión con el fin de proteger a los inversionistas, promover un mercado equitativo, íntegro, eficiente y transparente, y reducir el riesgo sistémico.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.

La presente ley es aplicable a la actividad de emisión, oferta pública, negociación, intermediación, administración y asesoramiento de valores y productos de inversión, y a todas las actividades relacionadas con éstas; a los valores y productos, fondos patrimoniales de inversión de oferta pública y patrimonios autónomos de oferta pública que administren las entidades supervisadas; así como a las personas físicas y jurídicas que participen en el Mercado de Valores y Productos.

Se incluyen a las bolsas de valores y productos, cajas de valores, casas de bolsa, emisores de valores, inversionistas, sociedades administradoras de fondos patrimoniales de inversión, securitizadoras o titulizadoras, calificadoras de riesgos, cámaras compensadoras, auditores externos, representantes de obligacionistas, cuando actúen en el ámbito de la presente ley, operadores, corredores de productos, asesores de inversión, y las demás personas físicas o jurídicas participantes del Mercado de Valores y Productos que determine el Banco Central del Paraguay por resolución fundada.

Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a los valores emitidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Financiera de Desarrollo o el Banco Central del Paraguay.

La regulación, supervisión y el control de los emisores de valores se limitará al cumplimiento efectivo y eficiente de las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones en cuanto a la emisión, oferta pública e inscripción de valores ofertados, régimen de información; no comprenderá la supervisión y el control de las actividades propias del objeto social.

Artículo 4°.- Restricciones sobre el uso de términos.

Se reserva en forma exclusiva el uso de las expresiones “bolsa”, “bolsa de valores”, “casa de bolsa”, “bolsa de productos”, “corredoras de productos”, “administradora de fondos”, “fondo mutuo”, “fondo de inversión”, “securitizadoras o titulizadoras”, “sociedades emisoras de capital abierto”, “caja de valores”, “cámara de compensación” y “calificadoras de riesgo” u otras semejantes o equivalentes en cualquier idioma, y aquellas que establezca la Superintendencia de Valores, que impliquen la facultad de realizar algunas de las actividades que estén sometidas a las disposiciones que rigen el Mercado de Valores y Productos, para ser utilizadas conforme a la presente ley, por las personas físicas y jurídicas mientras gocen de la autorización para operar correspondientemente.

Quienes contravinieren estas previsiones incurrirán en las penalidades previstas en la presente ley.

La Superintendencia de Valores podrá dictar medidas de cese y abstención inmediatas ante el uso indebido de denominaciones reservadas y ordenar la remoción de publicidad engañosa disponiendo el plazo máximo para el efecto. La reincidencia constituirá agravante.

Artículo 6°.- Naturaleza y finalidad.

La Superintendencia de Valores es un órgano técnico que forma parte del Banco Central del Paraguay, goza de autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, y tiene las funciones y organización que la presente ley establece.

Su finalidad es supervisar, controlar y vigilar al Mercado de Valores y Productos, los servicios y actividades de inversión con el fin de proteger a los inversionistas, para promover un mercado equitativo, íntegro, eficiente y transparente, y reducir el riesgo sistémico.

Artículo 7°.- Funciones.

Corresponderá a la Superintendencia de Valores las siguientes funciones:

a) Supervisar, controlar y vigilar, de manera proporcionada, efectiva y eficiente el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones.

b) Supervisar a las personas físicas o jurídicas que la presente ley u otras leyes así le encomienden, así como también a las que disponga el Directorio del Banco Central del Paraguay en ejercicio de su atribución establecida en el inciso i) del artículo 5° de la presente ley.

c) Velar por la eficiente formación de los precios en los mercados.
d) Promover y fomentar la adopción de prácticas de valoración a precios de mercado que aseguren que los valores reflejen su valor razonable en el mercado.

e) Llevar el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, disponiendo la inscripción de las personas físicas y jurídicas, los valores, productos y otros registros al que deberán inscribirse, así como el acceso público a la información de dicho registro conforme al régimen establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

f) Ejercer las demás funciones conforme a las disposiciones legales pertinentes y las resoluciones dictadas por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

Artículo 8°.- Atribuciones.

Corresponderá a la Superintendencia de Valores las siguientes atribuciones:

a) Dictar reglamentos cuando dicha facultad le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay o cuando la ley expresamente así lo disponga.

b) Autorizar la oferta pública de valores.

c) Establecer los requisitos mínimos de idoneidad, acceso y permanencia en el Mercado de Valores y Productos exigibles a las entidades y sujetos supervisados, así como los criterios para la suspensión y/o cese temporal de operaciones y para la exclusión de éstas, cuando dicha atribución le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

d) Elevar a consideración del Directorio del Banco Central del Paraguay su parecer técnico a los efectos de conceder o revocar las autorizaciones para operar a las entidades y sujetos supervisados, de acuerdo con criterios de legalidad, oportunidad y conveniencia, requiriendo a sus efectos la información que considere necesaria.

e) Conceder o revocar la autorización para operar a las entidades y sujetos supervisados, conforme a las condiciones previstas en la presente ley y las reglamentaciones pertinentes, cuando dicha atribución le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

f) Autorizar los procesos de fusión, transformación y liquidación de las entidades y sujetos supervisados, cuando dicha atribución le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

g) Formular advertencias o requerimientos de obligada observancia a las entidades y sujetos supervisados, y disponer la adopción de medidas preventivas y correctivas que considere oportunas.

h) Disponer las medidas de salvaguarda previstas en la presente ley.

i) Ordenar la suspensión o el cese inmediato de:

1) La oferta pública: cuando se presentaren indicios de que en las negociaciones objeto de la oferta se ha procedido en forma engañosa o irregular, o si la información proporcionada no refleje adecuadamente la situación financiera, patrimonial o jurídica del emisor y en general, por requerirlo el interés público.

2) La propaganda o información publicitaria: de las personas que realicen oferta pública de valores, o que ofrezcan servicios de intermediación, administración de fondos patrimoniales de inversión o actividad bursátil, cuando sean contrarias a la ley o a su reglamentación, o cuando estas se consideren engañosas o con afirmaciones o datos no verídicos.

3) Toda operación, acto y actividad:

i. De quienes no cuenten con la debida autorización para realizar las operaciones, actos y actividades que estén sometidas a las disposiciones que rigen el Mercado de Valores y Productos, a cuyo efecto, la Superintendencia de Valores podrá tomar las acciones necesarias para el efecto.

ii. Considerada contraria a la ley o a sus reglamentos, o que impliquen un riesgo indebido para los inversionistas y para el correcto funcionamiento del Mercado de Valores y Productos.

j) Proponer al Directorio del Banco Central del Paraguay la instrucción de sumarios administrativos a las entidades y sujetos supervisados.

k) Requerir a cualquier juez competente el allanamiento o el auxilio de la fuerza pública para el ingreso a las oficinas o locales de los supervisados, con el fin de obtener las informaciones y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus labores de supervisión y control, en caso de resistencia o negativa de proveer lo solicitado por parte de estos.

l) Exigir a los supervisados mecanismos de cobertura adicionales, según la naturaleza de estos, según los riesgos asumidos en razón al volumen de las operaciones, de los endeudamientos que los afectaren o de otras circunstancias que así lo justifiquen, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

m) Requerir de los supervisados, de sus socios, de sus acreedores y deudores, toda información necesaria para evaluar los riesgos inherentes.

n) Requerir a los supervisados información veraz, suficiente y oportuna, así como la exhibición de sus libros de comercio, registros y documentos, conforme al régimen de información que será establecido en la reglamentación que la Superintendencia de Valores dicte al efecto.

o) Informar a los supervisados el resultado de las inspecciones practicadas, puntualizando las irregularidades, deficiencias o debilidades verificadas, y requerir la adopción de las medidas correctivas necesarias, en los plazos y condiciones que establezca el supervisor, sin perjuicio de las medidas adicionales que pueda disponer en salvaguarda del interés público.

p) Informar y advertir al público en general respecto a publicaciones engañosas, ofertas o personas no autorizadas y otros hechos que supongan un riesgo para los inversionistas y el público en general.

q) Autorizar los conceptos de los aranceles que podrán percibir los supervisados, las condiciones para su percepción y los parámetros para la determinación del respectivo monto.

r) Establecer normas generales de control interno, gestión y contabilidad de los supervisados, y determinar los principios conforme con los cuales deberán llevar esta última; requerir ajustes específicos en los sistemas de control interno y gestión de riesgos de los supervisados.
s) Establecer los formatos, modelos, metodologías de cálculo, parámetros y procedimientos necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones por parte de los supervisados.

t) Examinar y exigir, sin restricción alguna, todos los registros, libros, papeles, correspondencia, y documentos de los supervisados y, en general, solicitar toda la información y antecedentes que le permitan tomar conocimiento del estado, desarrollo y solvencia de estos, y de la forma en que se cumplen las disposiciones legales.

u) Difundir o exigir la difusión de información o documentación relativa a los supervisados, conforme al régimen de transparencia y divulgación informativa accesible que será establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

v) Convocar o suspender por resolución fundada las convocatorias de asambleas o las mismas asambleas, en los casos y conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

w) Requerir al directorio de la sociedad u otro órgano de gobierno o de control de una entidad supervisada que sesione, con el fin de que se pronuncie sobre las materias que se sometan a su decisión, o que convoque a asambleas, sin perjuicio de su facultad para convocarlas directamente.

x) Investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, administradores, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de su competencia y de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto.

y) Requerir a los supervisados la implementación de sistemas de valoración a precios de mercado conforme a los lineamientos y metodologías establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

z) Ejercer las demás atribuciones conforme a las disposiciones legales pertinentes y las resoluciones dictadas por el Banco Central del Paraguay.

Artículo 9°.- Designación y duración del cargo de Superintendente de Valores.

La Superintendencia de Valores actuará bajo la dirección del Superintendente de Valores, quien será designado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos seleccionados por el Directorio del Banco Central del Paraguay. Durará 5 (cinco) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

Artículo 10.- Requisitos para el cargo de Superintendente de Valores.

El Superintendente de Valores deberá ser de nacionalidad paraguaya, poseer título universitario y tener probada idoneidad en materia bursátil, económica, financiera, jurídica o afines.

Artículo 12.- Cese del cargo de Superintendente de Valores.

El Superintendente de Valores cesará en su cargo por:

a) Expiración del plazo de su designación. Sin embargo, permanecerá en funciones hasta tanto el Poder Ejecutivo haga efectiva la nueva designación correspondiente.

b) Renuncia.

c) Alguna inhabilidad, incapacidad o causa sobreviniente que le impida ejercer el cargo.

d) El mal desempeño de sus funciones, determinada por el Directorio del Banco Central del Paraguay.

e) Condena por hechos punibles dolosos.

Artículo 13.- Responsabilidad del Superintendente de Valores y funcionarios de la Superintendencia de Valores.

El Superintendente de Valores y los funcionarios de la Superintendencia de Valores son responsables por el fiel cumplimiento de sus funciones establecidas en la presente ley.

A los efectos de garantizar la independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones, el Superintendente de Valores y los funcionarios de la Superintendencia de Valores, no podrán ser objeto de acciones legales, civiles o penales, derivadas de sus decisiones o acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, de buena fe y dentro de los límites de su competencia y atribuciones. Corresponde al afectado demostrar el perjuicio directo ocasionado, así como la irregularidad y mala fe de las decisiones o acciones realizadas por parte de los funcionarios.

Artículo 15.- Requisitos de autorización y de inscripción en el registro.

Únicamente el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Valores en su caso, podrá autorizar toda operación, acto y actividad que estén sometidas al ámbito de aplicación de la presente ley.

Adicionalmente a los previstos en la presente ley, serán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto, los requisitos que deberán cumplir:

a) Las personas físicas y jurídicas que participan en el Mercado de Valores y Productos, a los efectos de su autorización para operar en el Mercado de Valores y Productos e inscripción en el registro.

b) Los valores y productos que sean objeto de oferta pública, a los efectos de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

c) La oferta pública, a los efectos de su autorización.

d) Los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública y patrimonios autónomos de oferta pública que administren las entidades supervisadas, a los efectos de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Los solicitantes acreditarán idoneidad, gobierno corporativo mínimo, verificación del beneficiario final, políticas efectivas de prevención de lavado de dinero, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 16.- De la autorización para operar.

El Directorio del Banco Central del Paraguay, previo parecer técnico de la Superintendencia de Valores, resolverá sobre las solicitudes de autorización para operar e inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos de las personas físicas y jurídicas que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley: acerca de la solicitud, se deberá expedir dentro de los 3 (tres) meses siguientes computados desde el momento en que sea completada la documentación exigida a tal efecto.

Las autorizaciones concedidas caducarán al año de haberse otorgado, si la entidad o el sujeto supervisado no iniciare sus operaciones en ese plazo sin justificación aceptada por el Banco Central del Paraguay.

Artículo 17.- Denegación de solicitud.

Será denegada la solicitud:

a) Cuando el solicitante no complete los recaudos exigidos dentro de los seis meses posteriores a su requerimiento, no pudiendo presentarse otra solicitud dentro de los 12 (doce) meses siguientes.

b) Cuando no se cumplan los requisitos establecidos y en especial cuando, atendiendo la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la supervisada, no quede plenamente satisfecho con la idoneidad del proyecto, con el perfil de los directores, administradores o fiscalizadores.

c) Cuando las estructuras de propiedad, o la conformación del grupo económico-financiero al que pertenece la persona solicitante puedan, a criterio de la Superintendencia de Valores, generar riesgos que afectan la estabilidad del sistema u obstaculizar la supervisión efectiva y oportuna de sus actividades.

d) Atendiendo a criterios de oportunidad y conveniencia.

En el estudio de las solicitudes, se considerará:

1) El perfil de la persona física solicitante.

2) El perfil de los accionistas que ejerzan influencia o control sobre la persona jurídica solicitante, cuando representen una tenencia accionaria igual o superior a la que determine el Banco Central del Paraguay en la reglamentación que se dicte al efecto, su capacidad económica para efectuar futuras capitalizaciones, y la fehaciente acreditación del origen de los fondos que se utilizarán para constituir el capital social de la entidad supervisada.

El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá delegar al Superintendente de Valores la concesión de la autorización para operar de las entidades y sujetos supervisados que no sean bolsas de valores y productos, casas de bolsa, sociedades administradoras de fondos patrimoniales de inversión y cajas de valores, en cuyo caso se seguirá el procedimiento previsto en la presente ley para el trámite ante la Superintendencia de Valores.

Artículo 18.- Trámite ante la Superintendencia de Valores.

Para conceder la autorización para operar a las entidades y sujetos supervisados, cuando dicha facultad le sea delegada por el Directorio del Banco Central del Paraguay y proceder a su consecuente inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, la Superintendencia de Valores dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud y de los recaudos, documentos e informaciones que fuesen exigidos.

Para proceder a la inscripción de los valores y productos, y de los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública y patrimonios autónomos de oferta pública que administren las entidades supervisadas en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, la Superintendencia de Valores dispondrá de un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud y de los recaudos, documentos e informaciones que fuesen exigidos.

Dichos plazos se suspenderán si la Superintendencia de Valores, mediante comunicación escrita, requiera al solicitante información adicional, la modificación de la petición o la rectificación de los antecedentes.

El solicitante dispondrá de 20 (veinte) días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de la notificación, prorrogables por motivos debidamente fundados por hasta un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, para la remisión de lo requerido. Si el solicitante no procede a dar contestación en los plazos señalados, su solicitud quedará sin efecto.

Contestada la notificación por parte del solicitante, la Superintendencia de Valores dispondrá de 20 (veinte) días hábiles para expedirse al respecto.

Salvo las excepciones establecidas en la reglamentación, una vez denegada la solicitud, esta no podrá presentarse nuevamente sino luego de transcurrido el plazo que será dispuesto en el mismo cuerpo legal de acuerdo con las razones que motivaron la denegatoria.

La Superintendencia de Valores podrá denegar la solicitud en el caso de que se den uno o más de los supuestos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo 17 de la presente ley.

Artículo 19.- De la Inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Se inscribirán en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y sus reglamentaciones:

- Los valores y productos que sean objeto de oferta pública.

- Los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública y patrimonios autónomos de oferta pública que administren las entidades supervisadas.

Se inscribirán en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, previa autorización para operar y cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y sus reglamentaciones:

a) Los emisores.

b) Las bolsas de valores y de productos.

c) Las casas de bolsa.

d) Las sociedades administradoras de fondos.

e) Las sociedades calificadoras de riesgo.

f) Las cajas de valores.

g) Los representantes de obligacionistas.

h) Los corredores de productos.

i) Los operadores bursátiles y de mesa de negocio.

j) Los asesores de inversión.

k) Los auditores externos sujetos a la presente ley.

l) Las cámaras compensadoras sujetas a la presente ley.

m) Las sociedades securitizadoras.

n) Los que determinen otras leyes o la reglamentación.

El registro es público y las certificaciones que su inscripción otorgue harán plena fe.

La forma, el ordenamiento y los medios de publicidad del Registro Público del Mercado de Valores y Productos serán establecidos en el régimen dispuesto en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 20.- Obligatoriedad de la inscripción en el registro.

Las entidades y los sujetos supervisados podrán operar en el mercado a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Podrá realizarse oferta pública de valores únicamente cuando éstos y su emisor se encuentren inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Las excepciones de carácter general, así como la exoneración del cumplimiento de alguno/s de los requisitos de la presente ley a ciertas ofertas públicas, será establecida por la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 21.- Del registro de productos.

Los productos a ser registrados en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos serán:

a) Los tipos homogéneos de bienes físicos que pueden transarse en las bolsas, conjuntamente con los padrones que deban cumplir respecto a normas de calidad, cantidad, volumen, peso y estandarización.

b) Los títulos representativos de los tipos de productos.

c) Los modelos de contratos a término, futuros y opciones sobre futuros de productos.

d) Otros previstos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Podrán negociarse en bolsa únicamente los productos que correspondan a los padrones que se encuentren inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

El Banco Central del Paraguay determinará los productos físicos y activos subyacentes distintos a los productos físicos para los contratos de derivados a ser negociados tanto en la bolsa de valores como en las bolsas de productos.

Artículo 22.- Registro público de personas vinculadas.

La Superintendencia de Valores dispondrá adicionalmente un registro público de personas vinculadas a los supervisados y de las operaciones realizadas entre ellas, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto, con el propósito de facilitar la divulgación de la información.

Artículo 23.- Requisitos de permanencia en el Mercado de Valores y Productos.

Los supervisados deberán observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que establezca la presente ley y su reglamentación, para mantener su autorización para operar y/o su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

La falta de cumplimiento de tales requisitos hará incurrir al supervisado en la aplicación de medidas y de sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación.

Artículo 24.- Requisitos tecnológicos.

Los supervisados deberán acreditar, a satisfacción del Banco Central del Paraguay, que cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades reguladas, a los efectos de obtener y mantener la autorización para operar y/o su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Artículo 25.- Retiro voluntario del Mercado de Valores y Productos ante una solicitud de revocación de la autorización para operar.

Las personas físicas y jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley que deseen retirarse voluntariamente del Mercado de Valores y Productos deberán solicitar a la Superintendencia de Valores la revocación de su autorización para operar y la cancelación de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

A dicho efecto, se deberán ajustar a lo siguiente:

a) Las personas jurídicas que tengan un procedimiento especial establecido en la presente ley se regirán por las normas dispuestas en los apartados pertinentes de la misma y en la reglamentación que se dicte al efecto.

b) Las personas físicas y jurídicas que no tengan un procedimiento especial establecido en la presente ley y administren recursos, títulos o bienes de terceros, se regirán por la reglamentación que se dicte al efecto, la cual dispondrá los procedimientos de transferencia de las cuentas de los inversionistas y/o clientes a otros supervisados y las condiciones para acreditar el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas en el marco de la presente ley.

Cumplido el procedimiento a satisfacción de la Superintendencia de Valores, esta procederá a:

1) Elevar su parecer técnico y solicitar al Directorio del Banco Central del Paraguay la revocación de la autorización para operar de las entidades y sujetos supervisados y la cancelación de la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, cuando el Directorio haya otorgado la autorización de referencia.

2) Revocar la autorización para operar de las entidades y sujetos supervisados y cancelar la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, cuando el mismo haya otorgado la autorización de referencia en cumplimiento a la previa delegación de dicha atribución que haya realizado el Directorio del Banco Central del Paraguay.

Revocada la autorización para operar, las personas jurídicas con objeto social exclusivo procederán a su liquidación conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

Otras causales de revocación de la autorización para operar podrán ser establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 27.- Comparecencia de personas en investigaciones.

Podrá requerirse la comparecencia de cualquier persona física y representante legal, director o ejecutivo de cualquier persona jurídica, a los efectos de tomar declaración en el marco de investigaciones de supuestas faltas administrativas o delitos que afectan a los Mercados de Valores y Productos, tanto a nivel nacional como internacional.

La Superintendencia de Valores podrá tomar declaración a pedido de otras organizaciones u organismos internacionales o de autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de mercados de valores y productos de otros países.

En caso de incomparecencia, la Superintendencia de Valores requerirá al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno de la Capital la emisión de una orden judicial, la que será dictada en el día.

Artículo 28.- Acuerdos internacionales y cooperación.

El Banco Central del Paraguay podrá celebrar acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento o acuerdos de cooperación con organizaciones u organismos internacionales y con autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de Mercados de Valores y Productos en otros países, bajo condiciones de reciprocidad, acorde con los estándares internacionales de cooperación e intercambio de información.

Estos acuerdos deberán ser suscriptos bajo condiciones que garanticen que la información y documentación que reciban, tanto las entidades extranjeras, organizaciones u organismos internacionales y autoridades o agencias gubernamentales reguladoras y supervisoras de mercados de valores y productos en otros países, como sus funcionarios, empleados, y cualquier persona que pueda tener acceso a la información, estarán sometidos a las mismas obligaciones de secreto y confidencialidad que rigen para el Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Valores y sus funcionarios.

Asimismo, las partes y sus funcionarios deberán mantener la confidencialidad de los pedidos y/o suministro de información efectuados.

La Superintendencia de Valores, y cualquier organismo que reciba la información en el marco de acuerdos de cooperación y reciprocidad, o acuerdos multilaterales de cooperación en los que la Superintendencia de Valores sea parte, mantendrá el carácter de reservada, siendo su uso exclusivo para los fines solicitados, debiendo garantizarse la confidencialidad de la información.

Las obligaciones de secreto y confidencialidad rigen también para personas que con anterioridad han prestado servicios a la Superintendencia de Valores y de cualquier otra persona que tenga o hubiera tenido acceso a la información y documentación tanto pública como reservada y confidencial.

Artículo 29.- Información para la inmovilización de activos.

En el marco de los acuerdos de cooperación y reciprocidad, o acuerdos multilaterales de cooperación en los que la Superintendencia de Valores sea parte, ésta podrá proporcionar información para impulsar la inmovilización o el secuestro de fondos o activos localizados en el territorio nacional, siempre que dichas medidas resulten necesarias en el marco de procesos de investigación de supuestas faltas administrativas o hechos punibles que afectan al mercado de valores y productos, tanto a nivel nacional como internacional. Para dicho efecto adicionalmente podrá prestar auxilio y cooperación sobre los requerimientos legales necesarios para hacer efectivas las citadas medidas.

Artículo 39.- Criterios mínimos para identificar personas con interés y vinculadas.

Los criterios para identificar a las personas con interés y/o vinculadas a los supervisados o entre los supervisados, serán establecidas por la reglamentación que se dicte al efecto, la que tendrá en cuenta cuanto sigue:

a) La participación en el capital social.

b) La potestad de decisión en la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la entidad supervisada.

c) El ejercicio de cargos y funciones en la sociedad.

d) El activo comprometido.

e) La existencia de entidades matrices y controlantes comunes.

f) El nivel de endeudamiento entre las partes.

g) El grado de parentesco.

h) Otros factores que determine el Banco Central del Paraguay.

Artículo 40.- Condiciones que configuran conflictos de intereses y/o grados de vinculación.

Las condiciones que configuran conflictos de intereses, al igual que los grados de vinculación, se establecerán en la reglamentación que se dicte al efecto, la que reflejará la naturaleza y el nivel de la participación o influencia ejercida por las personas sobre los supervisados o entre los supervisados.

Asimismo, se especificará la metodología para determinar el grado de vinculación, además de las restricciones y obligaciones, y los procedimientos para el monitoreo y cumplimiento de estas disposiciones, asociadas a cada grado.

Artículo 41.- Facultades de la Superintendencia de Valores para evaluar conflictos de intereses y/o vinculaciones.

La Superintendencia de Valores tiene amplias facultades y podrá requerir de los supervisados y de las personas que potencialmente tengan interés o se encuentren vinculadas toda información necesaria para evaluar y en su caso, determinar la calificación de personas con interés y/o vinculadas.

De igual forma, la Superintendencia de Valores se encuentra facultada para requerir a cualquier persona información necesaria para la identificación de beneficiarios finales y efectuar análisis de conglomerados en coordinación con otras superintendencias.

Artículo 42.- Requerimiento de procedimientos de identificación de personas vinculadas.

Los supervisados deberán implementar procedimientos internos adecuados para identificar a las personas vinculadas, y clasificarlas según los niveles y grados establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto. Estos procedimientos deben ser revisados y actualizados periódicamente para asegurar su efectividad.

La información sobre las personas vinculadas deberá mantenerse actualizada y estar disponible para su revisión por parte de la Superintendencia de Valores.

Artículo 43.- Personas vinculadas por actuación conjunta.

La Superintendencia de Valores podrá calificar si entre dos o más personas existe acuerdo de actuación conjunta, por más que el instrumento respectivo no sea exhibido o no exista, tomando en consideración el número de empresas en cuya propiedad participen simultáneamente y la frecuencia de votación coincidente tanto para la elección de directores o administradores como en las asambleas extraordinarias de accionistas.

La Superintendencia de Valores podrá calificar como personas vinculadas a los supervisados, a aquellas que mediante acuerdo de actuación conjunta reúnan los requisitos que serán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 44.- Equidad en las operaciones entre personas vinculadas.

Las operaciones entre los supervisados y las personas vinculadas a ellos deberán conservar condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado, salvo autorización expresa de las asambleas respectivas.

Los directores serán responsables personalmente por las operaciones hechas en contravención a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 45.- Prohibición de participación recíproca entre supervisados y vinculados.

Entre los supervisados y sus personas vinculadas no podrá tenerse participación recíproca en sus respectivos capitales. Tampoco podrán hacerlo en forma indirecta, a través de otras personas físicas o jurídicas.

La participación recíproca en el capital que ocurra en virtud de fusiones o de adquisiciones del control de sociedades anónimas, deberá constar en las respectivas memorias y terminar en el plazo de 1 (un) año desde que la fusión o la adquisición se haya materializado.

Artículo 46.- Requerimiento de procedimientos de identificación de conflictos de intereses.

Los supervisados deberán identificar y gestionar de manera adecuada cualquier conflicto de intereses que pueda surgir en el ejercicio de sus actividades.

Los supervisados deben actuar con integridad y transparencia, priorizando siempre los intereses de los inversionistas y/o sus clientes y del mercado; deben abstenerse de realizar operaciones que impliquen conflictos de intereses en perjuicio de los inversionistas y/o sus clientes.

Los supervisados deberán establecer procedimientos internos adecuados para la identificación y evaluación continua de posibles conflictos de intereses, así como para la mitigación y divulgación de los posibles conflictos identificados. Estos procedimientos deben ser revisados y actualizados periódicamente para asegurar su efectividad.

Artículo 47.- Inhabilidades para accionistas de supervisados.

No podrán ser accionistas de los supervisados determinados en el ámbito de aplicación de la presente ley quienes estén comprendidos en las listas de sanciones financieras vinculadas al lavado de dinero, al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá determinar otras causales de inhabilidad para los accionistas en la reglamentación que se dicte al efecto, con el fin de velar por la integridad y eficiencia del mercado.

Artículo 48.- Inhabilidades para directivos y otros de entidades supervisadas.

No podrán ser directores, gerentes, administradores, apoderados, síndicos, operadores, corredores y auditores externos de los supervisados determinados en el ámbito de aplicación de la presente ley:

a) Las personas que hayan sido sancionadas por faltas administrativas graves con sanciones de inhabilitación o revocación de la autorización para operar, dispuestas por el Directorio del Banco Central del Paraguay, bolsas u otros reguladores nacionales o extranjeros.

b) Las personas que hayan sido condenadas por los hechos punibles establecidos en la presente ley, y en general, por hechos punibles contra el patrimonio y las relaciones jurídicas.

c) Las personas que estén en convocatoria de acreedores o que hayan sido declaradas en quiebra o estén inhibidas de vender o gravar sus bienes o que no gocen de la libre disposición de estos.

d) Los funcionarios públicos.

e) Las personas que tengan otros tipos de procesos en que se haya dictado medida cautelar preventiva o de interdicción.

f) Las personas que ejerzan una o más funciones que puedan conllevar conflictos de intereses o menoscabar la sana gestión de la entidad supervisada, de acuerdo con los criterios establecidos en otras disposiciones legales que rigen el sector financiero y/o de seguros, o en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 49.- Inhabilidades para representantes de obligacionistas.

Adicionalmente a las inhabilidades establecidas en los artículos 47 y 48 precedentes, no podrán ser representantes de obligacionistas las personas vinculadas con la sociedad emisora.

Si durante el ejercicio de la representación se produjere alguna inhabilidad sobreviniente, los representantes de obligacionistas se abstendrán de seguir actuando en tal carácter y renunciarán al cargo. Esta circunstancia deberá ser informada a la Superintendencia de Valores, la que convocará en el plazo más breve a asamblea de obligacionistas.

Artículo 50.- Inhabilidades e incompatibilidades para calificadoras de riesgo.

Adicionalmente a las inhabilidades establecidas en los artículos 47 y 48 precedentes, no podrán ser directores, gerentes, administradores, síndicos, auditores externos e integrantes del Comité de Calificación de las sociedades calificadoras de riesgo, como tampoco podrán estar en relación de dependencia con estas sociedades:

a) Las personas sujetas a las inhabilidades y prohibiciones establecidas para ser directores de sociedades anónimas y miembros del Consejo de Administración de Cooperativas.

b) Los que hayan sido sancionados por faltas graves.

c) Los funcionarios y empleados del Banco Central del Paraguay y del Instituto Nacional de Cooperativismo.

d) Otros determinados en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 51.- Inhabilidades e incompatibilidades para accionistas de calificadoras de riesgo.

No podrán ser accionistas de las sociedades calificadoras de riesgo:

a) Las personas mencionadas en el artículo 50 precedente al igual que el Estado, las gobernaciones, los municipios y los entes públicos.

b) Las bolsas de valores, intermediarios, así como sus directores, administradores, gerentes o empleados.

c) Los bancos y otras entidades financieras, cooperativas, compañías de seguros, empresas emisoras, así como sus directores, administradores, gerentes o empleados.

d) Las sociedades administradoras de fondos, así como sus accionistas, directores, administradores, gerentes o empleados.

e) Otros determinados en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 52.- Incompatibilidades para los miembros del comité de calificación.

Los miembros del Comité de Calificación deberán abstenerse de participar en cualquier proceso de calificación en el que:

a) Presten o hubieran prestado en los últimos 2 (dos) años asesoramiento o servicios de auditoría a la entidad a ser calificada en dicho proceso, o a sus sociedades vinculadas.

b) Tengan un interés directo o indirecto respecto de la entidad a ser calificada en dicho proceso, que pueda afectar la independencia de criterio necesaria para efectuar la calificación, conforme a lo establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 53.- Incompatibilidad de las calificadoras de riesgo en caso de conflictos de intereses.

Las sociedades calificadoras de riesgo, sus directores, administradores, gerentes, dependientes o empleados, no podrán calificar entidades y clientes de la sociedad calificadora con los que tengan un interés, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 61.- Obligación de informar.

Los sujetos supervisados deberán informar a la Superintendencia de Valores, a las bolsas y al público en general, respecto de su situación jurídica, económica, financiera y de otros hechos de importancia y/o relevantes sobre sí mismos, los valores emitidos y la oferta que de estos se haga, conforme al régimen de información establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

Esta información deberá ser divulgada en forma veraz, suficiente y oportuna, con la periodicidad, publicidad y en la forma dispuesta en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 62.- Publicidad engañosa y responsabilidad de la información divulgada.

La publicidad, información o prospectos divulgados al público por cualquier medio de comunicación, no deberán contener afirmaciones o promesas falsas o engañosas y, en ningún caso, podrán asegurar ni garantizar los resultados de la inversión.

Los supervisados son responsables por el contenido de la información divulgada, debiendo ser esta veraz, eficiente y oportuna.

Los directores o asimilados y síndicos son responsables solidarios por los perjuicios que eventualmente puedan causar la divulgación de información falsa o engañosa a terceros.

Artículo 63.- Comunicación previa de prospectos de emisión.

Todo prospecto, publicidad o propaganda realizada de la emisión, por cualquier medio de comunicación, en forma previa o posterior al registro del valor en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, deberá ser comunicada a la Superintendencia de Valores antes de su realización.

Artículo 64.- Prohibición de publicidad engañosa en emisiones y colocaciones de valores.

La publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, casas de bolsa, bolsas de valores y otras personas que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones que puedan inducir al engaño o al error del público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquier otra característica de los valores de oferta pública o de sus emisores.

Artículo 65.- Obligación de socios mayoritarios de informar adquisiciones y enajenaciones de acciones.

Las personas que directamente, o a través de otras, sean titulares del 10% (diez por ciento) o más del capital social de una sociedad emisora de capital abierto, o que, a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, deberán informar a la Superintendencia de Valores y a las bolsas donde la sociedad tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación de acciones que efectúen de esa sociedad, dentro de los 5 (cinco) días siguientes al de la transacción.

Artículo 66.- Obligación de informar la adquisición del control de sociedades por oferta pública y el procedimiento.

Cuando una o más personas directamente o a través de personas vinculadas, pretendan obtener el control de una entidad supervisada a través de la oferta pública, estas deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deberán informar previamente tal propósito al público en general. En dicha información, se indicará mínimamente el precio y condiciones de la oferta.

b) Deberán enviar una comunicación escrita a la Superintendencia de Valores y a las bolsas de valores.

c) Cumplido lo anterior, deberán publicar en un aviso destacado en al menos un diario de circulación nacional.

d) Transcurridos 5 (cinco) días hábiles desde la fecha en que se publique el aviso a que se refiere el anterior numeral, la adquisición de acciones podrá perfeccionarse.

El contenido de la comunicación y de la publicación será determinado en la reglamentación que se dicte al efecto.

El incumplimiento del procedimiento establecido en el presente artículo no invalidará la operación, pero otorgará a los accionistas o a los terceros afectados el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados.

Artículo 67.- Obligación de informar conflictos de intereses.

Los supervisados cuyos dependientes, representantes y asesores financieros que participen en la administración de un emisor de valores de oferta pública o de sus empresas vinculadas, quedarán obligados a informar a los inversionistas y/o clientes de esta situación, en la forma que determine la Superintendencia de Valores.

Artículo 68.- Reserva de hechos referentes a negociaciones pendientes.

Con la aprobación de las tres cuartas partes de los miembros titulares del Directorio de una sociedad emisora podrá darse el carácter de reservado a ciertos hechos o antecedentes que se refieran a negociaciones aún pendientes de concreción que, si fueran divulgados de forma prematura, puedan acarrear perjuicio al emisor.

La decisión de reserva de sociedades emisoras no administradas por un directorio u otro órgano colegiado, debe ser tomada por todos sus administradores.

Las decisiones y acuerdos deberán ser comunicados a la Superintendencia de Valores al siguiente día hábil a su adopción, la que establecerá el tiempo máximo de la reserva de la información.

Artículo 69.- Mantenimiento de libros y registros.

Los supervisados deberán mantener los libros y registros exigidos por la presente ley y su reglamentación por 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de la última anotación efectuada en ellos.

Durante el mismo lapso se conservarán en forma ordenada los comprobantes, de modo que sea posible su verificación; este plazo se computará desde la fecha en que hubieren sido expedidos.

Artículo 70.- Conectividad de los supervisados y sus registros con la Superintendencia de Valores.

Los supervisados deberán brindar a la Superintendencia de Valores acceso en tiempo real a cualquier registro que ésta requiera conforme a la reglamentación que se dicte al efecto, la que establecerá los requisitos que deberán cumplir los supervisados a este efecto.

Artículo 71.- Definición y alcance de la oferta pública.

Se entiende por oferta pública de valores la dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste.

Se podrán determinar reglamentariamente las ofertas de valores que no constituyen oferta pública, para lo cual se tendrá en cuenta, entre otros, el número y tipo de inversionistas a los cuales se dirigen, los medios a través de los cuales se comunican o materializan, y el monto de los valores ofrecidos.

Artículo 72.- Exenciones para ofertas públicas.

Se podrá eximir a ciertas ofertas públicas de valores del cumplimiento de los requisitos de la presente ley, en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 74.- Emisores extranjeros.

El Banco Central del Paraguay podrá autorizar a personas jurídicas constituidas en el exterior registrados en mercados regulados por autoridades extranjeras reconocidas, a realizar emisiones locales de valores en el marco de una oferta pública en territorio nacional, sin necesidad de constituirse en el país, conforme a las leyes vigentes y la reglamentación que se dicte al efecto. La autorización para su emisión y oferta pública estará sujeta al cumplimiento de los requisitos de información legal, financiera y contractual, así como a las demás condiciones, requisitos y características que se establezcan en la reglamentación que se dicte al efecto. Estas emisiones deberán estar inscriptas en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Artículo 76.- Regulación de la cotización cruzada.

Las personas jurídicas constituidas en el exterior que pretendan realizar oferta pública en territorio nacional de valores ya cotizados en mercados extranjeros, también denominada cotización cruzada, deberán registrar dichos valores en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, conforme a la normativa aplicable, sin necesidad de constituirse en el país.

La autorización para realizar oferta pública dependerá del cumplimiento de los requisitos de información y de la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto. La Superintendencia podrá establecer requisitos adicionales para asegurar la protección de los inversores y la transparencia del mercado.

En casos de cotización cruzada, la Superintendencia podrá exigir requisitos adicionales de transparencia, advertencias de riesgo jurisdiccional y mecanismos de información continua para proteger a los inversionistas.

Artículo 77.- Requisitos para ofertas de valores en el exterior.

Las personas con valores o programas de emisión inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, que pretendan efectuar oferta de valores en el exterior, deberán presentar ante la Superintendencia de Valores la información correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 117.- Requisitos mínimos para los intermediarios.

Los accionistas, representantes, apoderados, asesores de inversión y operadores de los intermediarios de valores y/o productos, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos que establezca la reglamentación que se dicte al efecto, y de los requisitos que establezcan las bolsas en las que operen.

Artículo 118.- Principios de buena fe y prevención de conflictos de intereses.

Los intermediarios de valores y/o productos y asesores de inversión deben actuar siempre de buena fe y en el interés de sus clientes, y establecer medidas para prevenir y evitar los conflictos de intereses.

Artículo 119.- Márgenes de endeudamiento y solvencia patrimonial.

Los intermediarios de valores y/o productos deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de garantía, de colocaciones y otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que establezca la reglamentación que se dicte al efecto, especialmente con relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía y el tipo de instrumentos que se negocien.

Artículo 120.- Obligación de mantener libros y registros.

Los intermediarios de valores y/o productos y asesores de inversión están obligados a llevar los libros y registros conforme a la reglamentación que dicte al efecto el Banco Central del Paraguay y las bolsas en las que operen.

Artículo 121.- Normas y procedimientos para las operaciones en bolsas.

Las transacciones y operaciones en las bolsas en las que participen los intermediarios de valores y/o productos deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en la ley, la reglamentación y a los estatutos y reglamentos internos de las bolsas donde operen.

Artículo 122.- Constitución de garantía.

Previo al inicio de sus actividades, los intermediarios de valores y/o productos deberán constituir garantías para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones emergentes por las operaciones de intermediación. El monto y la forma de la constitución de la garantía serán establecidos por la reglamentación que se dicte al efecto.

La Superintendencia de Valores podrá exigir mayores garantías en razón al volumen y naturaleza de las operaciones de los intermediarios de valores y productos, de los endeudamientos que las afectaren o de otras circunstancias que así lo justifiquen.

La garantía deberá mantenerse vigente hasta:

a) Seis meses posteriores a la revocación de la autorización para operar como intermediario de valores y productos.

b) Que se resuelvan por sentencia firme y ejecutoriada, las acciones judiciales en su contra que se hayan deducido hasta seis meses después de la revocación de la autorización para operar como intermediario de valores y/o productos.

Las bolsas, cajas de valores u otras entidades supervisadas que gestionen estas garantías, representarán legalmente a los beneficiarios de la misma, ajustando su actuar a la presente ley y las reglamentaciones que se dicten al efecto.

Artículo 123.- Separación de recursos y bienes de terceros en cuentas de terceros.

Los intermediarios de valores y/o productos que a razón de sus actividades en el ámbito del Mercado de Valores y Productos gestionen recursos o bienes de terceros, deberán segregar dichos recursos o bienes de su patrimonio en cuentas denominadas cuentas globales, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Para los fines de la presente ley, se entiende por cuenta global aquella cuenta abierta por un intermediario de valores y/o productos en nombre de sus clientes, donde se depositan los recursos o bienes de varios clientes de manera colectiva, pero con la identificación individual de los aportes y saldos de cada cliente, asegurando una completa transparencia y trazabilidad.

Las cuentas globales tienen como objetivo primordial la protección de los activos de los inversionistas y/o clientes, asegurando que los mismos sean administrados de forma autónoma y no sean utilizados por el intermediario para fines propios o de terceros o como garantía en operaciones en ninguna circunstancia.

Las normas específicas relativas a la operación y administración de las cuentas globales, incluyendo el régimen de información, control y auditoría, serán establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 124.- Prioridad y protección de activos en cuentas globales.

En caso de insolvencia o liquidación del intermediario de valores y/o productos, los activos contenidos en las cuentas globales no podrán ser considerados parte del patrimonio del intermediario, garantizando la prioridad en la devolución de estos activos a los inversionistas y/o clientes.

Los inversionistas y/o clientes tendrán derecho a disponer de sus recursos y bienes depositados en las cuentas globales conforme a los términos establecidos en los contratos de servicio celebrados con el intermediario, respetando las disposiciones de la presente ley y las reglamentaciones que se dicten al efecto.

Artículo 126.- Naturaleza.

Las casas de bolsa son personas jurídicas de objeto social exclusivo que realizan intermediación de valores y otras operaciones autorizadas en el presente capítulo.

La intermediación de valores es la actividad exclusiva para casas de bolsa.

Las casas de bolsa podrán ejercer su actividad en más de una bolsa de valores ajustándose a los reglamentos de cada una de éstas.

Artículo 127.- Constitución y requisitos para operar.

Las casas de bolsa deberán acreditar, a satisfacción de la Superintendencia de Valores, los siguientes requisitos:

a) Constituirse como sociedades anónimas de objeto exclusivo, conforme a lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones.

b) Contar con el capital social mínimo, representado por acciones escriturales, que establezca la reglamentación que se dicte al efecto.

c) Constituir las garantías que establece la ley, en la forma y por el monto que se establezca en la reglamentación que se dicte al efecto.

d) Solicitar la autorización para operar e inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos de como mínimo un operador a través del cual actuará.

e) No haber solicitado convocatoria de acreedores ni haberse declarado su quiebra.

f) Cualquier otro requisito que establezca la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 129.- Operaciones autorizadas para las casas de bolsa.

Las casas de bolsa, previa autorización, podrán efectuar las siguientes operaciones:

a) Comprar y vender valores por cuenta y recurso de terceros, y por cuenta y recursos propios, en las bolsas o fuera de ellas.

b) Prestar asesoría en materia de inversiones en general, así como brindar a sus clientes un sistema de información y de procesamiento de datos.

c) Suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primarias de valores.

d) Promover el lanzamiento de valores públicos y privados, y facilitar su colocación.

e) Actuar como representante de obligacionistas.

f) Prestar servicios de administración de carteras.

g) Llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la presente ley, y en la reglamentación que se dicte al efecto.

h) Otorgar créditos con sus propios recursos, en las condiciones establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto, con el objeto de:

1) Facilitar a sus clientes la adquisición de valores de los que la casa de bolsa actúe como intermediario, estén o no inscriptos en bolsa, y con la garantía de tales valores.

2) Proporcionar financiamiento temporal a emisores durante el transcurso del procedimiento para obtener la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos de una emisión de valores en curso o planificada en la cual la casa de bolsa actúa como intermediario, o asesor de inversión.

i) Realizar operaciones tendientes a dar liquidez a los valores ofertados en el mercado, conforme lo establezca la reglamentación que se dicte al efecto.

j) Recibir créditos de entidades del sistema financiero y emitir bonos u otros valores, para la realización de las actividades que les son propias, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

k) Brindar a los inversionistas y/o clientes acceso directo al mercado mediante sistemas electrónicos de negociación, conforme a las reglamentaciones que se dicten al efecto, y los mecanismos de control que establezca la normativa aplicable.

l) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que, previamente y de manera general, autorice la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 130.- Gestión de recursos y valores de clientes.

En el desempeño de sus funciones, las casas de bolsa podrán recibir recursos y valores de sus clientes y serán responsables ante estos, ante las instituciones en las que opera y ante la Superintendencia de Valores, del fiel cumplimiento de lo convenido.

Para disponer de los recursos y valores en operaciones convenidas, las casas de bolsas requerirán el consentimiento de sus clientes, de acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 131.- Responsabilidad de verificación.

Las casas de bolsa serán responsables de verificar la identidad y capacidad legal de sus clientes, la autenticidad e integridad de los valores que negocien, la inscripción de su último titular en los registros correspondientes, así como la continuidad de los endosos y la autenticidad del último de estos, cuando proceda.

Artículo 132.- Responsabilidad solidaria.

Las casas de bolsa quedarán solidariamente obligadas a pagar el precio de la compra o a hacer entrega de los valores vendidos.

Artículo 133.- Precios y comisiones de los servicios prestados.

El precio del servicio prestado por las casas de bolsa, que no sea por intermediación de valores, será estipulado libremente entre las partes. Las comisiones por intermediación y por otros servicios prestados no podrán exceder el límite establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 134.- Definición y actividades.

Los corredores de bolsa de productos, en adelante “corredor o corredores”, son personas físicas o jurídicas que se dedican a las operaciones de intermediación en las bolsas de productos.
Las personas jurídicas que ejerzan la función de corredor deberán incluir en su razón social la expresión “Corredora de Bolsa de Productos” y su objeto social será exclusivamente la intermediación de productos y la ejecución de las demás actividades complementarias que le autorice expresamente la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 135.- Incompatibilidades y reglamentación.

Los corredores no podrán dedicarse a la compra o venta de productos en bolsas por cuenta propia, salvo que estén debidamente autorizados como hacedores de mercado, conforme a la normativa vigente y bajo las condiciones establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

En todo caso, se deberá evitar cualquier conflicto de interés entre las operaciones propias y las realizadas en nombre de sus clientes.

Artículo 136.- Responsabilidad de verificación.

Los corredores serán responsables de verificar la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio, y la conformidad con los estándares y la legítima procedencia de los productos que negocien.

Cuando se trate de títulos representativos de productos, los corredores serán responsables de verificar la autenticidad e integridad de dichos títulos, la vigencia de la inscripción de su último titular en los registros correspondientes y la autenticidad del último endoso, cuando proceda.

Artículo 137.- Cumplimiento de contratos.

Los corredores serán responsables del cumplimiento de los contratos que se pacten por su intermedio.

Las bolsas, en caso de incumplimiento de tales contratos, tendrán la obligación de utilizar los medios que la ley y los reglamentos pongan a su disposición para lograr la ejecución de esas obligaciones, incluyendo el ejercicio de todas las garantías constituidas para tales efectos.

Las minutas que entreguen a sus clientes y las que se dan recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba contra el corredor que las suscriba y tendrán acción ejecutiva.

Artículo 138.- Constitución y gestión.

Los fondos patrimoniales de inversión se constituyen con el capital aportado por personas físicas o jurídicas, denominadas partícipes, o aportantes o cuotapartistas, gestionados por sociedades especializadas dedicadas a su administración.

Estos fondos se invertirán conforme a lo establecido en la presente ley, sus reglamentaciones, y el reglamento interno de cada fondo, por cuenta y riesgo de los partícipes.

Los fondos pueden clasificarse como de oferta pública o de oferta privada, según el tipo de fondo y su perfil de riesgo.

Artículo 139.- Independencia de las operaciones.

Las operaciones del fondo serán efectuadas por la sociedad administradora a nombre del fondo, el que será el titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas y de los bienes adquiridos en su caso.

El fondo, para todos los efectos legales, se considerará como un patrimonio autónomo y la sociedad administradora, actuará como su administradora y representante legal. Las cuentas bancarias del fondo serán independientes a las de la sociedad administradora.

Las operaciones del fondo se registrarán y contabilizarán separadamente de las operaciones de la sociedad administradora. Asimismo, cuando se administre más de un fondo, las operaciones de cada uno de ellos se registrarán y contabilizarán separadamente, unos de otros, y con respecto al de la sociedad administradora.

Artículo 140.- Fondos patrimoniales de inversión de oferta pública.

Son los fondos patrimoniales de inversión cuya oferta se dirige al público en general, permitiendo la captación masiva de recursos de inversionistas, de acuerdo con su reglamento interno o de gestión, y están sujetos a la inscripción previa en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos y a un régimen de información, a ser establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

Son fondos patrimoniales de inversión de oferta pública:

a) Fondos mutuos.

b) Fondos de inversión.

c) Otros que se determine en la reglamentación que se dicte al efecto.

La administradora de fondos establecerá metodologías de valorización ordinaria y extraordinaria para escenarios de iliquidez. La administradora divulgará riesgos clave, de liquidez entre otros, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 141.- Reglas para la valorización, la disminución de patrimonio y para la corrección de excesos.

Las reglas relativas a valorización de inversiones, disminuciones de patrimonio y procedimientos para corregir excesos de inversión por efectos de fluctuaciones del mercado, serán establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 142.- Márgenes y límites de inversión, y de apalancamiento.

Los márgenes y límites de inversión, y de apalancamiento de los fondos patrimoniales de inversión, serán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 143.- Activo del fondo y sus limitaciones.

No se podrá adquirir para integrar al activo del fondo patrimonial de inversión de oferta pública, bienes o valores, cuando pesen sobre estos gravámenes, prohibiciones de cualquier naturaleza, o se encuentren sujetos a condiciones u otras modalidades.

La reglamentación que se dicte al efecto podrá autorizar la enajenación de bienes bajo condición o sujetos a otras modalidades, o permitir la constitución de cauciones, estableciendo los montos y porcentajes del activo del fondo patrimonial de inversión de oferta pública que queden garantizados, según la naturaleza del mismo.

Artículo 144.- Calidad de partícipe.

La calidad de partícipe en un fondo patrimonial de inversión de oferta pública se adquiere en el momento en que la sociedad recibe el aporte del inversionista. Las condiciones para el aporte señalado serán establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto, de acuerdo con la características y tipos de fondos.

Los aportes quedarán expresados en cuotas del fondo, de igual valor y características dentro de su clase, y se representarán por los mecanismos e instrumentos que autorice la reglamentación que se dicte al efecto.

Un mismo fondo podrá emitir distintas clases de cuotas de acuerdo con lo que disponga la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 145.- Requisitos mínimos del fondo patrimonial de inversión de oferta pública.

Los fondos deberán cumplir con un número mínimo de partícipes y un monto mínimo de patrimonio dentro del plazo y condiciones que establezca la Superintendencia de Valores, basándose en criterios técnicos y el tipo de fondo en cuestión.

La Superintendencia de Valores podrá otorgar plazos adicionales para subsanar el déficit o proceder con la liquidación del fondo conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

La Superintendencia de Valores establecerá el porcentaje máximo permitido de participación en el fondo por parte de persona física o jurídica, de forma individual o mediante acuerdos conjuntos, cuyo cumplimiento deberá ser velado por la sociedad administradora.

La Superintendencia de Valores podrá dictar las reglamentaciones necesarias respecto a los requerimientos de liquidez que deberá mantener cada fondo, sus márgenes y límites de inversión, teniendo en cuenta los riesgos asociados al tipo de fondo y su estructura.

Artículo 146.- Constitución de asambleas y adopción de acuerdos.

Las asambleas se constituirán, en primera convocatoria, con la asistencia de partícipes que representen la mayoría absoluta de las cuotas pagadas; y en segunda convocatoria con los partícipes que se encuentren presentes o representados, cualquiera sea su número.

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de las cuotas presentes o representadas. En el caso de que el acuerdo de la asamblea afecte el objeto del fondo, las características y condiciones de las clases de cuotas pagadas, todas las cuotas partes pagadas concurrirán con derecho a un voto por cuotaparte y se requerirá la conformidad de las dos terceras partes de la clase afectada.

Artículo 147.- Participación en asambleas.

En las asambleas, podrán participar los inscriptos en el registro de partícipes con 3 (tres) días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva asamblea.

Las condiciones para la realización de asambleas por medios telemáticos serán establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 148.- Convocatoria a asambleas de partícipes.

La asamblea de partícipes se convocará en la forma y por los medios habilitados en la reglamentación que se dicte al efecto, dentro de los 20 (veinte) días calendario anteriores a la fecha de su celebración y con no menos de 15 (quince) días calendario de anticipación a la asamblea. El aviso deberá señalar la naturaleza de la asamblea, el lugar, fecha y hora de su celebración y en caso de asamblea extraordinaria, las materias a ser tratadas en ella.

Adicionalmente, deberá comunicarse la convocatoria a cada partícipe, pudiendo realizarse la misma, por cualquier medio de comunicación autorizado en la reglamentación. Esta convocatoria, tendrá que efectuarse, con una anticipación mínima de 15 (quince) días calendario a la fecha de la celebración de la asamblea, la que deberá contener una relación de las materias a ser tratadas en ella.

La omisión de la obligación a que se refiere el párrafo anterior no afectará la validez de la convocatoria, pero los directores, liquidadores y gerentes de la sociedad administradora responderán de los perjuicios que causaren a los partícipes, sin perjuicio de las sanciones administrativas que el Banco Central del Paraguay pueda aplicar.

Artículo 149.- Representación de partícipes.

Los partícipes podrán hacerse representar en las asambleas por medio de otra persona, aunque esta no sea partícipe. La representación deberá conferirse por carta poder con firma certificada o firma electrónica cualificada, por el total de cuotas de las cuales el mandante sea titular a la fecha de la convocatoria a asamblea.

No obstante a lo anterior, las sociedades administradoras de fondos de inversión, por los fondos que administren, deberán concurrir a las asambleas de partícipes representadas por sus gerentes o mandatarios especiales designados por su directorio, con poderes especiales al efecto.

Artículo 150.- Liquidación de fondos patrimoniales de inversión de oferta pública.

En todos los casos en que se proceda a la liquidación de un fondo patrimonial de inversión de oferta pública, esta será realizada por un liquidador designado por la asamblea extraordinaria de partícipes, o en su defecto, por la Superintendencia de Valores.

Los gastos de liquidación serán cubiertos por el fondo, y la cuenta final de la liquidación será publicada conforme a los plazos, formas y medios que determine la reglamentación que se dicte al efecto. Una vez finalizado el proceso de publicación de la cuenta, se considerará aprobada y el fondo se extinguirá.

Artículo 151.- Derecho a voto de los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública.

Los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública tendrán derecho a voto en las asambleas de accionistas y de obligacionistas, de sociedades en las que estos tengan inversiones. La sociedad administradora deberá ejercer el derecho a voto en representación del fondo.

Artículo 152.- Del reglamento interno o de gestión de los fondos de oferta pública.

El reglamento interno o de gestión de cada uno de los fondos patrimoniales de inversión de oferta pública que administre una sociedad administradora y sus modificaciones entrará en vigor una vez inscripto en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos. La sociedad administradora no podrá captar recursos ni iniciar las actividades previstas en sus respectivos reglamentos, hasta tanto se otorgue la inscripción respectiva.

El reglamento interno o de gestión de cada fondo deberá contener, como mínimo, las previsiones establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 168.- Fondos patrimoniales de inversión de oferta privada.

Son fondos patrimoniales de inversión cuya oferta está limitada exclusivamente a inversionistas calificados, acreditados, o institucionales, conforme a las definiciones establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto, y no están disponibles para el público en general ni sujetos a la inscripción previa en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Estos fondos deberán cumplir los requisitos básicos de divulgación establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto, y contar con un reglamento interno o de gestión.

Son fondos patrimoniales de inversión de oferta privada:

a) Fondos de capital privado.

b) Fondos de capital de riesgo.

c) Otros calificados como de oferta privada de acuerdo con sus características y riesgos asociados, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 169.- Reglamento interno o de gestión de los fondos de oferta privada.

El reglamento interno o de gestión de los fondos de oferta privada deberá detallar mínimamente:

a) Denominación del fondo patrimonial de inversión de oferta privada, en la que obligatoriamente se incluirá el tipo de fondo, seguida de la expresión correspondiente a la clase de inversión que realice.

b) Plazo de duración.

c) Política de inversión de los recursos, debiendo detallarse como mínimo, la política de diversificación de las inversiones, los riesgos inherentes, su política de liquidez, política de endeudamiento y de valorización.Política de distribución de beneficios.

d) Comisión a ser percibida por la administración.

e) Gastos que sean atribuibles y a cargo del fondo patrimonial de inversión de oferta privada.

f) Normas respecto a información obligatoria a proporcionar a los partícipes o aportantes.

g) Conflictos de intereses.

h) Perfil del inversionista objetivo.

i) Otras que se determine en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 180.- Naturaleza.

La securitización - mecanismo o técnica de financiación - es un proceso financiero de movilización de activos, que consiste en el agrupamiento de bienes presentes o futuros generadores de flujos de caja, denominados activos subyacentes, mediante la creación de una estructura autofinanciada a través de la conformación de un patrimonio autónomo encargado de emitir valores susceptibles de ser colocados a través de oferta pública o privada.

La fuente exclusiva de pago de tales valores es el flujo de caja derivado de los activos subyacentes vinculados al proceso de securitización.

Artículo 181.- Sujetos participantes en la securitización.

En el proceso de securitización participan o intervienen los siguientes sujetos:

a) El originador o constituyente: se considera como tal a una o más personas físicas o jurídicas que transfieren los activos subyacentes base del proceso de securitización.

b) La securitizadora u otra entidad fiduciaria: es la entidad que estructura la emisión de los títulos o valores del patrimonio autónomo, establecida con el propósito de llevar a cabo una o varias emisiones.

c) El administrador: es la entidad encargada de la conservación y administración de los activos subyacentes objeto de la securitización, así como el recaudo y transferencia a la securitizadora o entidad fiduciaria de los flujos provenientes de los activos subyacentes securitizados. Puede tener esta calidad la originadora misma, la securitizadora o entidad fiduciaria, o una entidad diferente. En cualquier caso, la actuación del administrador no exonera a la securitizadora o la entidad fiduciaria en su caso, de la responsabilidad por la ejecución diligente de los actos necesarios para la consecución de la finalidad del proceso de securitización.

Artículo 182.- Características de los patrimonios autónomos.

Los patrimonios autónomos constituidos tendrán las siguientes características:

a) Los títulos de deuda emitidos en el marco del proceso de securitización constituirán, a favor de los tenedores, el derecho de prenda sobre el patrimonio autónomo respectivo, sin perjuicio de las cauciones reales o personales otorgadas por terceros o la securitizadora.

b) Los acreedores del patrimonio autónomo están conformados exclusivamente por los tenedores de títulos de deuda que integran la emisión respectiva y, en su caso, por el custodio de los valores del patrimonio, el representante de obligacionistas y el administrador de los activos del patrimonio, siempre que se les adeuden remuneraciones.

c) Los activos que integren un patrimonio autónomo, sólo pueden ser objeto de acciones para instar el pago de las obligaciones que provengan de los títulos de deuda emitidos con cargo al mismo.

Artículo 183.- Securitización para oferta pública.

Son los procesos de securitización destinados a la emisión de títulos cuya oferta se dirige al público en general, permitiendo la captación masiva de recursos de inversionistas de acuerdo con su contrato de emisión.

Artículo 184.- Composición de patrimonio autónomo de oferta pública.

Para la estructuración de procesos de securitización destinados a la emisión de títulos de oferta pública la sociedad securitizadora podrá incorporar bienes o derechos, presentes o futuros, determinados en la reglamentación que se dicte al efecto, generadores de flujos de caja que darán origen a uno o más patrimonios autónomos.

Los patrimonios autónomos de oferta pública están sujetos a la inscripción previa en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos y a un régimen de información, a ser establecido en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 186.- Participación de la securitizadora en el riesgo.

La securitizadora y el originador o constituyente participarán en el riesgo de los activos subyacentes generadores de flujos de caja, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 187.- Emisión de títulos de deuda.

Sobre los activos subyacentes incorporados a los patrimonios autónomos, la sociedad securitizadora estructurará la emisión de títulos de deuda, y los colocará por medio de oferta pública, bajo la forma y condiciones dispuestas en las reglamentaciones que se dicten al efecto. Los títulos emitidos deberán ser calificados, por lo menos, por una sociedad calificadora de riesgo.

Artículo 188.- Contrato de emisión y contenido.

El contrato de emisión de cada uno de los patrimonios autónomos de oferta pública que administre una sociedad securitizadora y, sus modificaciones, entrarán en vigor una vez inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

La sociedad securitizadora no podrá captar recursos ni iniciar las actividades previstas si es que no ha suscripto el respectivo contrato de emisión.

El contrato de emisión de títulos de deuda contendrá todas las características y modalidades de la emisión y colocación de los títulos de deuda; el procedimiento de elección, reemplazo y remoción del representante de obligacionistas; sus derechos, deberes y responsabilidades; y las normas relativas al funcionamiento de las asambleas a celebrarse por los obligacionistas.
El contrato de emisión contendrá, además, disposiciones sobre:

a) La custodia de los títulos o valores emitidos sobre los activos subyacentes que conforman los patrimonios autónomos.

b) La administración de los excedentes.

c) El rescate anticipado de los títulos de deuda de la emisión o la sustitución de los bienes o derechos que formen el activo subyacente del patrimonio autónomo, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

d) Las formas y sistemas de comunicación de la sociedad securitizadora con los tenedores de títulos.

e) El derecho del tenedor del título de deuda a cobrar el saldo impago de su crédito, del patrimonio social de la sociedad securitizadora.

f) Otras que determine la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 189.- Reglamentación de los patrimonios autónomos de oferta pública.

Aspectos relacionados a la constitución, estructuración, funcionamiento, administración, contabilidad y liquidación de los patrimonios autónomos de oferta pública y de las emisiones realizadas en el marco del proceso de securitización, serán objeto de la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 190.- Securitización para oferta privada.

Son procesos de securitización destinados a la emisión de títulos cuya oferta está limitada exclusivamente a inversionistas calificados, acreditados, o institucionales, conforme a las definiciones establecidas en la reglamentación que se dicte al efecto, y no están disponibles para el público en general ni sujetos a la inscripción previa en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

Artículo 191.- Sociedades securitizadoras.

Las sociedades securitizadoras son sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la creación de una estructura autofinanciada a través de la conformación de un patrimonio autónomo encargado de emitir valores susceptibles de ser colocados a través de oferta pública o privada, así como las demás actividades complementarias o afines que previamente y de manera general se establezcan en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 192.- Requisitos para la constitución.

Las sociedades securitizadoras se constituirán conforme a las disposiciones de la presente ley y supletoriamente las del Código Civil. Los estatutos sociales que regirán a estas sociedades se sujetarán a los siguientes requisitos:


a) Constituirse como sociedad anónima de objeto exclusivo.

b) Incluir en su razón social la expresión: “Securitizadora”.

c) Contar con un capital social mínimo establecido, representado por acciones escriturales, integrado conforme se disponga en la reglamentación que se dicte al efecto.

d) Contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de su actividad, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 193.- Restricciones sobre el capital mínimo.

La sociedad securitizadora deberá mantener un monto liquido o invertido en activos considerados de alta liquidez, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto, destinado a responder por las obligaciones asumidas en el contrato de emisión.

Los acreedores de la sociedad securitizadora podrán hacer efectiva su acreencia únicamente sobre el patrimonio de la sociedad securitizadora pudiendo ser afectado hasta el 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio efectivo de la sociedad securitizadora por gravámenes o embargos.

Artículo 194.- Límites y condiciones de la inversión.

Los activos en los que la sociedad securitizadora podrá invertir su patrimonio, y la relación máxima de endeudamiento que podrá tener, serán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 195.- Responsabilidad en la gestión.

La sociedad securitizadora deberá efectuar todas las gestiones que sean necesarias, con el cuidado y la diligencia que se emplean ordinariamente en los negocios propios, para cautelar la obtención de una adecuada combinación de rentabilidad y seguridad de las inversiones del patrimonio autónomo.

La sociedad securitizadora está obligada a contratar auditores externos para la fiscalización y revisión de los patrimonios autónomos que administre, así como a informar sobre los estados financieros de los mismos conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

La sociedad securitizadora responderá por los daños y perjuicios causados en la gestión del o de los patrimonios autónomos que administre. Esta responsabilidad podrá ser reclamada por cualquier tenedor de títulos securitizados ante la justicia ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad securitizadora podrá demandar a las personas que hubieran causado perjuicios al patrimonio autónomo, pudiendo reclamar indemnización por los daños causados.

Artículo 196.- Separación de patrimonios autónomos.

Cada sociedad securitizadora podrá administrar más de un patrimonio autónomo. El patrimonio de la sociedad securitizadora será independiente y separada de los que ella administra. Cada patrimonio autónomo deberá contar con su propia contabilidad, registro fiscal y tributario, y abonar los impuestos afectados a los mismos, con independencia de los demás patrimonios administrados por la sociedad securitizadora. Las pérdidas y ganancias de cada patrimonio autónomo son independientes y no afectan a las de los demás.

Artículo 197.- Registro y contabilidad.

La sociedad securitizadora llevará un registro por cada patrimonio autónomo que constituya; en él asentará los títulos de deuda que emita, así como de las demás constancias e informaciones que determine la reglamentación. La información contenida en dicho registro constituirá plena prueba y los informes de los auditores externos, tendrán el carácter de informe pericial como si este se hubiere producido en juicio.

La contabilidad del patrimonio social de la sociedad securitizadora y la de cada uno de los patrimonios autónomos que la misma administre, será llevada en forma independiente.

Artículo 198.- Administración de activos subyacentes del patrimonio autónomo.

Las sociedades securitizadoras administrarán directamente los bienes o derechos que conforman el activo subyacente integrantes de los patrimonios autónomos que administren.

No obstante, podrán conferir poderes especiales para la ejecución de actos establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto necesarios para la gestión del activo subyacente del patrimonio autónomo. La sociedad securitizadora sigue siendo responsable de las funciones que delega.

Los títulos de crédito y valores que integren el activo subyacente de los patrimonios autónomos serán entregados en custodia a las entidades que autorice la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 199.- Disolución de la sociedad securitizadora por quiebra.

La quiebra de las sociedades securitizadoras se someterá a las siguientes reglas:

a) La quiebra de la sociedad securitizadora sólo afectará a su patrimonio social y no originará la quiebra de los patrimonios autónomos que haya constituido. Los patrimonios autónomos no podrán ser declarados en quiebra.

b) La liquidación de uno o más de los patrimonios autónomos que haya constituido no acarreará la quiebra de la sociedad, ni la liquidación de los otros patrimonios autónomos.

c) Cuando la sociedad securitizadora fuere declarada en quiebra, el representante de obligacionistas o quien designe la asamblea de obligacionistas, o quien designe la Superintendencia de Valores según sea el caso, administrará los patrimonios autónomos, hasta tanto se realice la asamblea de obligacionistas correspondiente.

Artículo 200.- Disolución y liquidación de la sociedad securitizadora.

En caso de disolución de la sociedad securitizadora, por causa de una revocación de la autorización para operar o por decisión asamblearia, se procederá a su liquidación, siguiéndose el procedimiento previsto para la liquidación de sociedades anónimas, una vez finalizado el proceso de liquidación de los patrimonios autónomos o el traspaso de la administración de los mismos.


El representante de obligacionistas deberá convocar a asamblea de obligacionistas de cada patrimonio autónomo para que ellas dispongan, con el voto favorable de la mayoría simple de obligacionistas presentes o representados, cuanto sigue:

a) La transferencia del patrimonio autónomo a otra sociedad securitizadora u otra entidad autorizada por el Banco Central del Paraguay.

b) Su liquidación.

De no adoptarse alguna de estas opciones, por cualquier motivo, el Directorio del Banco Central del Paraguay resolverá la liquidación de los patrimonios autónomos.

Las condiciones para la realización de asambleas por medios telemáticos serán establecidas por reglamentación que se dicte al efecto.

La liquidación de los patrimonios autónomos será practicada por un liquidador ajeno a la sociedad securitizadora, designado por la asamblea de obligacionistas o, en su defecto, por la Superintendencia de Valores. Los gastos de liquidación correrán a cargo del patrimonio autónomo.

En caso de sustitución de la sociedad securitizadora por decisión de la asamblea de obligacionistas, la Superintendencia de Valores deberá autorizar el traspaso de la administración de los fondos a otra sociedad securitizadora u otra entidad autorizada por el Banco Central del Paraguay, estableciendo las condiciones para la autorización.

Artículo 207.- Naturaleza y funciones.

Las bolsas se constituirán como sociedades anónimas con objeto social exclusivo, y con las demás características especiales previstas en la presente ley.

Tendrán como actividad esencial promover y fomentar el desarrollo de un mercado público, regular, ágil, transparente, ordenado y competitivo, y efectuar además otras actividades que sean conducentes al desarrollo del mercado de valores o productos, autorizados o exigidos mediante la reglamentación que se dicte al efecto.

Las acciones de las bolsas serán escriturales, de igual valor y otorgarán los mismos derechos dentro de su clase.

Artículo 208.- Requisitos de liquidez y solvencia patrimonial.

Las bolsas deberán mantener en todo momento las condiciones de liquidez y solvencia patrimonial, con relación a la naturaleza de las operaciones, el riesgo, la cuantía y el tipo de instrumentos que se negocien, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

La Superintendencia de Valores podrá requerir la constitución y capitalización de reservas con base a los criterios establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 209.- Conceptos, condiciones y límites de los aranceles a ser percibidos por las bolsas.

Las bolsas podrán percibir los aranceles cuyos conceptos y condiciones hayan sido aprobados previamente por la Superintendencia de Valores. Asimismo, los montos de dichos aranceles deberán encontrarse dentro de los límites previamente determinados por la Superintendencia de Valores.

Artículo 210.- Fondo de garantía.

Las bolsas deberán constituir un fondo de garantía a los efectos de mitigar los riesgos relacionados a las actividades que desarrolla.

Dicho fondo estará constituido con las contribuciones de los intermediarios de valores y productos, según los reglamentos internos de las bolsas aprobados por la Superintendencia de Valores, que deberán contemplar los requerimientos establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Los recursos del fondo de garantía solo pueden ser invertidos conforme a la reglamentación que se dicte al efecto. La retribución por la administración del fondo de garantía debe ser aprobada por la Superintendencia de Valores.

La Superintendencia de Valores podrá exigir garantías adicionales en la forma que determine, a los efectos de que el fondo guarde relación con los riesgos inherentes relacionados a las actividades desarrolladas y su escala.

Artículo 211.- Negociación de contratos derivados.

La negociación de contratos derivados sobre subyacentes tales como valores, monedas extranjeras, u otros instrumentos financieros con liquidación por diferencial de precios o contra entrega del valor negociado, podrá ser realizada tanto por las bolsas de valores como por las bolsas de productos, previa autorización del Banco Central del Paraguay, debiendo las mismas reglamentar dichas operaciones, los mecanismos de negociación, y requisitos de admisión de los participantes intervinientes.

Podrán ser autorizados como participantes intervinientes, además de los intermediarios de valores y productos, las entidades financieras, solo para operaciones por cuenta propia, que cuenten con autorización del Banco Central del Paraguay, y otros participantes a ser determinados reglamentariamente por las bolsas y que cumplan con los requisitos de admisión.

Artículo 212.- Manipulación de precios y operaciones nominales.

Está prohibida la manipulación de precios, entendiendo por tal aquella acción que se efectúa con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de valores y productos de oferta pública.

Quedarán exceptuadas de esta prohibición aquellas actuaciones que tengan por objeto fomentar la liquidez o profundidad del mercado, conforme a los requisitos establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Las bolsas no podrán realizar operaciones nominales que no impliquen el traspaso del valor negociado, excepto aquellas realizadas en la bolsa y que estén vinculadas a contratos de futuros o derivados, las que podrán liquidarse por diferencial de precios o contra la entrega del valor negociado.

Artículo 213.- Resolución de conflictos suscitados.

Las bolsas deberán prever mecanismos de resolución de conflictos, incluyendo la posibilidad de someter las contiendas que pudieran surgir en el marco de las actividades desarrolladas a un tribunal arbitral especializado.

Artículo 214.- Plataformas de negociación y registro de valores.

Las plataformas de negociación de oferta pública o de registro de valores, así como sus entidades administradoras, serán igualmente supervisadas y deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, en lo que resultare aplicable.

Artículo 234.- Naturaleza.

Las Cajas de Valores son sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la realización del registro, custodia, desmaterialización y transferencia de valores, así como el registro de movimientos, compensación y liquidación de las operaciones relativas a dichos valores.

Las Cajas de Valores, fuera de los casos contemplados en la presente ley, deberán limitarse a conservar y custodiar valores y realizar las operaciones contables y registraciones indicadas por la presente ley y su reglamentación.

Artículo 236.- Requisitos adicionales para la autorización.

Para obtener la autorización y durante todo el ejercicio de su actividad las Cajas de Valores deberán:

a) Contar con instalaciones y sistemas que permitan asegurar el resguardo y seguridad de los valores encargados para su registro, custodia, transferencia, liquidación y compensación, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los sistemas de pagos y liquidación de valores.

b) Contar con instalaciones y sistemas que aseguren la continuidad del servicio, implementando además medidas de gestión de riesgos y seguridad de la tecnología e información.

c) Contar con un reglamento interno el que deberá contemplar:

1) Normas y procedimientos sobre las operaciones que realice.

2) Las normas por las cuales los depositantes del sistema puedan ser sancionados o suspendidos en caso de infracción a los estatutos o normas internas.

3) Las causales de término del contrato de depósito, por infracción a las mismas normas.

d) Proporcionar y mantener a disposición de los depositantes, comitentes y de la Superintendencia de Valores, la información adecuada y oportuna respecto a los valores depositados y de las operaciones realizadas.

e) Constituir las garantías y contratar los seguros necesarios para responder por el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

f) Establecer las normas y procedimientos generales relativos a la aceptación o rechazo de los valores objeto de custodia en el sistema, conforme la reglamentación que se dicte al efecto.

g) Abrir cuentas corrientes en bancos, con el fin de asegurarse así la apropiada liquidación de las transacciones; dichas cuentas dada su naturaleza, serán consideradas por los bancos como cuentas saldo cero, y no se les podrán imputar gasto alguno en concepto de giro.

Artículo 237.- Operaciones autorizadas para las Cajas de Valores.

Las Cajas de Valores deben realizar las siguientes operaciones:

a) Llevar los registros que correspondan y mantenerlos actualizados, incluyendo los registros de anotaciones en cuenta, conforme a lo establecido por la presente ley y su reglamentación.

b) Facilitar la emisión y desmaterialización de títulos valores.

c) Recibir en depósito valores públicos o privados.

d) Efectuar la transferencia, compensación y liquidación de valores que se deriven de la negociación de estos en las bolsas o, en sistemas de negociación que operen fuera de éstas.

e) Expedir otros certificados respecto de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, solo a solicitud de las partes intervinientes o por mandato judicial o de autoridad competente.

f) Emitir certificados de custodia, que acrediten la propiedad de un comitente, que tendrá fuerza ejecutiva.

g) Administrar las garantías.

h) Velar que la información de sus registros concuerde con la que mantienen los depositantes, las bolsas, entidades encargadas de sistemas de negociación electrónica y los emisores.

i) Supervisar que los depositantes cumplan con las normas relativas a la compensación y liquidación y con las establecidas en sus reglamentos internos.

j) Proporcionar información concerniente a la transferencia y tenencia de los valores, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto.

k) Administrar los márgenes de garantía asociados a las operaciones que se compensen y liquiden en ellas.

l) Actuar como contraparte en las operaciones, cuando correspondan, respecto de valores en las que participe, de acuerdo con las reglamentaciones que se dicten al efecto.

m) Comunicar a los depositantes los eventos corporativos que afecten a los valores custodiados.

n) Otras operaciones autorizadas por la reglamentación que se dicte al efecto y que se encuentren vinculadas a los servicios y actividades previstos en su objeto exclusivo.

Artículo 238.- Disolución y liquidación.

En caso de disolución y liquidación de las Cajas de Valores, corresponde a la Superintendencia de Valores designar a los liquidadores, con cargo a la Caja de Valores.

En tales casos, la Superintendencia de Valores determinará si los valores depositados o registrados por la Caja de Valores serán administrados temporalmente por esta o por otra. En ningún caso dichos valores formarán parte del patrimonio de las Cajas de Valores.

Artículo 239.- Resolución de conflictos.

Las Cajas de Valores deberán prever mecanismos de resolución de conflictos, incluyendo la posibilidad de someter las contiendas que pudieran surgir en el marco de las actividades desarrolladas a un tribunal arbitral especializado.

Artículo 291.- Obligatoriedad de auditoría externa para los supervisados.

Los supervisados someterán su gestión y su estado patrimonial, contable y financiero a auditores externos independientes autorizados e inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, los que opinarán y/o dictaminarán, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto, sobre: la fidelidad, veracidad y razonabilidad de la contabilidad y estados financieros aprobados; sobre el cumplimiento cabal, consistente, y confiables de los principios de contabilidad, prácticas contables y estándares relevantes; y sobre el sistema de control interno y de gestión de riesgos, así como también sobre los sistemas de información.

Para los efectos de la presente ley, los auditores externos son sociedades que, dirigidas por sus socios, prestan servicios de auditoría externa a los supervisados.


Los criterios de independencia e incompatibilidad y las condiciones de rotación en que deberá realizarse la contratación de los auditores externos por parte de los supervisados comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, así como el alcance de la auditoría sobre la gestión y el estado patrimonial, contable y financiero objetos de la revisión, los estándares de calidad y normas de auditoría que habrán de utilizarse, y los informes adicionales que deberán rendir para satisfacer con plena efectividad sus obligaciones, serán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

Las normas del secreto profesional que regulan la actividad de los auditores no serán oponibles al Banco Central del Paraguay o la Superintendencia de Valores. Los auditores externos deberán comunicar y/o remitir cuantos datos solicite la Superintendencia de Valores y facilitarán el acceso de esta a los papeles de trabajos y antecedentes de su opinión y/o dictamen.

Artículo 292.- Independencia de juicio del auditor externo.

Se entenderá que un auditor externo no tiene independencia de juicio respecto de una auditada en los siguientes casos:

a) Si tiene, directa o indirectamente, una significativa relación contractual o crediticia, con la auditada o con alguna persona física o jurídica de su grupo empresarial.

b) Si, directa o indirectamente, posee valores emitidos por la auditada o por cualquier otra persona física o jurídica de su grupo empresarial.

c) Otros establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.

En el evento que exista o sobrevenga una de las causales previamente enunciadas, el auditor externo deberá informar de ello al directorio u órgano de administración de la auditada y no podrá prestar o continuar prestando sus servicios de auditoría externa.

Artículo 293.- Acceso a la información, y protección de la información confidencial o sujeta al deber de secreto.

Sólo para los fines de la auditoría externa, la entidad auditada deberá poner a disposición de la auditoría externa toda la información necesaria para efectuar dicho servicio, incluyendo todos los libros, registros, documentos, bases de las estimaciones contables y antecedentes de la entidad y de sus filiales, en su caso.

En caso de que la información puesta a su disposición sea confidencial o sujeta al deber de secreto, la auditoría externa deberá mantenerla en secreto y será responsable de la revelación o utilización impropia que sus dependientes hagan respecto de ella.

Artículo 294.- Designación solicitada por accionistas minoritarios.

En los casos en que los derechos de los accionistas minoritarios puedan resultar afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un porcentaje no inferior al 5% (cinco por ciento) del capital social de la sociedad que haga oferta pública de sus acciones, la Superintendencia de Valores podrá, previa opinión del órgano de fiscalización de la sociedad y siempre que advierta verosimilitud del daño invocado a los accionistas, solicitar a la sociedad la designación de un auditor externo propuesto por éstos para la realización de una o varias tareas particulares o limitadas en el tiempo, a costa de los requirentes.

Artículo 295.- Designación y remoción por la asamblea de accionistas.

La asamblea ordinaria de accionistas designará a los auditores externos, con el objeto de examinar la contabilidad, el inventario, el balance, otros estados financieros, informes de gestión y cualquier otro documento sujeto a auditoría, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Los estatutos sociales o la asamblea respectiva podrán delegar en el directorio o en otro órgano de administración las facultades de designación y remoción de los auditores externos.

El ejercicio de la función de auditoria es indelegable.

Artículo 296.- Obligaciones de informar a la asamblea.

Los auditores externos tendrán la obligación de informar por escrito a la asamblea ordinaria respectiva sobre el cumplimiento de la auditoría contratada. El informe que contenga la opinión y/o dictamen del auditor externo será entregado a la sociedad por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea, a fin de que los accionistas puedan, dentro de dicho plazo, tomar conocimiento de su contenido.

Los auditores externos podrán concurrir a las asambleas con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Artículo 297.- Autorización de entidades de certificación y servicios de información.

El Directorio del Banco Central del Paraguay podrá autorizar la constitución y funcionamiento de otras entidades de certificación y provisión de servicios de información, las que estarán sujetas a las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto, así como al ámbito de supervisión, control y vigilancia de la Superintendencia de Valores.

Artículo 298.- Faltas administrativas.

Las personas que infrinjan las disposiciones normativas que rigen el Mercado de Valores y Productos serán pasibles de las sanciones administrativas dispuestas en el presente título, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal. Las faltas serán calificadas como: leves y graves.

Artículo 300.- Faltas leves.

Serán consideradas faltas leves para todas las personas físicas y jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, aquellas acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de normas de obligada observancia que el Directorio del Banco Central del Paraguay califique como leves y la ley no califique expresamente como faltas graves.

Artículo 301.- Faltas graves que afectan a todas las personas físicas y jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.

Son faltas graves que afectan a todas las personas físicas y jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley:

a) Incumplir el deber de veracidad informativa al Banco Central del Paraguay, al inversionista, a los clientes y al público en general.

b) Realizar operaciones, actos y actividades en detrimento del interés de los inversionistas y/o de la integridad del mercado.

c) Realizar operaciones, actos y actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, sin estar previamente autorizadas y/o inscriptas en los registros pertinentes, o sin observar los requisitos básicos establecidos.

d) Realizar actividades ajenas a su objeto social exclusivo.

e) Suspender o cesar operaciones, actos y actividades sin autorización previa.

f) Incumplir los requisitos, límites y márgenes prudenciales y operativos para los supervisados obligados a dichas exigencias.

g) Desarrollar prácticas dirigidas a falsear la libre formación de los precios en el mercado en contravención a la normativa.

h) Desarrollar prácticas que no impliquen transferencia efectiva de la propiedad, en contravención a la normativa.

i) Incumplir con las normas sobre organización administrativa y contable, o procedimientos de control interno, gobierno corporativo y/o gestión de riesgos.

j) No llevar el sistema de información y registro exigido, o que el mismo contenga vicios o anomalías que impidan conocer su situación patrimonial y financiera o sus operaciones.

k) Incumplir el deber de informar los hechos calificados como hechos relevantes, o el de remitir informaciones conforme al régimen de información y las disposiciones normativas del mercado de valores y productos.

l) No remitir en tiempo y forma la documentación y cuantos datos se soliciten o requieran en forma expresa y fehaciente.

m) Omitir información obligatoria o suministrar información total o parcialmente falsa al Banco Central del Paraguay o a la Superintendencia de Valores.

n) Incumplir las normas sobre información privilegiada o protegida por el deber de secreto.

o) Usar indebidamente información privilegiada o protegida por el deber de secreto obtenida en razón al cargo o posición en entidades, para obtener para sí o para otro, ventajas económicas o de cualquier otro tipo.

p) Carecer del informe de auditoría externa independiente en la forma y plazos que se establezca.

q) Carecer de una calificación de riesgos o de su actualización, en la forma y plazos que establezca la reglamentación que se dicte al efecto.

r) Excusar, negar, resistir u obstruir la actuación de los supervisores, o incumplir las instrucciones o requerimientos de obligada observancia de la Superintendencia de Valores.

s) Incumplir las limitaciones o prohibiciones temporales impuestas.

t) Incumplir las medidas de salvaguarda, y de obligaciones legales o reglamentarias exigidas por la Superintendencia de Valores o el Directorio del Banco Central del Paraguay, salvo que se traten de faltas calificadas como leves por el Directorio del Banco Central del Paraguay, en resolución de carácter general.

u) Realizar operaciones, actos y actividades no autorizadas o prohibidas por normas de regulación y supervisión establecidas por la ley y reglamentaciones, salvo que hayan sido calificadas como faltas leves por el Directorio del Banco Central del Paraguay, en resolución de carácter general.


v) Reincidir en el mismo tipo de falta leve acaecida dentro del plazo de 1 (un) año, computado a partir de la fecha de la resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay a través de la cual se comprobó el acaecimiento de la falta que causó la sanción.

Artículo 302.- Faltas graves que afectan a los emisores de valores.

Son faltas graves que afectan a los emisores de valores:

a) No presentar en forma oportuna las informaciones económicas y financieras requeridas por las leyes y reglamentaciones, cuando se tuviera señalado un plazo para el efecto.

b) No remitir sus estados contables en los plazos fijados por las normas.

c) Mantener reservas o previsiones insuficientes para cubrir riesgos asumidos, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

d) Proporcionar información errónea, incompleta o inconsistente sobre su situación económica, jurídica y financiera.

e) Proporcionar informaciones o antecedentes falsos sobre los valores emitidos, con posterioridad a la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

f) Proporcionar informaciones o antecedentes falsos para obtener la inscripción de un valor en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos.

g) No proporcionar información sobre hechos calificados como hechos relevantes sobre situaciones que, por su trascendencia, puedan afectar el precio en el mercado de los valores emitidos.

h) No comunicar a las asambleas generales y al síndico, de una sanción administrativa.

Artículo 303.- Faltas graves que afectan a los intermediarios.

Son faltas graves que afectan a los intermediarios:

a) Adquirir o enajenar valores y productos por cuenta propia cuando solo estén autorizados a operar por cuenta ajena.

b) Incumplir con la entrega de los valores y productos encomendados para la venta, o no pagar el precio de los valores y productos encomendados para la compra, dentro del plazo establecido.

c) Efectuar operaciones distintas a las acordadas o incumplir las órdenes de los clientes.

d) Negociar valores de oferta pública o productos sin que estos se encuentren previamente registrados en la Superintendencia de Valores.

e) Incumplir las obligaciones relacionadas al registro de operaciones y de clientes.

f) Incumplir con las normas relativas a las garantías exigidas.

g) Expedir certificados que contengan vicios en la información sobre los valores y productos negociados.

h) Tomar parte en transacciones que produzcan alteraciones artificiales de precios que contravengan las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto, o realizar conductas tendientes a restringir la competencia en el mercado.

Artículo 304.- Faltas graves que afectan a los asesores de inversión.

Son faltas graves que afectan a los asesores de inversión:

a) Incumplir las obligaciones relacionadas al registro de operaciones y de clientes.

b) Incumplir con las normas relativas a las garantías exigidas.

c) No contar con las constancias que respalden los procedimientos aplicados para emitir una opinión y asesoramiento.

d) Incumplir con el deber de cuidado y diligencia necesarios en el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 305.- Faltas graves que afectan a las sociedades administradoras de fondos.

Son faltas graves que afectan a las sociedades administradoras de fondos:

a) No comunicar, cuando esta sea obligatoria, la composición de los órganos de administración de la sociedad o la composición de sus accionistas.

b) Incumplir sus obligaciones contempladas en los reglamentos internos de los fondos patrimoniales de oferta pública por ella administrados.

Artículo 306.- Faltas graves que afectan a las bolsas.

Son faltas graves que afectan a las bolsas:

a) Admitir la negociación de valores o productos sin el previo registro en la Superintendencia de Valores en los casos que corresponda, así como suspender o excluir la negociación de valores o productos registrados.

b) No ejercer sus deberes conforme a sus estatutos, reglamentos internos y demás normas vigentes.

c) Incumplir las obligaciones relacionadas con el registro de operaciones.

d) Suspender las ruedas de bolsa sin causa justificada.

e) Incumplir con las normas relativas a las garantías exigidas.

f) No mantener sus instalaciones y sus sistemas en condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus obligaciones en atención al volumen de operaciones y riesgos asociados, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 307.- Faltas graves que afectan a las cajas de valores.

Son faltas graves que afectan a las cajas de valores:

a) Incumplir sus obligaciones que se deriven de los contratos de custodia.

b) Omitir, retrasar o realizar inscripciones inexactas en su registro de las operaciones, de sus comitentes y depositantes.

c) Expedir certificados o documentos que contengan vicios en la información.

d) Permitir la reducción de su patrimonio por debajo del mínimo establecido, por al menos 6 (seis) meses consecutivos.

e) Incumplir con el deber de cuidado y diligencia en el registro, compensación y liquidación de las operaciones realizadas.

f) Infringir normas de operación establecidas en sus estatutos o en sus reglamentos.

g) No mantener las garantías y los seguros en las condiciones exigidas para responder por el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones.

h) No mantener sus instalaciones y sus sistemas en condiciones adecuadas de seguridad para el cumplimiento de sus obligaciones en atención al volumen de operaciones y riesgos asociados, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 308.- Faltas graves que afectan a las cámaras compensadoras.

Son faltas graves que afectan a las cámaras compensadoras:

a) Incumplir las obligaciones que se deriven de los contratos que se realicen por su intermedio.

b) No contar con las garantías establecidas, e incumplir con las normas relativas a estas.

c) Permitir la reducción de su patrimonio por debajo del mínimo establecido, por al menos 6 (seis) meses consecutivos.

d) Infringir normas de operación establecidas en sus estatutos o en sus reglamentos.

Artículo 309.- Faltas graves que afectan a las sociedades securitizadoras.

Son faltas graves que afectan a las sociedades securitizadoras:

a) No comunicar, cuando esta sea obligatoria, la composición de los órganos de administración de la sociedad o la composición de sus accionistas.

b) Incumplir las obligaciones contenidas en el contrato de emisión.

Artículo 310.- Faltas graves que afectan a los representantes de obligacionistas.

Son faltas graves que afectan a los representantes de obligacionistas:

a) Incumplir sus funciones.

b) No comunicar hechos relevantes que llegaren a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones o que deriven como consecuencia de estas.

c) Aceptar la función estando vinculado al emisor o con personas vinculadas a este.

d) Incumplir los reglamentos y procedimientos operativos establecidos por la bolsa.

e) Incumplir con el deber de cuidado y diligencia necesarios en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 311.- Faltas graves que afectan a las sociedades calificadoras de riesgo.

Son faltas graves que afectan a las sociedades calificadoras de riesgo:

a) Incumplir la obligación de realizar una evaluación de riesgo de valores, contratada en tiempo y forma.

b) Incumplir los procedimientos de calificación y de manejo de conflictos de intereses.

c) Haber asumido la calificación de riesgo de una entidad o de los valores emitidos, estando relacionada o teniendo interés en ellos.

d) Emitir una calificación de riesgo, cuyo contenido no esté de acuerdo, con el resultado de los procedimientos aplicados.

e) No contar con las constancias que respalden los procedimientos aplicados para la calificación.

f) No suministrar datos e informaciones requeridos por autoridades reguladoras y/o supervisoras.

g) Expedir constancias o documentos con vicios en la información.

h) No publicar las metodologías de calificación utilizadas.

i) Utilizar metodologías de calificación no informadas.

j) Apartarse de metodologías de calificación informadas.

Artículo 312.- Faltas graves que afectan a los auditores externos.

Son faltas graves que afectan a los auditores externos:

a) Incumplir la obligación de realizar una auditoría de estados contables, contratada en tiempo y forma.

b) Emitir informes de auditoría de estados contables, cuyo contenido no esté de acuerdo con las verificaciones obtenidas.

c) Incumplir las normas de auditoría de obligada observancia.

d) Aceptar trabajos de auditoría de estados contables, que superen la capacidad anual medida en horas profesionales, de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas de auditoría.

e) No contar con papeles de trabajo de las auditorías realizadas o que los mismos no contengan las evidencias de los procedimientos aplicados en las revisiones realizadas.

f) Expedir constancias o documentos con vicios en la información.

Artículo 313.- Prescripción de faltas.

Las faltas graves prescriben a los 5 (cinco) años de la fecha en que se cometieron y las acciones derivadas de las leves al año. En el caso de consistir la falta en una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo del plazo de prescripción será la de la última actuación.

La prescripción se interrumpe, además de las causas previstas en el Código Civil, por la notificación de la resolución que dispone el sumario administrativo.

Artículo 314.- Procedimiento previo.

La supuesta comisión de faltas será comunicada por escrito a los sujetos pasibles de sanción, quienes, en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde su notificación, podrán reconocer expresamente los hechos que hubiesen configurado las supuestas faltas. En estos casos, se impondrán las sanciones previstas en la presente ley a tenor de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 318 de la presente ley.

En el supuesto de que se negaren los hechos o no se contestare la comunicación referida en el párrafo anterior, el Directorio del Banco Central del Paraguay dispondrá la instrucción del correspondiente sumario administrativo.

Artículo 317.- Sanciones administrativas aplicables a personas físicas.

La comisión de faltas por personas físicas dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

1) Por faltas graves:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Multa desde cincuenta hasta quinientos salarios mínimos mensuales establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital de la República.

c) Remoción del cargo e inhabilitación, por un período de 3 (tres) a 10 (diez) años, para el ejercicio de cargos de presidente, director o asimilado, representante legal, gerente, contador, síndico, auditor interno, y todos aquellos que ejerzan funciones de dirección, de administración, de fiscalización, de auditoría externa, de calificación de riesgos y de representación de obligacionistas, u otras que hayan tenido participación en las mismas.

d) Revocación de su autorización para operar y la cancelación de su inscripción en el registro correspondiente.

2) Por faltas leves:

a) Apercibimiento verbal.

b) Multa de hasta cincuenta salarios mínimos mensuales establecidos para actividades diversas no especificadas de la Capital de la República.

Artículo 318.- Criterios para la determinación o gradación de sanciones.

Las sanciones se determinarán o gradarán conforme a los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la falta.

b) Gravedad del peligro o perjuicio causado.

c) Beneficio o ganancia obtenidos como consecuencia de la falta.

d) El reconocimiento oportuno de los hechos que hayan configurado la falta.

e) Subsanación de la falta por propia iniciativa.

f) Conducta anterior de la persona, atendiendo a las sanciones que le hubieren sido impuestas, durante los últimos 5 (cinco) años.

Artículo 319.- Cancelación de inscripción de valores por informaciones falsas.

La Superintendencia de Valores podrá cancelar la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos de un valor emitido cuando dicha inscripción se hubiese obtenido por medio de informaciones o antecedentes falsos, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.

También procederá la cancelación cuando, con posterioridad al registro, el emisor proporcione informaciones o antecedentes falsos a la Superintendencia de Valores, a entidades supervisadas, o al público en general.

Artículo 320.- Retiro compulsivo del Mercado de Valores y Productos ante una revocación de la autorización para operar.

La liquidación de las personas jurídicas de objeto social exclusivo cuya autorización para operar haya sido revocada por el Banco Central del Paraguay, se regirá por el procedimiento de resolución y liquidación establecido en la normativa pertinente.

A tales efectos, el Banco Central del Paraguay, podrá disponer la transferencia de las cuentas de inversionistas y/o clientes a otros supervisados, sin perjuicio de otras medidas que considere necesarias para proteger los intereses de los inversionistas.

Artículo 321.- Hechos punibles que afectan el Mercado de Valores y Productos.

Serán sancionados con penas privativas de libertad de hasta 5 (cinco) años o multa:

a) El que hiciere oferta pública de valores sin que estos se encuentren inscriptos en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos o cuya inscripción hubiere sido cancelada.

b) El que hiciere oferta pública de valores en contravención a una disposición de suspensión o cese.

c) El que realizare operaciones, actos y actividades sin la correspondiente autorización para operar e inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores y Productos, o en contravención de una disposición de suspensión o cese.

d) El que utilizare términos restringidos en la presente ley sin contar con la autorización correspondiente.

e) El que estando obligado a guardar reserva de una información revele información privilegiada o protegida por el deber de secreto.

f) El que dolosamente proporcionara información falsa o inexacta al Banco Central del Paraguay, a la Superintendencia de Valores, a una bolsa o al público en general, en el ámbito de lo dispuesto en la normativa del Mercado de Valores y Productos.

g) El que registre operaciones sin transferencia de valores o productos, en contravención a la normativa.

h) El auditor que dictamine falsamente sobre la situación financiera de una persona comprendida dentro del ámbito de aplicación de la presente ley o suministre datos falsos para obtener la autorización para oferta pública de valores, la obtención de incentivos fiscales o la calificación de sociedades o emisiones.

i) El que, contrariando disposiciones normativas del Mercado de Valores y Productos, efectúe transacciones de valores y productos con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.

j) El administrador que estando en conocimiento del estado de insolvencia en que se encuentra la empresa por él administrada, lleve adelante la oferta pública de los valores emitidos por la misma.

Artículo 322.- Pena complementaria.

En los supuestos previstos en el artículo precedente, se podrá aplicar complementariamente la pena de inhabilitación de 5 (cinco) hasta 10 (diez) años para desempeñar los cargos de presidente, director o asimilado, administrador, gerente, representante, contador, síndico, auditor, consejero, calificador, liquidador u otro cargo asimilable en una sociedad anónima o cualquier otra persona jurídica.